Me siento orgulloso de vivir en un país donde ocho expresidentes de tres partidos distintos, con visiones políticas opuestas en muchos temas, nos podemos poner rápidamente de acuerdo para defender el prestigio de nuestra democracia liberal.

Los costarricenses tenemos derecho de estar orgullosos de nuestra democracia, de nuestro estado de derecho, de nuestra institucionalidad republicana.

Es el resultado de un largo proceso de construcción que se origina desde las Juntas de Legados de los pueblos que nos dieron la primera constitución, el Pacto de Concordia, apenas mes y medio después de recibir la noticia de la independencia declarada en Guatemala.

Fue un proceso con avances y sí, algunos retrocesos. Pero a lo largo del siglo XIX ya se fue consolidando un sistema basado en normas y no en el arbitrio de los gobernantes, y se fueron definiendo las instituciones de un incipiente sistema electoral que el pueblo salió a defender el 7 de noviembre de 1889.

Después vinieron las reformas de don Ricardo Jiménez para establecer el voto secreto y directo y de manera lamentablemente lenta llegó la aprobación del voto a las mujeres con la Constitución de 1949.

El órgano electoral que se había creado en el gobierno del Presidente Teodoro Picado para establecer un proceso independiente de la Presidencia de la República se convirtió con esa constitución en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al que se otorga “el rango e independencia de los Poderes del Estado” (artículo 9 Constitución Política) e incluso se le otorga la competencia de “Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral” (Artículo 102 Constitución Política).

Es una historia gradual de construcción gracias a la cual somos una de las pocas naciones consideradas como democracias plenas, que según la última versión del Índice de The Economist solo representan al 6,6% de la población mundial. De manera que solo una de cada 15 personas del mundo tiene el privilegio que tenemos los costarricenses.

Claro que nuestro sistema político tiene muchas imperfecciones. ¡Es solo una construcción humana!

Y evidentemente todos los ciudadanos tenemos derecho y deber de promover su perfeccionamiento. Tarea en la cual lamentablemente estamos en deuda, debemos reconocerlo, y debemos asumir la responsabilidad de enmendar nuestra conducta para mejorar la institucionalidad democrática liberal.

Simplemente recuerdo que no hemos tenido capacidad de mejorar nuestro sistema de elección de diputados, ni hemos discutido en serio si con el multipartidismo debemos migrar a un sistema semi presidencialista. Sobre ambos temas propuse reformas constitucionales concretas en 1988 y en 2002, y ni siquiera se ha logrado que se permita debatirlas en la Asamblea legislativa.

Otro ejemplo. El TSE a inicios de 2023 propuso proyectos para reformar nuestra legislación electoral a fin de mejorar la representatividad de los partidos políticos y evitar así su fragmentación negativa y partidos taxis, para hacer más justa la asignación de la contribución estatal a los partidos y para controlar excesos en las redes sociales. No lograron ser tramitados por la Asamblea Legislativa para estar vigentes en este proceso electoral.

Pero con sus debilidades nuestra institucionalidad democrática es extraordinariamente buena. Es un gran activo nacional.

Es un activo poderoso que nos hace ser respetados en el mundo por nuestros procesos electorales, por el estado de derecho, por la división de poderes, por el respeto a la libertad de los ciudadanos y de sus derechos humanos.

Es un enorme beneficio para los costarricenses disfrutar de esta institucionalidad.

Un beneficio directo porque es base de nuestra convivencia pacífica, de la posibilidad de cambio ordenado y de la estabilidad social.

Es un beneficio indirecto porque da confianza a nacionales y a extranjeros en nuestra sociedad, lo que promueve inversión y genera oportunidades de progreso a nuestros habitantes.

Por eso no debemos permitir que se erosione nuestro prestigio internacional como una respetable democracia plena.

Algunas de nuestras instituciones no son de generalizado uso en otras democracias. Por ello es difícil a extranjeros entender las restricciones a la participación partidaria que acá se imponen a altos cargos políticos. En la mayoría de las democracias presidentes y ministros tiene pública y plena participación partidaria, claro con limitaciones para no usar en esas tareas recursos públicos.

Se puede discutir si se mantiene o no la restricción absoluta a la beligerancia política de esos funcionarios. Pero mientras esté establecida se debe respetar.

No hay razón en contra de que extranjeros comenten sobre nuestra realidad política de acuerdo con sus concepciones. Pero es necesario que ante visiones equivocadas sobre lo que se da en nuestro país se levanten voces que con respeto aclaren los hechos. De ahí la importancia del comunicado de la expresidenta y los expresidentes del pasado viernes.

Lo que sería inaceptable sería que algún costarricense promoviese la interferencia de gobiernos o fuerzas políticas extranjeras en nuestros debates políticos nacionales, y menos que lo hiciera con argumentos falsos.

Defendamos todos -sin diferencia por preferencias políticas- el gran valor de nuestra democracia y su alto prestigio internacional.

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