Para inicios de la década de 1950, Costa Rica era el único país, de un total de 143, que había proscrito el ejército como institución permanente. Para 2025, 21 países han abolido sus fuerzas armadas entre los 194 existentes; de ellos, 18 son microestados o principados, y solo tres son estados con territorios amplios: Costa Rica, Panamá e Islandia. Sin embargo, únicamente uno ha mantenido esta condición durante más de siete décadas: Costa Rica.

¿Qué ha permitido este logro? Un país desarmado debe apostar por la cooperación y el Derecho Internacional Público como pilares de su estrategia de supervivencia. Pero, sobre todo, debe garantizar el desarrollo humano de su población para que esta crea en el modelo y lo defienda.

Costa Rica eligió este camino destinando sus recursos a la educación, la salud y el desarrollo humano. Logró lo que la teoría política consideraba improbable: convertirse en una democracia estable, sin ejército, con una sociedad más equitativa y una economía moderna. Si no hubiera abolido sus fuerzas armadas, su crecimiento económico y social habría sido sustancialmente menor. La ausencia de ejército permitió redirigir el presupuesto hacia escuelas, hospitales, infraestructura y el fortalecimiento institucional.

Sin embargo, 77 años después, este logro enfrenta amenazas significativas. Vivimos una época de incertidumbre radical: crisis climática, irrupción de la inteligencia artificial, desaparición de empleos, inseguridad ciudadana, crisis del sistema de pensiones y el auge del crimen organizado. Estos factores generan ansiedad generalizada y debilitan la democracia. La juventud, la más afectada por esta incertidumbre, ve deteriorarse su adhesión a los valores democráticos, abriendo paso a discursos populistas, proyectos autoritarios y al resurgimiento de ideologías extremistas.

No podemos eliminar la incertidumbre, pero sí mitigar sus efectos renovando el contrato social costarricense. Esto requiere alinear la oferta educativa del INA con las demandas laborales actuales, impulsar el acceso digital en zonas marginadas, y fortalecer la salud pública incluyendo la salud mental. También urge facilitar el empleo para mujeres y jóvenes mediante incentivos concretos a la contratación y apoyo real a emprendimientos mediante el Sistema de Banca para el Desarrollo. La sostenibilidad del sistema de pensiones debe garantizarse sin sacrificar la equidad, y el combate al crimen organizado exige cuerpos policiales administrativos y judiciales modernos, eficaces, pero sobre todo respetuosos de los derechos humanos, que eviten caer en soluciones autoritarias.

Costa Rica está condenada a innovar. Ya lo hicimos con la abolición del ejército y la creación del Estado Social de Derecho, dos decisiones que parecían impensables hace casi 80 años. Hoy, debemos atrevernos nuevamente. Si no respondemos a las nuevas amenazas con políticas públicas valientes, el desencanto social puede erosionar los pilares democráticos que tanto nos ha costado construir.

La excepción costarricense no está garantizada por la ley ni por la inercia del pasado. Preservarla implica reconocer que la paz no es solo ausencia de guerra, sino presencia activa de justicia social, oportunidades y equidad. Innovar es nuestra mejor defensa. La historia ya demostró que podemos ser vanguardia. La pregunta es si tendremos el valor y la visión para volver a serlo.

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