Más de 690 funcionarios judiciales pidieron a la Corte adoptar medidas urgentes ante el aumento de incapacidades, renuncias y cuadros de agotamiento.

Un total de 692 personas funcionarias del Poder Judicial suscribieron una solicitud dirigida a la Corte Plena para que se tomen medidas inmediatas frente al incremento de incapacidades, renuncias, episodios de agotamiento extremo y afectación emocional dentro de la institución. El documento afirma que la situación se ha convertido en un riesgo para la salud del personal y para la prestación del servicio público.

En el texto, las personas firmantes señalan que existe “un deterioro evidente de la salud mental” y que la presión laboral acumulada ha generado “ausencias prolongadas, incapacidades reiteradas y crisis emocionales” en distintos despachos. El grupo afirma que el fenómeno no es aislado, sino “sistémico y creciente”, e insiste en que la institución debe adoptar acciones estructurales, no únicamente medidas paliativas.

La solicitud advierte que la sobrecarga de trabajo, la atención simultánea de múltiples roles y la falta de personal en áreas críticas han generado condiciones que dificultan cumplir con las obligaciones sin afectar la salud física y psicológica.

Impacto en la prestación del servicio

El documento indica que el deterioro emocional está afectando la continuidad del servicio judicial, particularmente en despachos con vacantes prolongadas o con alta demanda. Según las personas firmantes, esto genera “demoras, desgaste y tensiones permanentes” que terminan trasladándose a la ciudadanía usuaria.

Además, sostienen que la falta de espacios adecuados para procesos de atención, acompañamiento y prevención incrementa el riesgo de que el personal enfrente episodios de crisis durante jornadas laborales.

Solicitudes a la Corte Plena

Entre las medidas planteadas, el grupo propone:

  • Fortalecer los servicios institucionales de salud mental y acompañamiento profesional.
  • Revisar la carga laboral de los despachos y redistribuir tareas en áreas saturadas.
  • Aumentar las plazas en oficinas con vacantes críticas o personal insuficiente.
  • Establecer lineamientos claros para prevenir el burnout y los riesgos psicosociales.
  • Crear espacios de diálogo con las personas funcionarias para evaluar necesidades reales.
  • Respaldar el impulso de una “Ley de prevención y mitigación del burnout en la función judicial y pública”, basada en el texto entregado a la Corte Plena.

La carta indica que estas acciones deben implementarse “de manera urgente” y con seguimiento continuo para evitar un deterioro mayor.