Durante años, quizá demasiados, los costarricenses repetimos una frase casi como mantra: “aquí eso no pasa”. No nos pasaban golpes de Estado, no nos pasaba censura abierta, no nos pasaba la tentación del caudillo fuerte. Éramos distintos, insistíamos. El país sin ejército, sin dictaduras recientes, sin esos sobresaltos que han marcado a tantos vecinos. Sin embargo, la historia latinoamericana demuestra que el deterioro democrático nunca avisa con sirenas: llega a cuentagotas, disfrazado de urgencia o de eficiencia, y se instala cuando la gente está distraída. Hoy, querámoslo o no, el rumbo político que ha tomado Costa Rica bajo el presidente Rodrigo Chaves obliga a mirar hacia países donde ese proceso ya se consumó.
Venezuela es un primer ejemplo incómodo. Cuando Hugo Chávez ganó por primera vez, no lo hizo prometiendo un régimen autoritario; lo hizo prometiendo devolver el poder al pueblo. Su discurso directo, confrontativo, sedujo a millones que se sentían ignorados por las élites de siempre. Lo que vino después no ocurrió de un solo golpe, sino paso a paso: reformas “técnicas”, cambios legales, un discurso en el que el presidente era la voz del pueblo y cualquier institución que no coincidiera con él era, por definición, enemiga. La prensa fue presentada como instrumento de conspiración, los tribunales como bastiones de la oligarquía y los organismos de control como obstáculos para la “verdadera justicia social”. Nadie imaginó que aquellas primeras escaramuzas comunicativas terminarían en el silenciamiento casi total de voces independientes.
Nicaragua siguió un camino diferente, marcado por la sutileza. Daniel Ortega no irrumpió con un proyecto de revolución permanente, sino con la promesa de darle estabilidad a un país desgastado por décadas de conflicto. Poco a poco, casi sin ruido, colocó fichas claves en el Poder Judicial, selló alianzas que le daban control sin necesidad de confrontación abierta y, cuando quiso darse cuenta, Nicaragua ya estaba bajo un sistema donde disentir equivalía a arriesgarse. La captura del Estado fue tan progresiva que muchos ciudadanos se dieron cuenta de la magnitud del problema cuando ya no quedaba espacio para protestar.
El caso de Nayib Bukele en El Salvador es más reciente y, en cierta forma, más seductor. Sus niveles de popularidad permiten al gobierno justificar cualquier decisión bajo la bandera de la seguridad. El argumento es simple: si algo funciona, entonces no hay razón para detenerse en criterios legales o constitucionales. Con esa lógica, la separación de poderes se volvió casi un detalle burocrático. Bukele repite que ninguna institución debe frenar la voluntad de la gente, y gran parte de la población, cansada de la violencia, lo aplaude. Pero la historia enseña que ningún país se salva por largo tiempo renunciando a sus contrapesos.
Costa Rica, a primera vista, está a años luz de esos escenarios. Y sin embargo, ciertas señales que antes nos hubieran parecido extravagantes hoy forman parte de la normalidad política. El presidente Rodrigo Chaves ha construido un estilo basado en la confrontación constante. Sus críticas hacia la prensa, que van desde el cuestionamiento legítimo hasta la descalificación personal, han calado de forma peligrosa. En la opinión pública, empieza a instalarse la idea de que el periodismo fiscalizador es un estorbo, no un pilar democrático.
Algo similar ocurre con los tribunales, con la Contraloría, con el Tribunal Supremo de Elecciones y con los órganos que históricamente han servido para frenar abusos. Cada vez que alguno de ellos emite un criterio incómodo, el Ejecutivo responde no con argumentos, sino con sospechas: que están vendidos, que son parte de un “cartel político”, que actúan por intereses ocultos. Ese tipo de narrativa, cuando se repite semana tras semana desde el poder, termina erosionando la confianza en la institucionalidad. Las instituciones no se derrumban porque un presidente las ataque verbalmente; se derrumban cuando la ciudadanía empieza a creer que no sirven.
No estamos, por supuesto, en la situación venezolana ni nicaragüense. Costa Rica conserva prensa libre, tribunales independientes y una sociedad civil que todavía tiene reflejos democráticos robustos. Pero la historia de la región muestra algo importante: la erosión no empieza cuando cierran medios o se arresta a opositores, sino cuando se normaliza la hostilidad hacia cualquier forma de control. Basta observar los primeros años de Chávez, los primeros pasos de Ortega o los primeros choques de Bukele con la Sala de lo Constitucional para ver que los síntomas iniciales son casi siempre los mismos.
Si el país continúa por esa ruta —la de la polarización deliberada, la desconfianza hacia el conocimiento técnico, la descalificación sistemática del adversario—, las consecuencias podrían ser profundas y difíciles de revertir. La democracia costarricense no es eterna por naturaleza; es el resultado de decisiones conscientes tomadas por generaciones anteriores. Puede deshacerse, como tantos otros sistemas, por agotamiento social o por entusiasmo mal dirigido.
Detener ese proceso no es un acto partidista. No se trata de estar a favor o en contra del gobierno, sino de defender las reglas del juego. En Costa Rica, esas reglas han permitido que un presidente termine su mandato aunque sea impopular, que se investigue a un ministro aunque sea poderoso, que los datos oficiales sean públicos aunque resulten incómodos. Esas no son concesiones del Gobierno a la ciudadanía; son conquistas históricas de la ciudadanía frente al Gobierno.
Hoy, más que nunca, el país necesita recordar que las instituciones no son obstáculos: son frenos de emergencia. Y a veces, cuando un país se dirige cuesta abajo, frenar es lo único sensato.
Costa Rica todavía está a tiempo. Pero para seguir estándolo, hay que evitar la tentación de pensar que lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua o El Salvador pertenece a otras realidades, a otros pueblos, a otras historias. La nuestra también puede romperse. Y precisamente por eso, defenderla ahora es una responsabilidad colectiva, no un lujo académico.