El gobierno de Rodrigo Chaves Robles presentó este miércoles al Congreso un proyecto de ley para respaldar jurídicamente la póliza de defensa legal que creó por decreto para funcionarios policiales, días después de que la Contraloría General de la República (CGR) advirtió a toda la administración pública que no pueden financiar seguros que benefician directamente a funcionarios si no existe una habilitación legal expresa.

La actual póliza, contratada con el Instituto Nacional de Seguros (INS) en 2024, cubre la defensa penal y la eventual responsabilidad civil de policías por actos ocurridos en el ejercicio de sus funciones. Según el anuncio oficial de aquel entonces, la cobertura permite asumir honorarios, gastos judiciales y cualquier gestión necesaria para la defensa del policía en procesos relacionados con intervenciones operativas, como controles de seguridad, detenciones, allanamientos, apoyo a autoridades judiciales y actuaciones en escenarios de violencia o criminalidad.

El Ejecutivo defendió esa decisión bajo el argumento de que los cuerpos policiales actúan en condiciones de riesgo, toman decisiones en fracciones de segundo y enfrentan una alta exposición a denuncias penales, incluso cuando siguen protocolos institucionales. En la exposición de motivos del nuevo proyecto de ley, el Gobierno señaló que muchos casos terminan en archivo o absolutoria, pero los agentes deben asumir por cuenta propia todos los costos de la defensa, lo que calificó como una situación injusta y disuasoria para el ejercicio de la función policial.

El oficio DJ-2275, enviado el 12 de noviembre por la CGR a jerarcas, direcciones jurídicas, auditorías y proveedores institucionales, introdujo un elemento de presión sobre la continuidad de esa póliza. La Contraloría recordó que el ordenamiento jurídico obliga a cada funcionario a responder personalmente por daños causados con dolo, culpa o negligencia y que las pólizas financiadas con recursos públicos deben proteger riesgos institucionales, no personales.

El documento indicó que cualquier póliza de responsabilidad civil financiada por el Estado que tenga como beneficiario directo a un funcionario “carece de sustento legal”. Subrayó que las instituciones solo pueden asumir costos autorizados por ley y que el principio de legalidad financiera impide crear gastos no previstos en normas de rango legal. También señaló que el Estado puede contratar seguros para proteger su patrimonio, pero no puede usar fondos públicos para cubrir riesgos individuales, salvo que exista una ley que lo autorice de manera explícita.

Aunque el oficio no mencionó de manera directa la póliza policial, sus criterios se aplican a cualquier seguro que cubra riesgos personales, por lo que la advertencia alcanzó inevitablemente la cobertura creada por decreto para funcionarios policiales.

Frente a este escenario, el gobierno presentó el expediente 25.311, que adiciona un inciso al artículo 79 de la Ley General de Policía. El nuevo inciso otorga al Estado la facultad de suscribir una póliza para cubrir la defensa penal y la eventual responsabilidad civil de agentes policiales cuando los hechos investigados se relacionan con la función policial propiamente dicha.

El texto aclara que la cobertura aplica únicamente si la persona funcionaria actuó según instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales y excluye los casos en los que medien dolo, culpa grave o violaciones a los derechos humanos. La iniciativa también establece que cada ministerio con cuerpos policiales debe verificar que el hecho imputado sea consecuencia directa de la función policial y debe administrar los recursos de manera eficiente.

Según la exposición de motivos, la medida busca dignificar la función policial y permitir que las investigaciones penales se tramiten con garantías de defensa adecuadas, sin trasladar a cada agente la carga económica de hechos que, de acuerdo con el Gobierno, derivan de la ejecución de la voluntad estatal.

En conferencia de prensa desde Casa Presidencial, Rodrigo Chaves arremetió nuevamente contra la Contraloría por la advertencia girada y afirmó que tras conocerse el documento, ordenó que se elaborara rápidamente el proyecto de ley para solucionar la ausencia de sustento legal para la póliza.

"Yo sé que yo a veces soy demasiado demandante, yo les dije 'yo quiero esto solucionado por lo menos a nivel de proyecto de ley para el lunes', y así lo hicieron, y trabajaron el fin de semana, [el Departamento de] Leyes y Decretos, se ha quedado tarde para revisarlo. Le solicito de manera muy amable a don Alejandro Barrantes, el viceministro de la Presidencia, que traiga a mi despacho la firma de la convocatoria de este proyecto de ley", dijo al mediodía. Y agregó:

A Marta Acosta Zúñiga: gracias por nada. A los diputados: esto es algo que los policías ya tuvieron por ocho meses. Y que la misma historia compare dos instituciones: el gobierno protegiéndolos y la Contraloría ¿qué? "legalidad, legalidad, legalidad". Todo para obstruir. Hoy convocamos esa ley y yo le digo a los diputados, la Fuerza Pública, el país, los estamos viendo. Tengo fe de que en algo tan importante, tan noble, sí se muevan. Pero bueno, a veces la fe en algunos diputados nada más termina en un corazón roto. Ojalá que esta vez no".

Breves

— Este miércoles se dio primera lectura de admisibilidad a la reforma constitucional tramitada bajo el expediente 24.620 "Reforma de los artículos 158 y 159 de la Constitución Política de Costa Rica relativa a la elección, reelección, plazos y requisitos para el ejercicio del cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia", así como a la reforma que se tramita bajo el expediente 25.122 "Reforma del Artículo 32 de la Constitución Política de la República de Costa Rica para ampliar los delitos penales por los cuales puede ser extraditado un costarricense".

— La Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera aprobó en segundo debate el expediente 23.337 "Declaración de la Campana de la Libertad como Símbolo Patrio" y el expediente 24.005 "Reforma del artículo 217 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial Nº 9078 del 4 de octubre de 2012". Por el contrario, rechazó el expediente 23.338 "Declaración del Acta de Independencia como símbolo de la patria costarricense".

— La Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera aprobó en segundo debate el expediente 24.836 "Autorización para que la Municipalidad de San Carlos done un inmueble de su propiedad a la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, Alajuela".

Proyectos dictaminados

Este miércoles no se dictaminaron proyectos de ley en las comisiones.

Leyes publicadas

En el Alcance N.° 149 a La Gaceta N.° 218 del miércoles 19 de noviembre se publicó y entró a regir la siguiente ley:

— Ley 10.785 "Declaratoria del Día Nacional de la Cimarrona Tradicional Costarricense" que se tramitó bajo el expediente 24.192. Esta iniciativa se aprobó en la Comisión Plena Tercera el 15 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 35 días para que se publicara en La Gaceta.