La crisis que atraviesa el sector agrícola no es reciente ni pasajera. Es el resultado de años de desatención, falta de políticas claras y una creciente desprotección institucional. Hoy, la combinación de altos costos, importaciones descontroladas y ausencia de apoyo oportuno está poniendo en riesgo la sostenibilidad de miles de productores que ven cómo sus cosechas se pierden sin que el Estado responda. Esta situación no solo compromete el futuro del agro, compromete la seguridad alimentaria del país entero.

De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), para el 2021 el sector agropecuario cerró con un 4,5% al total de Producto Interno Bruto (PIB), con 270.533 personas empleadas, y en términos generales más de  238.227 personas ocupadas con trabajos relacionados al sector, lo que significó que el 11,7% a la población  trabajadora nacional pertenecía al sector agropecuario.

Sin embargo hoy la realidad es distinta, de acuerdo con el Índice Mensual de la Actividad Agropecuaria (IMAGRO) para el segundo trimestre de este año, la producción de este sector represento el 3,7 % del producto interno bruto (PIB) del país y fuerza laboral  fue de alrededor de 189.000 personas ocupadas. Es decir, en cuatro años de gestión de este gobierno el sector agropecuario a perdido alrededor de 49.200 puestos de trabajo.

Las importaciones descontroladas de cebolla, tomate y papa hunden al productor nacional que ve perder sus cosechas ante la falta de oportunidades que le aseguren la competitividad, un ejemplo lo es la llamada ruta del arroz, que ha encarecido el grano en más de 4% afectando al productor y al consumidor.

Mientras que nuestros productores deben de pagar impuestos, asegurar a sus trabajadores en la CCSS, pagar servicios públicos, costear semilla, fertilizantes y plaguicidas, los productos de importación entran al país sin controles efectivos, sin regulaciones y sin una estrategia de protección a la producción nacional.

La ausencia de políticas claras por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la falta de una agenda nacional de apoyo al sector provocaron que los agricultores salieran a las calles a manifestarse. No fue un acto político, fue un grito desesperado por ser escuchados. Lamentablemente, en lugar de diálogo y soluciones, encontraron amenazas de decomisos, barricadas, presencia policial, un detenido y un total desinterés por el fondo de sus reclamos.

El discurso demagogo se centró en el valor de sus tractores y sus vehículos en lugar del motivo de la marcha, si hacerse la pregunta que es realmente importante: ¿Cuáles son las necesidades de un sector que es vital para la economía costarricense?

Entre esas necesidades urgentes destacan:

  • Detener las importaciones desleales.
  • Brindar incentivos reales como acceso a créditos y reducción de costos de producción.
  • Fomentar la producción sostenida de arroz, papa, cebolla, hortalizas
  • Mejorar la infraestructura rural, altamente vulnerable a lluvias, huracanes o eventos sísmicos.
  • Implementar programas de adaptación al cambio climático que protejan las cosechas.

Es imperativo comprender que Costa Rica no puede basar su seguridad alimentaria en productos importados, quedando a merced de crisis internacionales, pandemias, conflictos bélicos o interrupciones logísticas. Ya hemos visto lo que sucede cuando dependemos completamente del exterior: los precios aumentan y el abastecimiento se reduce.

La marcha de los agricultores no trató de tractores; trató de crisis y de clamor para supervivencia. Fue un recordatorio de que sin políticas claras, sin protección adecuada y sin una visión estratégica, el agro costarricense seguirá en declive hasta llegar a un punto de no retorno.

Apoyar al sector agropecuario no es un acto político, es una decisión necesaria para garantizar la seguridad alimentaria, el bienestar de nuestras comunidades y el futuro del país.

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