La decisión del gobierno de Costa Rica de derogar la causal “salud” de la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo marca un grave retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La decisión del presidente Rodrigo Chaves de eliminar la causal “salud” no es un hecho aislado. Es un patrón preocupante y recurrente utilizado por los proyectos de derecha: la instrumentalización del cuerpo y la autonomía de las mujeres como campo de disputa ideológica, enmarcada en una lógica de cálculo electoral.

Al gobierno no le importa la salud ni la integridad de las mujeres. Ha decidido levantar su bandera política sobre nuestros cuerpos, vulnerando un derecho reconocido en la legislación costarricense —específicamente en el artículo 121 del Código Penal—. Es bien sabido por el presidente y su proyecto político que un decreto no puede derogar una ley, pero aún así montan un teatro político para sumar votos, complaciendo a la alianza evangélica en su afán de reducir a las mujeres a simples aparatos reproductivos, sin derechos ni capacidad de decisión.

Ahora bien, la salud de las mujeres no es una causal ideológica: es una garantía jurídica, ética y médica. Tiene que ver con nuestra dignidad. No tener que arriesgar nuestras vidas por embarazos inviables o que pongan en peligro nuestra salud es lo mínimo que el ordenamiento jurídico debería ofrecernos.

Pero de mínimos y de ética conoce poco este gobierno. La consecuencia no será abstracta: mujeres con embarazos inviables o con riesgos físicos o mentales graves quedan ahora desprotegidas por una decisión política, no médica.

Un país que predica derechos afuera y los niega adentro

Eliminar la causal “salud” no solo es despiadado para la mitad de la población, sino que además deja a Costa Rica en ridículo en la esfera internacional, al desconocer los estándares de derechos humanos y las recomendaciones de la OMS, la CEDAW y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resulta especialmente contradictorio para un país que ha hecho del respeto y la promoción de los derechos humanos uno de los pilares de su política exterior. Sin embargo, a juzgar por esta decisión, pareciera que las mujeres en Costa Rica no calificamos como humanas a la hora de ejercer nuestros derechos.

​Sin derechos no hay democracia

Cuando un Estado niega la atención médica necesaria para preservar la salud física o mental de una mujer, incumple su deber más básico: garantizar derechos.

No se trata de un asunto privado ni ideológico, sino de un indicador de la calidad democrática de los Estados. Y cuando esa negación se impone desde el poder político, lo que se erosiona no es solo el derecho a decidir, sino la legitimidad del Estado como garante de una vida digna.

Decir que la salud de las mujeres sí importa es una afirmación política. Importa porque detrás de cada norma hay historias de sufrimiento concretas: adolescentes forzadas a maternidades impuestas, mujeres criminalizadas, profesionales de salud intimidadas, mujeres que lloran por la inviabilidad de su deseo de ser madres. Importa porque un país que retrocede en derechos no puede llamarse democrático ni justo.Y porque —como tantas veces han dicho los feminismos— sin autonomía no hay libertad, y sin libertad no hay democracia.

Lo más indignante es que este retroceso no nace de la ignorancia, sino del cálculo: una jugada electoral tan cínica como asquerosa, que usa los cuerpos y las vidas de las mujeres como moneda de cambio política. Quienes trafican con nuestros derechos para ganar votos no defienden la vida: trafican con ella.

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