Mary Munive había defendido la norma derogada ante la Sala IV.
La viceministra de Salud, Mariela Marín Mena confirmó este jueves haber aprovechado la ausencia de la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive Angermüller para derogar la norma técnica de aborto terapéutico emitida durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
La funcionaria compareció ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos en el marco de una investigación sobre la sustitución del reglamento, que regulaba la aplicación del aborto impune previsto en el artículo 121 del Código Penal, y que fue reemplazado por una nueva norma que restringe el procedimiento únicamente a los casos en que la vida de la mujer esté en peligro real e inminente.
Durante la audiencia legislativa, Marín reconoció que tomó la decisión en su condición de ministra interina, amparada en las competencias que le correspondían en ese momento.
"Yo era la ministra en ese momento", declaró Marín al ser consultada por el diputado José Pablo Sibaja, del partido Nueva República.
La viceministra confirmó que la titular del Ministerio, Mary Munive, estaba de vacaciones cuando ella firmó el decreto y que, pese a las diferencias de criterio entre ambas, actuó conforme a su juicio técnico y médico.
Somos dos personas diferentes, trabajamos de una manera diferente, pensamos de una manera diferente y ella confía en mis criterios. Ella se fue de vacaciones, yo tomé la decisión".
Munive había defendido meses atrás ante la Sala Constitucional la constitucionalidad de la norma técnica emitida durante la administración de Carlos Alvarado Quesada, argumentando que el documento no creaba causales nuevas, sino que desarrollaba un procedimiento claro para aplicar el artículo 121, en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La nueva norma técnica, firmada el 15 de octubre de 2025 por Marín y Rodrigo Chaves Robles, derogó el reglamento anterior y restringió el aborto impune exclusivamente a los casos en que exista un peligro real e inminente para la vida de la madre, excluyendo los supuestos de riesgo para la salud o de inviabilidad fetal.
El presidente anunció la medida en conferencia de prensa desde Casa Presidencial, al afirmar que con el nuevo texto "la única razón por la cual se puede hacer un aborto sin sanción penal en Costa Rica es proteger la vida de la madre".
El artículo 121 del Código Penal establece que no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer "si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre", siempre que ese peligro no haya podido evitarse por otros medios. Sin embargo, el nuevo reglamento equipara el peligro para la salud con la amenaza a la vida, reduciendo en la práctica los supuestos de aplicación.
Según el texto publicado en La Gaceta, antes de la viabilidad fetal el procedimiento “solo será éticamente lícito” cuando una junta médica determine que, de no realizarse, “sus dos pacientes morirán”. Una vez alcanzada la viabilidad, “no resulta admisible realizar cualquier conducta médica que pueda conllevar deliberadamente la muerte del nasciturus”, y se enfatiza que el objetivo debe ser “salvar ambas vidas”.
La norma también excluye los embarazos inviables como causal para aplicar el aborto impune, al precisar que esos casos "corresponderán a otras normas de despenalización". Como en Costa Rica no existe otro marco legal que regule esa materia, la disposición obliga a las mujeres a llevar a término embarazos sin posibilidad de supervivencia fetal, salvo que se presente un riesgo de muerte para la gestante.
Durante su comparecencia ante los diputados, Marín defendió su actuación y sostuvo que la nueva regulación es más “integral”.
Hicimos una norma integral donde protegemos la madre y el hijo. En la otra norma era solo la madre. Aquí la madre y el hijo. Como pueblo costarricense y Estado costarricense, como individuos y sociedad, tenemos que defender al niño no nacido".
Ante cuestionamientos de la diputada Andrea Álvarez Marín (Partido Liberación Nacional), la funcionaria insistió en que la decisión fue suya y que el presidente Rodrigo Chaves fue informado del cambio cuando el decreto llegó a Casa Presidencial.
La decisión la tomé yo, hice la norma y la envié a Casa Presidencial como corresponde".
Por su parte, el diputado Antonio Ortega Gutiérrez, del Frente Amplio, preguntó a Marín si la ministra Munive avalaba la nueva norma. "No me atrevo a opinar por la doctora Munive, tendrían que preguntarle a ella", respondió Marín, aunque reconoció que le comunicó su intención de realizar el cambio. "Ella me dijo que tomara las decisiones que considerara como ministra en ese momento y no revocó mi decisión".
La Procuraduría General de la República había advertido previamente que derogar la norma de 2019 supondría un retroceso en la garantía de derechos fundamentales y expondría al país a responsabilidad internacional, criterio que compartía el Ministerio de Salud bajo la gestión de Munive.
