Secretario general del partido alegó que la solicitud le daba una ventaja desproporcionada al oficialismo.
El secretario General del Partido Alianza Costa Rica Primero, Omar Rojas Donato, a solicitud de su candidato presidencial, Douglas Caamaño Quirós, presentó un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el que pide se suspenda la solicitud de levantamiento de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves Robles, presentada por la Sección Especializada del TSE a la Asamblea Legislativa el día de ayer.
En el amparo, Rojas señala que la solicitud “lejos de sancionar, abre un altavoz privilegiado al oficialismo: le permite convertir la defensa de acusaciones en una campaña indirecta, usando recursos institucionales y atención mediática para posicionar sus argumentos de defensa”, y añade:
Esta situación genera una ventaja desproporcionada para el partido oficialista y relega a los demás candidatos a un segundo plano, afectando el principio de igualdad de oportunidades en la contienda”.
El recurso señala que “la Sección Especializada del TSE tiene la facultad de analizar denuncias relacionadas con la beligerancia política y la inmunidad presidencial, pero su actuación no puede traducirse en un instrumento de ventaja electoral para un candidato en funciones”, y agrega:
Al permitir que la solicitud genere un espacio público para defender logros que el TSE mismo prohíbe comunicar durante la campaña, la Sección Especializada excede sus funciones, actuando de manera arbitraria y afectando la igualdad de condiciones entre candidatos”.
El amparo electoral añade:
Al abrirse la posibilidad de convertir la defensa del oficialismo en campaña indirecta, se genera un escenario en el que los demás candidatos quedan relegados a un segundo plano, limitando su capacidad de comunicar propuestas y participar de manera equitativa en el debate público".
El recurso presentado solicita que, además de suspender la solicitud de levantamiento de la inmunidad, el TSE emita “directrices claras para que ningún candidato, incluyendo al gobierno en funciones, pueda utilizar la defensa de acusaciones como propaganda electoral, garantizando igualdad de condiciones”.
