Una vez convocado el proceso electoral, nuestro país ahora enfrenta una deliberación sobre las propuestas y personas que ejercerán una diputación por los próximos cuatro años. En medio de ese proceso, el pasado reciente nos invita a prestar atención sobre un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad en lo inmediato y a futuro: la educación.

La educación apela con urgencia ser una consigna legislativa, porque su transversalidad necesita canalizar las voces de diferentes sectores que tienen necesidades y dificultades. Tanto en condición activa como jubilada, urgen de reformas vitales para sacar del estancamiento su situación laboral y salarial, así como para regularizar aspectos asociados al costo de la vida, que sube a ritmos más acelerados que los ingresos de quienes representan la fuerza de trabajo del Magisterio Nacional. También con respecto a los procesos vinculados a su desarrollo profesional y las condiciones laborales en las que se desempeñan.

La educación nos convoca a posicionarle como consigna legislativa, porque la reducción del presupuesto para preescolar, primaria, secundaria y de las Universidades Públicas, representa también una disminución en las oportunidades y en las condiciones de calidad que podemos brindar a nuestros estudiantes para que su experiencia en el sistema educativo coseche frutos de desarrollo para nuestra sociedad y el país.

La sociedad costarricense ha cambiado, su niñez, la adolescencia y las personas que asisten a modalidades formales y no formales del sistema educativo. Para ello, es necesario generar un debate profundo acerca de la modernización del Código de Educación (vigente desde 1944) y del Título II que se añadió al Estatuto de Servicio Civil (en 1970) y las reformas a normas asociadas, que establezca mecanismos continuos a través de los cuales sea posible revisar con periodicidad los diversos componentes de ese sistema y efectuar los ajustes según se presenten esas necesidades.  No solo porque la realidad de nuestras aulas ya no empata con la vigencia de algunas de esas disposiciones, sino porque en la práctica se ha desenvuelto un sistema educativo que necesita regularizar su condición y consolidar las bases para el resto del siglo: pluralidad, calidad y pertinencia.

Es verdad que no todo lo que necesita la educación se puede resolver desde una comisión o una curul legislativa, pero existen medidas urgentes y apremiantes que desde ese Poder de la República pueden recuperar al sistema y dotarle de las herramientas que necesita. El valor agregado de nuestro país ha sido la confianza en una educación accesible, obligatoria, y de calidad; en la medida en que perdamos eso de vista, también se nos irá de las manos el recurso con el que podremos enfrentarnos al presente y al futuro de cara a las exigencias nacionales, regionales y globales.

Posicionar a la educación en la agenda legislativa no es una opción, sino una prioridad y una necesidad. Entre otros, este es uno de los temas sobre los cuales el país más urge una acción articuladora, consensuada y comprometida que incorpore a personal docente, administrativo, estudiantes y comunidades educativas como protagonistas en el diseño y la puesta en marcha de la transformación de este sistema.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.