Hace más de una década los gobiernos de turno no logran cumplir con el 8% del PIB en educación. Por el contrario, la cifra ha ido en descenso; en el 2022 apenas se alcanzó un 5,9% y para el 2025 la inversión cayó a casi la mitad de lo que debería destinarse, con un 4,9%. Lo verdaderamente impactante no son solo estos números –que pueden parecer simples porcentajes– sino que con cada año que pasa una generación más de estudiantes cae por las grietas de un sistema que dejó de ser prioridad nacional.

El sistema educativo requiere una reforma profunda. No se trata únicamente de alcanzar el ideal del 8% del PIB, sino de garantizar que esa inversión se refleje en las aulas, en la infraestructura y en una mejora real de la calidad educativa. Un financiamiento responsable, aunque no se llegue a esa meta, debería al menos detener la costumbre de cada año recortar un poco más los recursos destinados a educación.

Las consecuencias son evidentes: instituciones en crisis infraestructural, una brecha tecnológica que se amplía, rezago en conocimientos y proyectos educativos detenidos o cancelados, muchos de ellos claves para la permanencia estudiantil o para la superación de la población adulta estudiante.

El discurso político siempre afirma el "compromiso" con la educación, pero la falta de inversión y de rutas de educación lo desmienten. Promesas que nunca llegaron a ser realidad, hacerse de oídos sordos y una política educativa sin rumbo es el resumen de la realidad desde hace años, sin distinguir gobierno porque todos han sido culpables.

No solamente esto es importante, algunos de los puntos clave para ver el declive educativo los presento a continuación:

Estructuras obsoletas

Tenemos modelos de juntas de educación y juntas administrativas completamente anacrónico y burocrático. Este sistema ralentiza los procesos, genera desigualdad entre centros educativos y provoca que la administración de recursos sea ineficiente.

El Consejo Superior de Educación también requiere una renovación profunda. No puede seguir siendo un espacio donde permanezcan figuras añejas y estáticas, completamente alejadas de la realidad del aula. Se necesitan nuevas voces, nuevas visiones y decisiones basadas en evidencia pedagógica y la realidad que día con día viven los docentes en las aulas.

Programas educativos fuera de la realidad nacional

Los programas deben revisarse periódicamente, sobre todo cuando los cambios globales obligan a replantear prioridades nacionales o actualizar a los estudiantes en un tema específico, pensando en una malla curricular renovada. Es urgente que los contenidos curriculares respondan temas como la empleabilidad, tecnología, pensamiento crítico y sostenibilidad.

No basta con llenar documentos de buenas intenciones; se trata de mantener un sistema vivo, capaz de adaptarse a la realidad y de preparar a los estudiantes para el mundo que les toca enfrentar.

Condiciones docentes y calidad educativa

La calidad empieza por las condiciones de quienes enseñan. Los docentes necesitan tiempo real para planificar, no ser consumidos por el papeleo interminable, el profesor debería dedicarse al 100% a su lección y a dar la clase, no estar estresado por realizar labores inherentes a su cargo. Los nombramientos deben de ser justos, transparentes y estables, pensando en evitar que un docente deba dividir su jornada en tres instituciones diferentes con hasta horas de viaje entre ellas, solo para poder ajustar un salario digno.

Los espacios de capacitación deben ser planificados, no improvisados. Las aulas deben estar pensadas para responder a las necesidades de cada estudiante, con recursos, especialistas y materiales adecuados.

Y sí, los colegios y escuelas no deberían tener que organizar rifas para comprar papel higiénico o pintura. Los docentes no deberían poner dinero de su bolsillo para mantener condiciones básicas de higiene en sus clases. Subir el nivel académico implica inversión, acompañamiento, dignificar la labor docente y dar formación constante.

Los actores del sistema

Todos formamos parte del sistema educativo, y todos tenemos una responsabilidad. Podemos actuar desde nuestro metro cuadrado, pero también debemos exigir rendición de cuentas a quienes tienen poder de acción y de decisión.

Los sindicatos, por ejemplo, deben retomar un papel activo en la defensa de la calidad educativa. Urge que vuelvan a exigir recursos, infraestructura y dignificación docente, más allá de la convocatoria a asambleas que, en ocasiones, parecen alejarse del verdadero sentido de su lucha. Si desean recuperar la confianza y el respeto social que alguna vez tuvieron, deben reconectarse con las necesidades reales del sistema y de quienes lo sostienen: los docentes.

Alguna vez Costa Rica tuvo un modelo educativo admirado en la región. Hoy, ese orgullo se ha transformado en una preocupación a nivel país donde la educación debería ser declarada emergencia nacional. Necesitamos volver a creer en la escuela, en el maestro y en el estudiante porque sin educación no hay democracia que resista, ni futuro que valga la pena soñar.

En pocos meses decidiremos el próximo presidente y diputados de la Nación, actores cruciales del futuro educativo. A quienes leen esto les pido que revisen con atención los planes de gobierno y las propuestas de los partidos y en este caso mucho más, las educativas. En sus manos está decidir si la educación vuelve a ser prioridad o si seguimos con excusas, sin rutas y con un país que no puede permitirse cuatro años más de indiferencia.

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