En los últimos años hemos sido testigos de una preocupante tendencia hacia la privatización progresiva de la salud en Costa Rica. Bajo el disfraz de la eficiencia y la libre elección, se han abierto espacios que, lejos de fortalecer el sistema, lo fragmentan y debilitan. Como médico formado en el sistema público y consciente de sus limitaciones, me preocupa profundamente que estemos entregando la salud —y la formación de quienes deben cuidarla— a las reglas del mercado.

En el campo asistencial, cada vez más empresas ofrecen “planes de beneficios médicos” que prometen a los pacientes precios más accesibles y a los médicos un flujo constante de pacientes. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es otra historia. Esas mismas empresas cobran a los pacientes tarifas reducidas, pero pagan a los especialistas una fracción de lo que valdría una consulta justa. Así, el médico se ve presionado a atender más personas en menos tiempo para compensar la pérdida económica, y el paciente se expone a recibir una atención que en ocasiones es apresurada y superficial.

El resultado es una paradoja cruel: quienes recurren a estos planes lo hacen porque el sistema público no logra atenderlos con la prontitud o la calidad que necesitan, pero al final tampoco obtienen la atención personalizada y digna que merecen. En este modelo, el único ganador es la empresa intermediaria, que lucra tanto con la necesidad de los pacientes como con la precarización del trabajo médico. La salud se convierte en un producto y la consulta en una transacción más.

Algo similar sucede con la enseñanza en salud. Se nos vendió la idea de que abrir posgrados en universidades privadas permitiría formar más especialistas y resolver el déficit en distintas áreas. Pero la realidad ha sido otra. Las plazas siguen siendo las mismas, solo que ahora se reparten entre más programas, y los estudiantes de universidades privadas deben pagar hasta cinco veces más que los de la pública por una formación equivalente o incluso de menor calidad. El argumento de “crear más especialistas” terminó siendo un espejismo que beneficia a las instituciones privadas, no al sistema nacional de salud.

No se trata de romantizar lo público ni de negar sus deficiencias. La Caja Costarricense de Seguro Social enfrenta serios retos de gestión, saturación y burocracia. Pero tampoco podemos caer en la trampa de creer que la salud y la educación se solucionan entregándolas al mercado. La atención médica y la formación de profesionales deben seguir siendo bienes públicos, guiados por principios de equidad, calidad y justicia social.

Hoy más que nunca, es necesario que los médicos nos preguntemos si esta es realmente la manera en que queremos ejercer la medicina y formar a las nuevas generaciones. ¿Queremos ser parte de un sistema donde el valor de la salud se mide en descuentos y márgenes de ganancia? La única manera de cambiar esta realidad es actuando juntos, de manera solidaria y con visión de país. Solo así podremos defender el bienestar superior de la población, la dignidad de nuestra profesión y el derecho de todas las personas a una salud y una educación verdaderamente humanas.

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