Costa Rica vuelve a vivir un momento en el que la democracia se pone a prueba. La solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que la Asamblea Legislativa valore el levantamiento de la inmunidad presidencial, por presunta beligerancia política, ha desatado un debate nacional que va más allá de nombres y cargos, es decir, nos interpela como República.

El poder y sus límites

Desde 1949, la Constitución Política diseñó un sistema de pesos y contrapesos que protege la voluntad popular del abuso del poder. En su artículo 9, reafirma que la soberanía no recae en las figuras, sino en las instituciones. De ahí que el TSE, en virtud de los artículos 99, 102 y 103, tenga la potestad exclusiva de organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio y de garantizar la neutralidad del Estado ante las contiendas electorales.

Esa independencia no es decorativa, es el escudo de nuestra democracia. Cuando el Tribunal actúa frente a posibles violaciones a esa neutralidad, incluso si provienen del más alto cargo de la República, no se trata de una confrontación política, sino de la aplicación de un principio fundamental: nadie está por encima de la Constitución.

Un proceso que refleja la madurez institucional

El artículo 270 del Código Electoral establece el procedimiento que hoy se activa. Si el TSE considera que existe mérito en una denuncia contra una persona con fuero especial, debe trasladarla a la Asamblea Legislativa. El Parlamento, mediante una Comisión Especial, analiza la admisibilidad y recomienda al Plenario si procede o no el levantamiento de la inmunidad.

Lejos de un trámite protocolario, este proceso simboliza la madurez institucional del país. Que un órgano autónomo y un poder del Estado dialoguen dentro del marco legal es prueba de un sistema vivo, no de una crisis. Cada audiencia, cada informe y cada voto son piezas de un engranaje que, más allá de los titulares, sostiene la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.

Inmunidad no es impunidad

La inmunidad protege el ejercicio del cargo, no a la persona que lo ocupa. Su finalidad es evitar persecuciones injustas que obstaculicen la función pública; pero cuando esa protección se utiliza como escudo frente a eventuales abusos, se distorsiona su sentido original.

Levantar la inmunidad no equivale a condenar, sino a permitir la investigación. Es, en esencia, un acto de transparencia y rendición de cuentas.

La verdadera fortaleza democrática no está en blindar a los poderosos, sino en garantizar que el poder mismo pueda ser cuestionado sin miedo. Negar esa posibilidad sería negar el espíritu republicano que ha hecho de Costa Rica un ejemplo de estabilidad y legalidad en la región.

La República frente al examen de sus instituciones

Lo que hoy se debate no es únicamente la conducta de un presidente, sino la consistencia de nuestras instituciones. Si el país tiene la valentía de permitir que sus órganos actúen conforme al Derecho, estará enviando un mensaje claro: la democracia costarricense no se arrodilla ante los cargos, sino ante la ley.

Cada generación enfrenta su propia prueba institucional. Esta es la nuestra, demostrar que, incluso frente al poder político, seguimos creyendo en el imperio de la Constitución.

Porque al final, Costa Rica no debate contra un hombre; debate consigo misma, con su historia y con la promesa que nos hizo el 7 de noviembre de 1949, ser una nación de leyes, no de privilegios.

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