El lanzamiento de la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) contó con discursos y un panel de expertos, pero sin diálogo: intervenciones bien preparadas, pero inconexas, sin discusión entre panelistas ni preguntas del público. La sala estaba llena de representantes de gobierno, academia y sociedad civil… como espectadores. Nos entusiasma ver tanto interés; nos preocupa que no existan mecanismos visibles para que el diálogo y la crítica informe el texto final. Sin reglas claras, la participación se vuelve una foto en redes sociales, no una garantía de derechos.

¿Para qué nos invitan? Los discursos repiten que se va a escuchar la opinión de la gente. Ese es el mínimo en una democracia. Los temas son urgentes —el balance entre conservación y desarrollo; recursos costeros, marinos y terrestres; especies silvestres y recursos genéticos; producción y consumo sostenibles; cambio climático; paisajes urbanos; herramientas financieras; papel de gobiernos locales y sector privado— y merecen algo más que fotos de talleres llenos. Aquí presentamos algunas sugerencias para que participar cobre valor.

“Estamos felices”, anunció el viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Ambiente (Minae), Carlos Isaac Pérez, en su discurso inaugural. Costa Rica lidera el desempeño ambiental en América Latina anunció, mientras el público murmuraba. La versión actual de la ENB vence en 2025, por lo que el Minae acelera el paso para actualizarla antes de que finalice el año. Sin embargo, el interés de los jerarcas del Minae giró en torno al uso de la biodiversidad y los posibles beneficios monetarios directos, mientras que cada panelista enfocó sus propios intereses. De las siete intervenciones, solo una se refirió a lo que debería ser el tema central de estas discusiones: el estado de la biodiversidad. “La conservación de la biodiversidad es el objetivo común que nos une a todos” recordó Grettel Delgadillo Molina, representante de la sociedad civil. Destacables fueron las palabras de la funcionaria de Sinac, Laura Díaz, punto focal de género, quien enfatizó en que de nada sirve alcanzar metas en papel si en la práctica no llega el financiamiento para darles seguimiento.

¿Cómo se hará la consulta y la actualización? La diferencia entre procesos participativos que funcionan y los que no, está en la metodología. Una buena metodología se publica antes, se pone a prueba y se explica con claridad: quién decide, con qué criterios, cómo se integran los aportes y cómo se responde a cada observación. Se anunció que habrá 14 talleres en pocas semanas, con muchísima gente para lograr inclusión y equidad (y con una inscripción exprés por formulario digital). Bienvenido el interés; falta el método. No se ha explicado qué viene después de los talleres ni cómo se convertirá la voz ciudadana en texto normativo.

Nuestro caso ilustra un problema básico de control: nuestros nombres, y especialmente instituciones, aparecieron en una lista de asistencia, pero no participamos.

¿Quién tiene el poder en la toma de decisiones? Participar existe en gradientes: información → consulta → involucramiento → colaboración → cocreación. Si todo se queda en consulta, la ciudadanía habla, pero otras personas deciden a puerta cerrada. Todo indica que el Poder Ejecutivo mantiene el control del análisis y la edición de la Estrategia, como en procesos anteriores. ¿Quién evaluará el cumplimiento y hará los reportes ante la Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)? Hoy, la participación ciudadana en esas etapas es nula. Con los compromisos actuales del país, eso ya no es aceptable.

De otro modo seguiremos congratulándonos por el porcentaje de metas alcanzadas, mientras que cada vez hay más presión sobre los ecosistemas del país y la biodiversidad es vista con ojos meramente utilitarios. El hecho de que hablando del recurso marino el viceministro de Ambiente considerara que este era el escenario apropiado para lanzar una broma sobre el ceviche de piangua, debe ser una señal de alerta.

¿Qué exigen los estándares internacionales? La Meta 22 del Marco de Biodiversidad de Kunming–Montreal pide participación plena, inclusiva y efectiva, con acceso a información y justicia. Eso significa reglas claras: protocolos publicados, trazabilidad de aportes, y devolución razonada (por qué se acepta o se rechaza cada propuesta). No es un favor de las instituciones; es un compromiso nacional ante el mundo.

¿Qué nos advirtió la evaluación de la ENB 2016–2025? Falta precisar el propósito y alcance de las consultas, y fortalecer los indicadores con definiciones técnicas, líneas base y protocolos de medición. También se sugiere asegurar que los grandes proyectos y fondos que operan en biodiversidad se vinculen de forma trazable a los resultados de la estrategia.

¿Por qué importa tanto el “cómo”? (las consecuencias prácticas). Si la estrategia queda sesgada a intereses económicos y politizada hacia el “uso” de los recursos biológicos, pasan tres cosas muy concretas:

  1. Se confunden resultados con actividades. En lugar de medir estado de ecosistemas y especies, se reportan reuniones, guías o convenios. Eso maquilla los avances.
  2. Se privilegia el negocio sobre la protección. Sin supervisión y reglas, la agenda queda capturada por unos pocos: decisiones a puerta cerrada favorecen a quienes ya concentran poder, no a las comunidades ni a la biodiversidad.
  3. Se opaca el rastro del dinero. Sin trazabilidad pública entre fondos ejecutados y resultados medibles, la ciudadanía no puede exigir cuentas.

¿Qué cambiaría el rumbo sin trabar el proceso? Proponemos tres decisiones simples que se pueden implementar ya:

  • 1) Publicar el protocolo metodológico antes de los talleres. Minae debe permitir una revisión en donde se incluya cuál será la matriz de análisis (criterios, ponderaciones, umbrales) y el flujo de integración de aportes: clasificación, síntesis e incorporación o rechazo con justificación.
  • 2) Someter el borrador de la ENB a consulta pública con devolución razonada, y habilitar un repositorio abierto con insumos, versiones y actas. Participar también es acceder a la información. PNUD, como acompañante del proceso y representado por doña Sandra Sosa, debe facilitar y fiscalizar que exista involucramiento ciudadano con respecto al producto documental que se oficializará.
  • 3) Instalar un panel de revisión ciudadana independiente (pueblos indígenas, comunidades, academia, juventudes) para revisión conjunta de indicadores (líneas base, definiciones técnicas) y auditar la trazabilidad entre financiamiento y resultados.

Cerramos resaltando la alerta a todas las personas que con gran entusiasmo acuden a participar en este proceso para que se valore realmente ese gran aporte. Nos van a anotar como participantes, nos van a tomar fotos, nos van a agradecer por las contribuciones, pero nada más. No podemos aplaudir una “participación” sin método y sin rendición de cuentas. Si vamos a actualizar la estrategia que define nuestro futuro común, hagámoslo con reglas, con datos y con participación de verdad.

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