En la "Declaratoria Jäküii-Pacuare+10+20+siempre" piden que se nombre al río Pacuare como sitio Ramsar para reforzar su protección.

Del 28 al 31 de agosto de 2025, en Bajo Pacuare y Nimarí Ñak, territorio indígena cabécar, comunidades, pueblos originarios y organizaciones ecologistas de distintas regiones del país suscribieron la Declaratoria Jäküii-Pacuare+10+20+siempre, en la que reafirmaron su rechazo a la construcción de represas y a la privatización de los ríos.

El manifiesto recuerda que los ríos son bienes colectivos esenciales para la vida, los ecosistemas, la cultura y la soberanía alimentaria. En el documento denuncian que más de la mitad de los grandes ríos del planeta han sido intervenidos por represas o proyectos energéticos, lo que ha causado desplazamientos forzados, pérdida de biodiversidad y, en algunos casos, conflictos internacionales.

Ya es tiempo de demoler represas y de respetar la vida de los ríos. Los ríos ya no deben ser más objeto de explotación y lucro privado con generación de electricidad, minería no metálica en los cauces de dominio público, concesiones de agua para monocultivos de cualquier tipo, turismo irresponsable, comercio privado nacional o transnacional de agua, ni deben ser reducidos a bienes privados”.

Agregan que no existe manera científica de justificar las hidroeléctricas como energía “limpia” o “renovable”. Además, detallan que en ya hay lecciones aprendidas o casos a seguir pues en 2023 en Europa fueron eliminadas 487 represas y en Estados Unidos, ríos que estuvieron represados por más de un siglo, como el Klamath, ya fueron liberados.

El manifiesto plantea la urgencia de avanzar hacia una transición energética justa, que no reproduzca modelos extractivos en el sur global en beneficio de élites económicas.

Los firmantes exigen que el diseño del modelo eléctrico sea un ejercicio democrático y consensuado, donde se garantice la participación ciudadana, el respeto a los derechos de los ecosistemas y la electricidad como derecho humano. En esa línea, solicitaron declarar el río Pacuare como sitio Ramsar, reforzando su protección internacional.

Las comunidades también rechazaron el proyecto de ley 23.414, al que calificaron como un intento de privatización del sistema eléctrico nacional. Aseguraron que la iniciativa “acaba al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como director del servicio” y debilita principios de equidad, solidaridad y acceso universal a tarifas justas. Reiteraron su defensa del ICE como entidad pública, pero reclamaron un cambio en sus prácticas verticales e inconsultas.

El encuentro, que reunió a delegaciones de territorios indígenas cabécar, bribri, ngäbe, térraba y comunidades campesinas de distintas provincias, subrayó que la defensa del Pacuare y otros ríos del país ocurre en un contexto de creciente criminalización de líderes ambientales.

Por ejemplo, puntualizaron que en 2023 fueron asesinados 196 defensores de la tierra en el mundo, según Global Witness.

“La Madre Tierra no se vende, los ríos no se negocian”, concluyen e instan a seguir resistiendo ante proyectos hidroeléctricos y extractivos y a impulsar alternativas de desarrollo basadas en la justicia ambiental, la participación social y el respeto a los territorios.

El documento es suscrito por: