Lo detienen las autoridades judiciales. No es la primera vez que ocurre. Sí, es el OIJ, pero por solicitud de la DEA. Dicen que, en ese momento, el semblante de Celso Gamboa Sánchez cambió.

Él no es ningún desconocido para la opinión pública. En menos de una década —y en un tiempo récord— fue viceministro, ministro, fiscal adjunto y magistrado de la Sala Tercera. Su cercanía con el poder genera sospechas, y no sin razón.

Aunque el artículo 33 de la Constitución Política establece que “(…) toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, en un país pequeño como el nuestro, los vínculos y lealtades cotidianas pesan.

Por eso, es positivo que avancen estos nuevos casos de extradición: la fuerza de un sistema político no está en que ciertos actores se perpetúen, sino en que puedan ser juzgados en un proceso imparcial, sin que su poder pasado o presente sea un factor.

Ahora bien, caer en una guerra de sanciones no es la solución última al tema de las drogas: esa parece ser la normalización de su mercado. Lo afirman cada vez más expertos, pero sobre todo lo indica la práctica. Son cada vez más los países que han tenido buenos resultados regulando mercados y permitiendo la venta de ciertos productos de forma no muy distinta al tabaco o al alcohol.

Pero mientras la legalización de algunas drogas siga siendo utopía, someter a un debido proceso a quienes son sospechosos de actuar por encima de la ley es una causa justa.

Y si los Estados Unidos de América —principal consumidor y propulsor de la guerra contra las drogas en el mundo— quieren asumir el proceso penal, y de paso fortalecer nuestro sistema jurídico al ponerlo a prueba con estos casos de extradición, parece sensato permitirlo.

Eso no implica otorgar una carta blanca a la persecución penal ni volver a las cacerías de brujas propias de regímenes sin derechos; o peor aún, convertir el tema en una excusa para la intervención sin freno en asuntos de soberanía de otras naciones.

Don Celso conoció y se relacionó con muchas personas a lo largo de su carrera política. Es absurdo suponer que todos los que lo trataron estaban involucrados o conocían los negocios por los que hoy se le acusa en Texas. Cuando se estrenó la guillotina, muchos de los inquisidores terminaron también sin cabeza. Es bueno que quienes hoy celebran lo del exmagistrado tengan eso presente.

No tiene sentido especular, desde ya, quiénes más serán parte de los llamados “extraditables”. Pero estamos en año electoral, y aunque no corresponde hacer campaña política desde los estrados judiciales, es difícil pensar que lo que ocurra en ellos no tendrá repercusiones en una campaña que, como muestran recientes encuestas, no termina de calentar.

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