Informe documenta asesinatos masivos, daños físicos y psicológicos, condiciones de vida letales e imposición de medidas para impedir nacimientos.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Este, y en Israel, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021, concluyó que las autoridades y fuerzas israelíes han cometido en Gaza cuatro de los cinco actos de genocidio tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

El análisis abarca el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de julio de 2025 y se centra exclusivamente en ese enclave, sin perjuicio de que se realicen investigaciones futuras sobre violaciones cometidas en Cisjordania, Jerusalén Este o contra israelíes en los ataques del 7 y 8 de octubre de 2023. El informe, de más de 70 páginas, parte de los hallazgos previos de la comisión, que ya había acreditado crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos exterminio, tortura, violación, violencia sexual, persecución por motivos de género, traslados forzados y uso del hambre como método de guerra.

Ahora, el documento da un paso más y afirma que existen fundamentos razonables para concluir que Israel incurrió en genocidio al matar a miembros de la población palestina en Gaza, causarles daños físicos y mentales graves, someterlos deliberadamente a condiciones de vida calculadas para destruirlos e imponer medidas destinadas a impedir nacimientos. El único acto de los cinco previstos en la convención sobre el que "no halló pruebas" fue el traslado forzoso de niños palestinos.

El primer capítulo del análisis aborda los asesinatos. Según los datos recopilados, entre octubre de 2023 y julio de 2025 murieron más de 60.000 palestinos en Gaza, de los cuales más de 18.000 eran niños y casi 10.000 mujeres. La comisión documentó bombardeos sistemáticos con municiones de amplio impacto en zonas densamente pobladas, ataques a edificios residenciales, escuelas, hospitales, convoyes de evacuación y zonas designadas por Israel como “seguras”. Señaló además que la estrategia militar buscó causar el máximo daño y que las fuerzas israelíes eran plenamente conscientes de la presencia de civiles en los lugares atacados.

Los comisionados recogieron testimonios de ataques contra familias enteras, como el bombardeo del 20 de octubre de 2023 en el campo de refugiados de Al Nuseirat, donde murieron 28 personas, entre ellas 12 menores. Asimismo, verificaron muertes durante supuestos periodos de alto el fuego, como el 18 de marzo de 2025, cuando más de 400 personas, en su mayoría mujeres y niños, fallecieron en una sola jornada de bombardeos. El informe concluye que estas muertes no fueron accidentales ni colaterales, sino el resultado de decisiones conscientes destinadas a eliminar a palestinos por su condición de tales.

El segundo apartado examina los daños físicos y mentales. Más de 146.000 personas resultaron heridas en Gaza en el periodo estudiado, entre ellas decenas de miles de niños, muchos de los cuales sufrieron amputaciones. La ONU calificó a Gaza como el lugar con mayor número de menores amputados en la historia reciente. A ello se suman los efectos de la destrucción ambiental, con toneladas de escombros y contaminación tóxica que comprometen la salud respiratoria y aumentan el riesgo de enfermedades a largo plazo.

La comisión también documentó torturas, malos tratos, violencia sexual y de género, detenciones arbitrarias, miedo persistente, traumas psicológicos colectivos y un clima de terror generalizado que constituyen, en su conjunto, un daño grave para la integridad física y mental del grupo palestino en Gaza.

El tercer acto analizado corresponde a la imposición deliberada de condiciones de vida orientadas a la destrucción de la población.

El informe detalla la devastación de infraestructuras esenciales, la demolición de viviendas, la destrucción de tierras agrícolas, la imposibilidad de acceder a agua potable, electricidad y combustible, así como la obstrucción sistemática de la entrada de ayuda humanitaria. La comisión documentó casos de muertes por desnutrición, hambre y enfermedades prevenibles.

El propio sistema de distribución de ayuda implementado por el Ejército israelí y la Fundación Humanitaria de Gaza, creada en 2025 con apoyo estadounidense, fue calificado de trampa mortal que, según datos de Naciones Unidas, provocó más de 1300 muertes de personas que intentaban obtener alimentos. También se constató que hospitales fueron bombardeados o bloqueados, lo que privó de tratamiento a miles de heridos y enfermos crónicos. La comisión consideró que estas acciones equivalen a crear intencionadamente un entorno invivible destinado a reducir y destruir físicamente a la población palestina de Gaza.

El cuarto elemento abordado son las medidas para impedir nacimientos. El informe describe un patrón de violencia reproductiva y restricciones a la salud materna. Mujeres embarazadas murieron en partos complicados por falta de atención médica y medicamentos, y se registraron infecciones mortales tras cesáreas sin recursos adecuados. Obstetras entrevistados hablaron de víctimas indirectas de guerra al referirse a madres y recién nacidos que fallecieron por la ausencia de condiciones mínimas en los hospitales. La comisión concluyó que las restricciones impuestas por Israel, sumadas a los ataques contra instalaciones sanitarias y a la imposibilidad de recibir asistencia externa, equivalen a medidas destinadas a obstaculizar la capacidad reproductiva de la población palestina en Gaza.

Sobre la intención genocida, requisito fundamental para tipificar este crimen, la comisión analizó declaraciones públicas de dirigentes israelíes, patrones de conducta militar y políticas aplicadas de forma sistemática. Citó discursos de altos cargos que deshumanizaron a los palestinos y llamaron a su aniquilación, así como la práctica recurrente de bombardear zonas civiles, impedir ayuda básica y atacar infraestructura vital.

“Las autoridades israelíes pretendieron destruir, en todo o en parte, al grupo (sic.) palestino en Gaza”, concluyó el informe. También advirtió sobre la incitación pública al genocidio por parte de responsables políticos y militares que, en actos y medios de comunicación, alentaron a soldados y población a tratar a los palestinos como enemigos absolutos y objetivos legítimos.

En cuanto a las consecuencias jurídicas, la comisión recordó que la prohibición del genocidio es una norma de ius cogens del derecho internacional, vinculante para todos los Estados. Subrayó que Israel tiene la obligación de cesar de inmediato las acciones identificadas como genocidas, investigar a los responsables y reparar a las víctimas. Además, instó a los Estados miembros de la ONU a cumplir con su deber de prevenir y sancionar el genocidio, lo que implica no colaborar en la comisión del crimen, no prestar asistencia militar ni económica que lo facilite, y tomar medidas concretas para detenerlo. También señaló que la responsabilidad penal individual corresponde a la Corte Penal Internacional, mientras que la estatal se dirime en la Corte Internacional de Justicia, que ya tramita la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel.

El documento concluye con recomendaciones dirigidas tanto a Israel como a terceros países y organismos internacionales. Reitera la necesidad de un alto el fuego inmediato, el levantamiento del bloqueo de Gaza, la garantía de acceso ilimitado a ayuda humanitaria y la investigación independiente de las violaciones cometidas.

“El sufrimiento infligido al pueblo palestino en Gaza ha alcanzado niveles que cumplen con la definición jurídica de genocidio”, subraya el informe, que advierte que la inacción de la comunidad internacional perpetuaría la impunidad y agrandaría las consecuencias de uno de los crímenes más graves reconocidos por el derecho internacional.

El informe fue redactado por Navanethem Pillay (Sudáfrica), Miloon Kothari (India) y Chris Sidoti (Australia).

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 27 de mayo de 2021 para "investigar, en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos ocurridos hasta el 13 de abril de 2021 y desde entonces".

"Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio", declaró la presidenta de la Comisión, Navanethem Pillay.

Israel ha ignorado flagrantemente las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y las advertencias de los Estados Miembros, las oficinas de la ONU, las organizaciones de derechos humanos y los grupos de la sociedad civil, y ha continuado su estrategia de destrucción de los palestinos en Gaza".

"La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Cuando surgen señales y pruebas claras de genocidio, la falta de acción para detenerlo equivale a complicidad", puntualizó Pillay.

Este informe se suma a la lista creciente de países y organizaciones que acusan a Israel de cometer genocidio en Gaza.

Al menos 32 naciones —entre ellas Brasil, Colombia, Turquía y Arabia Saudí— han empleado esa calificación. También lo han hecho instancias de Naciones Unidas, como la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos y varios relatores especiales; agencias internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, Oxfam, B’Tselem, Physicians for Human Rights–Israel, el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos y el Euro-Med Human Rights Monitor; además de organizaciones no gubernamentales como Jewish Voice for Peace, Defence for Children International, Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos. A estos señalamientos se suman advertencias del Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio y de Genocide Watch, que en 2024 y 2025 concluyeron que Israel no solo corría riesgo de cometer genocidio, sino que ya lo estaba perpetrando.