La lucha contra el narcotráfico debe abarcar más aristas y no solo las detenciones. Si analizamos de forma amplia el tema de la inseguridad en nuestro país y sus implicaciones posteriores al derrame de sangre de homicidios ligados al narcotráfico, deberíamos ponderar lo lucrativo de esta delincuencia y el bajo impacto que en esa esfera tienen las operaciones policiales, circunstancia que en parte se puede justificar por la falta de recursos y capacitación en un tema técnico, muy complejo y que requiere una inversión de tiempo muy grande.

En los últimos años, la cantidad de homicidios dolosos ha llegado a niveles de casi mil eventos por año (con una tasa de homicidios anual que rondan los 17 casos por cada 100 mil habitantes), con alto porcentaje relacionado al narcotráfico y actividades conexas.

El comercio de drogas genera ganancias multimillonarias, cifras insospechadas, lucros que los narcotraficantes en todo nivel deben insertar en la corriente lícita financiera, lo que nos invita a analizar si los grandes esfuerzos de nuestras policías brindan resultados verdaderamente eficaces en la lucha contra el narcotráfico, su eco en homicidios y las actividades vinculadas, de la cual, la legitimación de capitales es la ruta natural para colocar los lucros que genera tal ilícito.

Según datos del presente año en poder del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en el boletín estadístico de julio 2025, de enero hasta esa fecha, tenemos documentadas las siguientes cifras de interés, para precisar la realidad nacional más allá de las detenciones en el tema del narcotráfico.

La Policía de Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a 505 personas relacionadas con actividades de narcotráfico, distribuidas en 409 masculinos y 96 mujeres. De esta cifra, 416 personas son nacionales y 89 foráneas, siendo este último dato de personas extranjeras apenas un 17.62%, lo que derriba el mito popular de un dominio de personas no nacionales en esta delincuencia y, por el contrario, nos ubica en la realidad criminal criolla que impera.

En cuanto a la desarticulación de estructuras criminales narco, los datos de detención de la PCD, arrojan 28 narcoestructuras a julio 2025, de las cuales 24 eran nacionales y 4 operaban a nivel internacional.

Para contextualizar la realidad que nos aqueja, la misma fuente de datos arroja reportes de incidentes relacionados con drogas al Sistema 9-1-1, y aunque no se especifica el tipo de caso, la cifra en el mismo periodo da un total de 17.809 reportes.

En la vertiente de decomisos de armas de fuego relacionadas con el narcotráfico, se incautaron apenas 43 unidades a julio 2025, y un total de 1.491 armas de fuego decomisadas desde el año 2006 hasta julio de 2025, según datos brindados por el Ministerio de Seguridad Pública y la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ al ICD, lo que promedia el decomiso de armas de fuego vinculadas al narcotráfico en 74.55 por año, siendo hasta el mes de julio 2025, uno de los años con menor decomiso de armas de fuego vinculadas policialmente a esta actividad.

Como resultado policial de decomisos de insumos de interés económico (no de comisos con sentencia firme), a julio de 2025, los mismos registros dan cuenta de apenas 57 semovientes, 112 joyas, 16 artículos electrónicos, 57 automotores, ningún inmueble vinculado o con solicitud de anotación policial a la fiscalía para que la dirija al Registro de la Propiedad y procurar el comiso, y ningún decomiso de aeronave ni embarcación, lo que hace notar que el esfuerzo policial y la dirección funcional del Ministerio Público ha reflejado contundencia en concretar detenciones, pero no en afectar el bastión económico delincuencial, por lo que el poder monetario criminal se mantiene idéntico y de manera válida, nos permite deducir que solo mutan las jerarquías o conformación de estructuras narco por sustitución ante esas detenciones, es decir, las operaciones delictivas continúan de manera inmediata o a muy corto plazo, según quiénes logren acaparar las zonas de desabasto de drogas por incursiones policiales represivas con detención eficaz.

También, podemos notar que la supresión y burdo desplazamiento de bases de Guardacostas lejos de las costas sí refleja una pasmosa cifra de cero decomisos de embarcaciones ligadas al narco, por lo que la eficacia se limita a la detención de personas que son desechables por las estructuras criminales, sustituibles y sin merma real para paliar su ilícita actividad.

En cuanto a dineros decomisados, la cifra a julio 2025 da un total de 7.279.059,6 dólares estadounidenses y 944.678.223,6 colones, dinero que no es administrado por el ICD, ya que en el año 2024 mediante Ley 10.495 (Ley de Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado), se le quitó al Instituto en mención la potestad de administrar tales dineros, siendo captados por la caja única del Estado, lo que significó una desmejora en la eficacia y transparencia del manejo de tales dineros según la custodia y distribución porcentual que por imperativo de ley aplicaba la Unidad de Recuperación de Activos (URA) del ICD.

Aunque las cifras indicadas parecen altas, el Leviatán no de Estado soberano sino del narcotráfico, ha tenido una “afectación” real por comiso de apenas 1.319.589,5 dólares estadounidenses y 30.945.371,8 colones de enero a julio 2025, lo que representa una disminución del 80,1% en dólares respecto a todo el 2024 y un aumento de 25,8% en colones respecto al mismo periodo, cifra que es ínfima versus lo lucrativo de la actividad.

Siempre en esta línea de comiso (despojo válido bienes y dinero a criminales para acreditarlos al Estado), a julio de 2025 no existen inmuebles comisados, solo 17 vehículos terrestres y ninguna embarcación ni aeronave.

Para contextualizar la problemática, solo se ha hecho alusión a las actividades de narcotráfico, sin embargo, por lo tangible mediante los hechos de violencia, quedan cifras no contempladas de actividades criminales generadoras de riqueza que aumentan la legitimación de capitales en otras delincuencias distintas al narco, ya que el narcotráfico es una de las formas más conocidas como hecho previo, pero no la única.

A julio de 2025 la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD recibió al menos 68 reportes de operaciones sospechosas (ROS), por un total de casi 788 millones de colones y casi 51 millones de dólares estadounidenses, de acuerdo a alertas de bancos, cooperativas, mutuales, agencias de vehículos, financieras, casas de cambio, remesadoras y otros sujetos obligados a informar.

Aunque no todos los reportes se judicializaron, las cifras dan indicativos de movimientos muy fuertes con tiznes irregulares en economía ramificada, un incesante bombardeo financiero que contiene una parte no definida que tiene como evento generador el narcotráfico, que hemos visto, aunque fuerte y con presencia en todo el territorio nacional, las acciones operativas no reflejan comisos económicos importantes según las cifras reales y no la percepción, y esto, evidencia que las incursiones represivas tienen un sesgo operativo y logístico significativo para que el impacto represivo sea permanente. Esta situación, debería ser corregida con casos más elaborados en la vertiente financiera, que tengan respaldo en la política criminal del estado por leyes eficaces en su aplicación no personalísima, y en las políticas de persecución penal del Ministerio Público con las policías especializadas para lograr comisos significativos en los casos bajo su investigación.

El trabajo policial se ha hecho con buen suceso en las detenciones, pero con falencias en el alma económica de las redes narcotraficantes; es importante replantear las estrategias y fortalecer los cuerpos policiales del país, dotarlos de capacitación técnica, más plazas de personas expertas en el área financiera, que valga acotar por ejemplo en el caso de la Policía de Control de Drogas, pese a la excelente formación operativa, no cuenta con una sola plaza de auditoría financiera de investigación (igual ocurre con la Policía de Control Fiscal aunque es tema paralelo que no se aborda en estas líneas), la cual es posible bajo las competencias que brinda la Ley General de Policía para investigar delitos de narcotráfico y conexos.

Además de lo señalado, debería potenciarse una ley eficaz y no condicionada a algunas figuras simples y políticamente negociadas para la extinción de dominio, abarcar delincuencias no violentas que generan riqueza, unificar métodos de investigación financiera y potenciar el análisis económico para afectar de manera real las estructuras criminales que lavan la sangre de los homicidios por narcotráfico, siendo la legitimación de capitales una delincuencia no tangible por su naturaleza que debemos considerar emana en buena medida de lo violento, y que es activa y enorme como realidad financiera que el país debe afrontar.

Este escenario, lo podemos considerar de acuerdo con la cantidad de homicidios que la policía relaciona con la actividad de narcotráfico, un lucrativo negocio cuyas arcas no se ven debilitadas con las detenciones que en muchas ocasiones solo abarcan los vendedores terminales, últimos eslabones en una cadena criminal compleja y de expansión incesante. Si a julio del presente año se han procesado más de quinientas personas por narcotráfico y los decomisos y comisos son escasos, el dinamismo investigativo no muestra eficacia contra el fenómeno criminal más allá de las detenciones, por lo que el desgaste de los cuerpos policiales podría continuar sin que el impacto contra el fenómeno delictivo sea real y tangible.

Cada año tenemos más homicidios ligados al narcotráfico, trabajos operativos eficaces en detenciones, pero casi nulos en afectaciones reales para disminuir el narcotráfico, y la consecuente legitimación de capitales que del primero emana, por lo que más capacitación y cambio en la elaboración de las políticas de persecución penal son urgentes para enfrentar este cruel flagelo.

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