Decir que el Poder Judicial en Costa Rica se enfrenta a una serie de desafíos cuya atención ya no puede ser retrasada a futuro es una verdad incontestable.

El incremento y expansión de la delincuencia organizada, tanto nacional como transnacional, que erosiona las formas más elementales de la convivencia. El aumento exponencial de la violencia con que se cometen los delitos, sobre todo aquellos contra la vida. El maltrato y discriminación de las personas más vulnerables (niños y niñas, personas de la tercera edad, personas con condiciones especiales, mujeres, personas empobrecidas, etc.). El lento pero constante aumento de la desigualdad que lleva a la desesperación y al deterioro del tejido social que alguna vez nos unió como sociedad.

Y la crisis de aquel entramado institucional que en algún momento nos garantizó la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, etc., obliga no sólo al Poder Judicial, sino a todo el Estado de Derecho en su conjunto, a dar aquellas respuestas —que no terminan de llegar— que, en el corto, mediano y largo plazo exige la sociedad costarricense desde hace mucho tiempo.

El problema radica, entre otras cosas, en el hecho de si todos aquellos actores sociales que día a día son interpelados por la sociedad costarricense para que construyan desde los necesarios consensos las soluciones que se necesitan, están no solo dispuestos a dialogar entre sí, dejando de lado las inevitables diferencias que siempre se pueden llegar a dar, y desde un diálogo sincero, aunque no siempre exento de fricciones, construyan así las mejores soluciones para el beneficio del mayor número.

Pero en algún punto del camino no solo dejamos de dialogar, sino que también perdimos la imaginación utópica para pensar, desde lo imposible, aquello que resulta posible aquí y ahora.

Por ejemplo, quedaron atrás aquellos días en que mediante leyes creadas desde profundas reflexiones y de la experiencia acumulada, se pretendía —quizás con una fuerte dosis de optimismo— encontrar soluciones jurídicas para los problemas sociales con vocación de permanencia y con un alcance general.

Ahora, las soluciones jurídicas frente a los desafíos, por lo general no van más allá de reformas parciales aquí y allá a unas cuantas normas jurídicas, con la ilusa esperanza puesta en que tales remedios hagan desaparecer, como por arte de magia, los males que nos aquejan. Pero lo cierto ha sido que nos hemos quedado cortos.

En lo que atañe al Poder Judicial, soy testigo de que la mayoría de las personas que laboran allí día a día lo hacen con el mayor esfuerzo y, sobre todo, con la voluntad de brindar el mejor servicio público que se pueda. Pero a veces eso es insuficiente. Se requiere del apoyo del Gobierno Judicial que recae en la Corte Suprema de Justicia, para que tome de manera oportuna y eficaz las decisiones urgentes.

Sin embargo, y como ya lo han señalado en reiteradas oportunidades los distintos informes del Estado de la Justicia, el Gobierno del Poder Judicial y quienes lo ejercen, aun y cuando puedan tener la mejor predisposición, dedican la mayor parte de su tiempo a la atención de las pequeñas cosas, al mismo tiempo que dejan de lado aquellas cuya atención es impostergable.

No podemos permitirnos, sobre todo por los graves problemas sociales que nos aquejan desde distintos frentes, seguir retrasando la búsqueda de soluciones, para lo que se requiere que aquellos y aquellas que han tenido el Gobierno del Poder Judicial en sus manos recobren desde la Utopía, entendida como el “mejor de los mundos”, la imaginación que se perdió en algún lugar del camino, y que desde una férrea voluntad se dediquen a buscar y dar las respuestas que demandan todas aquellas personas, que por una u otra razón, llaman a las puertas por una justicia pronta y cumplida.

No podemos esperar que si se sigue haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora por quienes han formado parte del Gobierno Judicial, a pesar de la buena fe con que puedan actuar, los resultados vayan a hacer distintos. ¿De verdad la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y los distintos actores sociales quieren un cambio? ¿O, como ya lo dijo el Gatopardo, quizás lo único que se quiere es ‘cambiar’ para que todo siga ‘igual’?

A menos que se asuma de una vez y por todas que no nos queda otra alternativa más que la de realizar los cambios radicales que se requieren para la solución de los grandes problemas que nos afectan, el Poder Judicial no saldrá de su laberinto.

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