A raíz de la comunicación hecha por el Banco de Costa Rica de que tratará de detener la orden de Superintendencia General de Valores (Sugeval) que lo obliga a sacar el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado que administra su Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), cabe legítimamente preguntarse: ¿Por qué un banco estatal, como el BCR, tendría que trasladar millones de dólares a un “fondo privado”, como lo ordenó la Sugeval el pasado mes de octubre y lo ratificó el CONASSIF el pasado mes de junio?
En primer lugar, hay que tener claro que la Ley Reguladora del Mercado de Valores —no un funcionario o una institución, sino la propia ley que a todos nos obliga-—establece en su artículo 73:
Las sociedades administradoras serán solidariamente responsables ante los inversionistas por los daños y perjuicios ocasionados por sus directores, empleados o personas contratadas por ellos para prestarle servicios al fondo, en virtud de la ejecución u omisión de actuaciones prohibidas o exigidas, según corresponda, por el prospecto, las disposiciones de este título, la Superintendencia y sus disposiciones sobre la materia”.
Para decirlo en forma sencilla: Si en una SAFI —que es precisamente una sociedad que administra esos fondos de inversión— sus funcionarios incumplen las regulaciones a las que están obligados y provocan graves daños a ese “fondo privado”, la SAFI debe responder por los daños provocados a sus inversionistas.
Este es, precisamente, el caso. Al adquirirse el PEP, BCR SAFI incumplió las regulaciones, entre muchas otras cosas, al adquirir y pagar ese multimillonario proyecto que estaba a medio construir, como lo muestra la evidencia documental y las fotos satelitales, entre otros. Así, BCR SAFI que tenía la obligación administrar con prudencia, integridad y buen criterio el “fondo privado” de inversión, hizo que ese fondo asumiera una deuda de decenas de millones de dólares para adquirir un “parque” a medio construir, sin inquilinos confiables (o reales) y a un precio que, según parecen indicar los avalúos recientes, era muy superior al que habría correspondido pagar.
¿Consecuencia número uno? Que BCR SAFI, al incumplir las normas que tenía obligación de seguir, por disposición de la ley debe asumir esa responsabilidad multimillonaria hacia los inversionistas que confiaron en ella y en los fondos que administraba. Como se observa, no es una disposición antojadiza o arbitraria de la Superintendencia General de Valores, que es la que supervisa a BCR SAFI, ni del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), que ratificó la orden dada por Sugeval. Es el mandato de la ley.
La consecuencia número dos es que, si BCR SAFI no tiene capacidad de enfrentar esa obligación establecida por la ley, “el dueño de la SAFI” tiene que “apechugar” esa responsabilidad. ¿Y quién es dueño de BCR SAFI? El 100% de las acciones le pertenecen, como es de esperarse, al BCR. En el momento de que se adquirió el inmueble del PEP (de la forma irregular en que se hizo), la inmensa mayoría de la Junta Directiva de BCR SAFI era a la vez parte de la Junta Directiva del BCR; funcionarios del Comité de Inversión de BCR SAFI eran altos funcionarios del BCR, el Asesor Jurídico del banco y otros funcionarios participaban en las sesiones de la Junta Directiva de BCR SAFI… en fin, que el banco y BCR SAFI operaban como una sola entidad en la práctica, lo que hace que el dueño de BCR SAFI (o sea, el BCR) no pueda decir que no tiene responsabilidad en la operación y en la corrección de la actuación de su subsidiaria.
Por supuesto, tampoco aquí estamos en presencia de una actuación arbitraria de la Sugeval ni del Conassif. La Procuraduría General de la República, cuando el BCR le consultó al respecto el año anterior, le aclaró precisamente sobre esa responsabilidad en un dictamen que tiene carácter vinculante.
Es claro que el BCR pretende ahora incumplir también con ese criterio de la Procuraduría, porque la meta parece ser “patear la bola” y dejar que sean otros funcionarios y directores los que cumplan la orden dentro de mucho tiempo, sin que haga mella en ellos que muchísimos de los inversionistas que llevan años padeciendo las consecuencias de las actuaciones de BCR SAFI son personas adultas mayores que habían puesto en ese “fondo privado” de inversión todos o casi todos sus ahorros, o son operadoras de pensiones que también confiaron en la buena administración que le daría BCR SAFI a los fondos de miles y miles de trabajadores.
Por todo eso, el BCR no tiene razón. No se trata de un tema de fondos públicos y fondos privados; se trata de que la Junta Directiva del banco lidera un conglomerado que realiza diversos negocios con los cuales se generan jugosas utilidades, pero que si no se siguen los dictados de la ley y no se vela en forma proactiva por los intereses de los inversionistas y clientes, ese conglomerado (y hasta sus funcionarios) tendrán que responder por lo que hicieron mal. Dura lex, sed lex.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
