Contraloría General de la República señala que cobertura en esos sitios es ineficaz y no garantiza condiciones equitativas para sus habitantes.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la cobertura de los servicios públicos básicos en las ciudades de Aguas Zarcas (San Carlos), Nicoya, Orotina y Quepos es ineficaz y no garantiza condiciones equitativas para sus habitantes.
El informe de auditoría DFOE-SOS-IAD-00005-2025, divulgado este 2 de setiembre, señala que las deficiencias encontradas limitan el avance hacia ciudades inclusivas, sostenibles y resilientes, y perpetúan desigualdades sociales en territorios fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).
El estudio evaluó la prestación de agua potable, electricidad, educación, salud, movilidad, telecomunicaciones, saneamiento de aguas residuales y recolección de residuos durante el periodo 2023-2024.
En el análisis participaron 13 instituciones, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y las municipalidades de las cuatro ciudades evaluadas.
Hallazgos
Uno de los principales hallazgos se refiere al saneamiento de aguas residuales, que solo se brinda en Nicoya, mientras que en Aguas Zarcas, Orotina y Quepos no existe cobertura de este servicio.
En agua potable, la Contraloría determinó que no es posible garantizar el acceso universal. En Nicoya y Quepos no se acreditó conexión en todos los sectores urbanos, y en Aguas Zarcas y Orotina no se pudo comprobar el nivel de cobertura debido a la ausencia de información georreferenciada de las ASADAS.
Para el servicio de agua potable no se puede asegurar el cumplimiento del derecho fundamental de acceso al agua potable para el 100% de las personas que habitan las ciudades".
En electricidad, la cobertura de medidores inteligentes aún no es total en las ciudades analizadas, lo que retrasa la modernización del servicio.
En Quepos ningún sector alcanzó la cobertura de un medidor inteligente por edificación, mientras que en Orotina solo el sector central cumplió con este criterio. Por otro lado, en Nicoya se evidenció una cobertura del 100% de medidores inteligentes.
En cuanto a la educación, señalaron que aunque existe cobertura de escuelas en todas las localidades, persisten limitaciones en la oportunidad y calidad del servicio, especialmente en transporte estudiantil hacia comunidades alejadas.
Esta condición afecta la totalidad de los sectores de Quepos, uno de tres en Aguas Zarcas y uno de dos en Orotina. Por el contrario, mencionaron que el 100% de los colegios de las ciudades evaluadas son beneficiarios del citado programa, lo cual compensa la distancia que deben recorrer los estudiantes desde sus hogares ubicados en sectores alejados de la ciudad hasta los centros de estudio.
En salud, los centros de la CCSS tienen presencia en las cuatro ciudades, pero la oportunidad de la atención se ve afectada en distritos distantes de los EBAIS.
La auditoría también señala rezagos en telecomunicaciones. En Aguas Zarcas no se garantiza cobertura de internet móvil 4G en uno de los tres sectores evaluados, mientras que en Nicoya, Orotina y Quepos la cobertura sí está disponible.
Además, se identificaron obstáculos normativos para el despliegue de la red 5G, debido a que las municipalidades aún no han actualizado sus reglamentos conforme a la Ley 10216.
En movilidad, Nicoya y Quepos reportan altos niveles de congestionamiento vehicular en tramos de 4,9 y 1,6 kilómetros respectivamente, lo que impacta la calidad de vida y la productividad local.
En recolección de residuos, la cobertura no alcanza al 100% de las comunidades. En el caso de Aguas Zarcas y Nicoya existen sectores excluidos, Orotina no cuenta con datos para verificar la cobertura y en Quepos, aunque el servicio existe, hay zonas de difícil acceso que no pueden ser atendidas regularmente.
Disposiciones
La CGR cuestionó la gestión aislada de las instituciones responsables y la falta de articulación entre ellas, lo que impide garantizar un acceso equitativo a los servicios básicos. Además, advirtió que la dependencia de datos incompletos o desactualizados limita la planificación y la toma de decisiones en los gobiernos locales.
Como resultado del informe, la Contraloría emitió disposiciones de cumplimiento obligatorio para las 13 entidades involucradas, con plazos que van de noviembre de 2025 a febrero de 2028.
Estas incluyen la presentación de planes para ampliar la cobertura de agua y saneamiento, mejorar la movilidad urbana, fortalecer el acceso a servicios de salud en zonas periféricas y asegurar una estrategia nacional de telecomunicaciones que incorpore criterios de equidad territorial.