El contexto del silencio institucional

La veda electoral en Costa Rica es un periodo regulado que inicia el día siguiente a la convocatoria oficial a elecciones —prevista para el 1 octubre de 2025— y se extiende hasta la jornada electoral. Durante ese tiempo, las instituciones públicas deben ajustar su comunicación para evitar que se interprete como una ventaja para quienes ejercen el poder.

En términos prácticos, implica suspender mensajes que resalten logros, jerarcas o resultados de gestión. No es, en teoría, una censura total de la voz institucional, sino un marco que busca asegurar la neutralidad y la equidad en la contienda.

Sin embargo, aquí surge una interrogante clave: ¿hasta qué punto puede limitarse la información institucional sin comprometer el derecho ciudadano a acceder a datos esenciales que le permitan formar su propio criterio y ejercer un voto responsable e informado?

¿Cómo funciona en otros países?

Aunque la veda electoral no es exclusiva de Costa Rica, su aplicación varía según la realidad de cada país. En algunos, como México, Brasil o ciertas naciones de la Unión Europea, las restricciones suelen concentrarse en los días previos a las elecciones, suspendiendo encuestas y propaganda política, pero permitiendo que las instituciones sigan informando sobre servicios esenciales en tono neutral.

Incluso en contextos donde no existe una norma formal, es común que por costumbre se eviten actos como inauguraciones de obras públicas durante el periodo electoral, manteniéndose únicamente comunicaciones sobre temas urgentes o de interés social, como salud y seguridad.

En Europa hay enfoques diversos: en algunos casos, como España, se establece una "jornada de reflexión”, que corresponde al día previo a la votación con prohibición de propaganda, mientras que, en otros, como Francia, se permite cierta comunicación institucional incluso el mismo día electoral, siempre que no tenga contenido proselitista.

Costa Rica, en cambio, ha optado por endurecer sus disposiciones, alineándose con estándares interamericanos que advierten sobre el riesgo de que las redes sociales y las plataformas digitales amplifiquen cualquier mensaje oficial. Así, incluso las publicaciones orgánicas en perfiles institucionales deben suspender mensajes que exalten logros o la imagen de jerarcas.

La intención parece clara: evitar que la institucionalidad se convierta en un canal indirecto de promoción política. Pero también abre un debate legítimo: ¿cómo garantizar que la ciudadanía no quede sin información en temas relevantes para su decisión electoral?

¿Silencio necesario o riesgo de desinformación?

La veda electoral tiene por propósito neutralizar el poder comunicativo del aparato estatal para que la competencia electoral sea equilibrada.

Pero desde la óptica de la ciudadanía, surge un dilema. Durante estos meses también se desarrollan proyectos, se implementan políticas y se producen resultados institucionales que podrían ser relevantes para la toma de decisiones. Cuando toda narrativa pública se detiene, el votante podría llegar a las urnas con menos insumos para evaluar con criterio propio.

Justo aquí es donde la estrategia cobra valor. No se trata de burlar la normativa, sino de comunicar lo esencial de forma neutral, técnica y dentro del marco legal, para no desconectar a la ciudadanía de la información que le pertenece como parte de su derecho a estar informada.

El desafío para estrategas y equipos de comunicación

En tiempos electorales, la línea entre informar y hacer proselitismo es más fina que nunca. Para los equipos de comunicación institucional, el reto no es callar, sino adaptar la narrativa y planificar con anticipación, priorizando contenidos esenciales, estrategias neutras y mensajes que eviten interpretaciones erróneas. En otras palabras, se trata de mantener la voz institucional activa, pero con el tono adecuado para cumplir su deber informativo sin cruzar la línea del proselitismo.

Una reflexión para quienes comunican en democracia

La veda electoral en Costa Rica puede parecer más amplia que en México, Brasil o algunos países europeos. Es cierto que busca proteger la equidad, pero también se plantea la necesidad de reflexionar sobre su impacto en la conformación de la opinión pública.

Como estrategas, nuestro rol no es polemizar sobre la norma, sino buscar formas creativas y responsables de comunicar información clave, incluso en escenarios de restricción, porque la democracia también se fortalece con la ciudadanía informada.

En este contexto, el tiempo de veda no debería traducirse en ausencia, sino en una forma distinta de comunicar, que demanda más planificación, más técnica y más compromiso con el verdadero sentido de lo público: servir a las personas con información clara y transparente.

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