Recurso de amparo dio un plazo de 18 meses a la Municipalidad para recuperar bienes demaniales en el Proyecto Americano de Nosara.

La Sala Constitucional (conocida popularmente como Sala IV) acogió un recurso de amparo presentado en contra de la Municipalidad de Nicoya, y le ordenó tomar las medidas necesarias para identificar y recuperar terrenos que se han señalado como bienes demaniales en el Proyecto Americano, ubicado en Nosara, pero que están inscritos a nombre de la Asociación Cívica de Nosara.

Dato D+: los bienes demaniales son bienes de dominio público (como calles, parques, plazas, áreas verdes y comunales, entre otros) que son inalienables (no se pueden vender), inembargables (no se pueden embargar), imprescriptibles (no se pierden con el tiempo) y que deben destinarse al uso público.

El amparo, presentado por Marvin Rodríguez Varela, detalla que el Proyecto Americano se inició en 1967 por un desarrollador inmobiliario de origen estadounidense, Allan David Hutchison, quien presentó planos visados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), donde se declaran las áreas públicas que forman parte del proyecto residencial, el cual se desarrolló en las playas Pelada y Guiones. Sin embargo, denuncia que las zonas identificadas como públicas se transfirieron primero a la sociedad Amigos de Nosara S.A. y posteriormente a la Asociación Cívica de Nosara.

Según se indicó en el amparo presentado, desde el 2015 un informe municipal identificó 80 hectáreas del Proyecto Americano como bienes demaniales, pero que permanecían inscritos a nombre de la Asociación Cívica de Nosara. Además, se argumentó que en 2020 el Concejo Municipal nombró una comisión especial para indagar la situación de los bienes demaniales inmersos en el Proyecto Americano, y en 2021 se acordó ordenar al alcalde, Carlos Armando Martínez Arias, que tomara las medidas necesarias para la reivindicación de esos bienes demaniales. Sin embargo, desde entonces no ha habido avance en el tema.

Al acoger el amparo, la Sala dio un plazo de 18 meses a la Alcaldía y Presidencia del Concejo Municipal, para que:

  • Definan desde el punto de vista técnico la situación jurídica de los bienes inmuebles que se consideran como demaniales así como actualizar el estado en el que se encuentran.
  • Interpongan, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, las acciones necesarias para garantizar el resguardo del interés público y ambiental de los bienes cuya demanialidad deba ser reconocida, así como la reivindicación de estos en los casos en los que se determine alguna irregularidad en cuanto a su titularidad.

Tras el fallo, la Municipalidad de Nicoya informó a Delfino.cr que las autoridades acatarán lo dispuesto por la Sala IV y que "a la brevedad, la Alcaldía elaborará y propondrá al Concejo Municipal, para lo que corresponda, un plan de ejecución de la sentencia" que permita cumplir con la orden de la Sala, y añadieron:

Lo anterior se hará previa actualización del estado jurídico de los bienes que son objeto de la sentencia y en coordinación con los órganos competentes para garantizar que cada actuación se ajuste a la ley y a los principios de la función pública".

Según el Observatorio de Bienes Comunes "la resolución representa un triunfo en la defensa de los bienes comunes y sienta un precedente clave para otras comunidades costeras y turísticas que enfrentan problemas similares. Nosara podría recuperar terrenos de gran valor ecológico y económico —estimados en millones de dólares—, pero sobre todo, devolver a la comunidad el acceso a espacios que le pertenecen desde hace más de medio siglo".

Posterior al fallo de la Sala Constitucional, ha circulado una petición en línea que señala que "la Sala Constitucional está dando 18 meses a la Municipalidad de Nicoya para decidir qué pasará con estos bosques. Si no se garantiza su protección, corremos el riesgo de perder décadas de esfuerzo comunitario y abrir la puerta al desarrollo sin control". Según esa petición, la Asociación Cívica de Nosara ha venido trabajando junto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para que los terrenos se conviertan en un Refugio Nacional de Vida Silvestre.

Como parte del amparo, también se condenó a la Municipalidad de Nicoya al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por este caso, los cuales deberán definirse en la ejecución de la sentencia en lo contencioso administrativo.