La política social es el conjunto de decisiones, acciones, programas e instituciones que los gobiernos implementan para mejorar el bienestar de la población, especialmente de aquellos sectores en condiciones de vulnerabilidad. Su finalidad esencial es garantizar derechos sociales, reducir desigualdades estructurales, promover la equidad y facilitar el acceso universal a servicios básicos como salud, educación, vivienda, empleo y seguridad social. Se fundamenta en principios de solidaridad, justicia social, inclusión y enfoque de derechos, y debe ser entendida como una herramienta de transformación integral, no limitada a la simple entrega de subsidios ni a intervenciones paliativas.

En este contexto, Costa Rica ha enfrentado históricamente el reto de una política social fragmentada. Más de treinta instituciones intervienen en su ejecución, muchas veces sin coordinación efectiva, lo que ha generado duplicidad de funciones, escasa trazabilidad de los recursos y resultados poco sostenibles. Informes como el del Estado de la Nación han reiterado que, a pesar del aumento sostenido de la inversión social, el país no ha logrado reducir en la misma proporción la pobreza ni la desigualdad, debido en parte a la falta de una rectoría clara que articule la acción pública en esta materia.

El proyecto de ley 25.112, presentado por la diputada Olga Morea Arrieta, propone la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) como un ente rector especializado que concentre la planificación, articulación, evaluación y seguimiento de las políticas sociales. Este ministerio asumiría además la administración del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y la rectoría técnica y administrativa de instituciones como el IMAS, el Conapdis, el Conapam y el Sinirube.

Entre sus fortalezas, el proyecto resuelve un vacío histórico: la ausencia de una autoridad institucional permanente en materia social. Al establecer una rectoría legalmente definida, se reduce la inestabilidad generada por la variación constante de estructuras sectoriales con cada administración. La creación del Mideso también propone una solución a la dispersión institucional mediante la integración de entidades clave, lo que permitiría una mayor eficiencia en la asignación de recursos, además de fomentar una cultura de evaluación de impacto con enfoque en resultados, gracias a la creación de una Dirección de Evaluación Social. También destaca su intención de modernizar la administración del Fodesaf, incrementar la transparencia mediante el uso obligatorio del Sinirube, y favorecer alianzas público-privadas para ampliar el alcance de las intervenciones. El proyecto se inspira además en experiencias exitosas como la del Ministerio de Desarrollo Social de Chile, incorporando elementos de planificación interministerial y herramientas de evaluación financiera y social. Finalmente, la propuesta de promover una descentralización progresiva mediante ventanillas únicas territoriales permitiría acercar los servicios a zonas excluidas históricamente del desarrollo.

No obstante, el proyecto también presenta importantes debilidades. Su énfasis recae sobre la transformación administrativa e institucional, sin incluir una renovación significativa del contenido programático de las políticas sociales. El enfoque permanece centrado en la atención focalizada de poblaciones en pobreza sin abordar la construcción de un sistema de protección social universal e inclusivo. Además, la concentración de poder técnico en un solo ministerio, al absorber la rectoría de entidades como el IMAS, Conapam, Conapdis y Sinirube, puede generar tensiones en cuanto a la autonomía de estas instituciones, que han construido experticia técnica propia.

Un aspecto particularmente preocupante es la falta de claridad respecto a cómo se articulará el Mideso con otros ministerios clave como Educación, Salud, Trabajo o Planificación, lo que podría derivar en conflictos de competencias. Asimismo, el proyecto omite referencias explícitas a poblaciones emergentes o históricamente invisibilizadas, tales como personas LGBTIQ+, juventudes rurales, comunidades afrodescendientes o indígenas. Esta omisión refleja una carencia de enfoque interseccional, crucial para garantizar una política social sensible a las distintas realidades.

Otra crítica relevante recae sobre la participación ciudadana. Aunque se menciona como principio rector, el proyecto no incorpora mecanismos concretos, vinculantes o institucionalizados de consulta, fiscalización o codiseño de las políticas públicas por parte de la ciudadanía. En cuanto a los recursos, el texto tampoco detalla estimaciones financieras sobre el proceso de transición ni sobre el presupuesto base necesario para operar el nuevo ministerio, lo que introduce incertidumbre sobre su viabilidad a corto y mediano plazo.

A ello se suma un vacío fundamental: el riesgo de que, bajo la centralización propuesta, se pierda la especificidad técnica y política de instituciones como Conapam y Conapdis. Estas entidades han tenido como mandato la protección de poblaciones específicas –personas adultas mayores y personas con discapacidad, respectivamente– desde un enfoque de derechos. Su integración bajo una estructura más amplia como el Mideso, sin salvaguardas claras, podría desdibujar sus agendas, diluir sus presupuestos, erosionar su capacidad de incidencia y desplazar la especialización por una lógica más generalista. Este proyecto no establece mecanismos para asegurar que las particularidades de estas poblaciones continúen siendo abordadas desde una perspectiva diferenciada, interseccional y participativa, conforme a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Pese a estos vacíos, es importante señalar que este análisis no supone una oposición al proyecto en su totalidad, sino una crítica a su configuración actual. El Mideso podría convertirse en una herramienta transformadora si se implementa con ajustes adecuados. Por ejemplo, se podría establecer un consejo consultivo permanente con representación de poblaciones específicas, garantizar que los subsistemas adscritos mantengan su autonomía técnica, y crear una política de transición gradual con garantías presupuestarias y operativas.

También sería necesario incorporar con precisión mecanismos de articulación interministerial, marcos de evaluación de impacto social con indicadores de derechos, e instrumentos de participación ciudadana con incidencia real. Además, el Mideso podría convertirse en catalizador de una nueva generación de políticas sociales que combinen focalización inteligente con garantías universales progresivas, reconociendo la necesidad de eficiencia fiscal, pero también de justicia estructural.

La gobernanza social que Costa Rica requiere debe trascender la reingeniería institucional. Debe fundarse en una rectoría técnica sostenida en el tiempo, con mecanismos de coordinación efectiva entre sectores, basada en evidencia y orientada al ciclo de vida. Debe ser participativa, con énfasis en poblaciones históricamente excluidas, y anclada en un marco normativo que priorice los derechos humanos, con financiación progresiva y transparente.

El proyecto de Ley 25.112, bien formulado e implementado con una visión transformadora, podría marcar un punto de inflexión en la historia de la política social costarricense. Pero para ello, requiere ajustes que garanticen que los avances administrativos se traduzcan en mejoras tangibles para la dignidad, el bienestar y los derechos de todas las personas, sin dejar a nadie atrás.

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