El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este miércoles, por falta de mayoría, un proyecto de ley que reforzaría las herramientas legales para combatir los capitales emergentes asociados al crimen organizado, una iniciativa que llevaba prácticamente cuatro años tramitándose y que hasta fue enviada en dos ocasiones a la Sala Constitucional para revisión, sin que se encontraran mayores problemas de constitucionalidad.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 22.834 pretendía añadir tres artículos (20 bis, 20 ter y 22 bis) a la Ley 8754 (Ley contra la delincuencia organizada), con el fin de asegurar con rapidez bienes y productos financieros cuando existieran indicios fundados de origen ilícito y, al mismo tiempo, fijar reglas de notificación más expeditas para personas jurídicas.

El texto habilitaba al Juzgado Contencioso‑Administrativo y Civil de Hacienda para decretar medidas cautelares "anticipadas y provisionales", ordenar anotaciones e inmovilizaciones registrales y girar congelamientos preventivos al sistema financiero, con un mes de plazo para que el Ministerio Público presentara la denuncia.

Entre quienes defendieron la aprobación, el independiente Gilberth Jiménez sostuvo que la reforma permitiría recuperar en el menor plazo posible recursos obtenidos de forma ilícita y darlos a las policías y a la investigación. Añadió que se trataba de una medida para quitarle el músculo financiero al crimen organizado.

La frenteamplista Priscilla Vindas afirmó que la propuesta era una herramienta fundamental para darles un golpe a esas estructuras y cuestionó que algunos diputados, pese a los años de consultas y revisiones, decidieran ignorar lo que les estaban señalando después de años de trámite y de consultarlo a la Sala IV.

El también frenteamplista, Jonathan Acuña, argumentó que sin atacar las finanzas criminales seguirán cayendo los mismos eslabones finales de la cadena del crimen organizado, mientras el capital sigue intocable. Asimismo, recordó que las medidas cautelares planteadas requerían control judicial y no se aplicarían de forma automática.

Por el contrario, el liberal Eliecer Feinzaig advirtió que el texto destruía la presunción de inocencia sin que existiera denuncia formal, y que invertía la carga de la prueba, obligando a los ciudadanos a justificar el origen de bienes incluso adquiridos décadas atrás, con apenas tres días de audiencia para presentar descargos.

El también liberal Gilberto Campos expresó preocupación por la "afectación en la gente buena (…) que ha trabajado toda su vida" y consideró que, aun con los cambios introducidos, el proyecto abría la puerta a abusos.

El oficialista Jorge Antonio Rojas dijo que su fracción estaba en contra del proyecto y que el texto dejaba en indefensión al ciudadano común y corriente.

Aunque parece una buena idea, pero deja al ciudadano a expensas de la Fiscalía y dadas las circunstancias que rodean en este momento a la Fiscalía, que deja dudas, preferimos nosotros proteger al ciudadano, al ciudadano común".

Liberación Nacional y Frente Amplio respaldaron el proyecto. También lo apoyaron los independientes Gilberth Jiménez, Gloria Navas, Johana Obando y María Marta Padilla, y los socialcristianos Carlos Felipe García, Horacio Alvarado y María Marta Carballo. En contra votaron el oficialismo, el resto de la Unidad Social Cristiana y el Partido Liberal Progresista, quedando en total 21 a favor y 17 en contra.

La diputada Carballo dijo que aunque votó a favor del proyecto, el que se hubiese dispuesto un umbral a partir del cual esta figura podría aplicarse le habría dado mayor tranquilidad. Mociones en ese sentido fueron rechazadas previamente por la mayoría del Congreso.

Alejandro Pacheco, jefe de los socialcristianos pidió un receso para presentar una moción para que se reconsiderara la votación y buscar un mecanismo para corregir el texto, lo que llevó a que se realizara una reunión de jefaturas de fracción cuyo resultado no se ha anunciado.

La moción de revisión del proyecto fue aprobada, por lo que ahora se encuentra en un limbo: debe votarse nuevamente en segundo debate, a menos que los diputados acuerden devolver el expediente a comisión para que se rinda un nuevo dictamen.

Este proyecto fue presentado durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada en diciembre de 2021, fue dictaminada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso el 27 de marzo de 2023 y aprobada en primer debate el 13 de mayo de 2024, para un día después aprobarse una moción para retrotraer el expediente y hacerle modificaciones adicionales en el plenario, hasta que fue votado nuevamente en primer debate el 27 de agosto de ese año y enviado a consulta de la Sala Constitucional en octubre.

Ese tribunal respondió que era necesario hacer un cambio menor respecto al tema de las notificaciones judiciales de estos procesos, cambio que la comisión dictaminadora acogió el 17 de febrero de 2025 y el plenario aceptó el 11 de marzo de 2025, para luego darle por tercera vez votación de primer debate el 31 de marzo de este año. Aunque el 22 de abril un grupo de diputados presentó una segunda consulta ante la Sala IV, dicho tribunal rechazó el 30 de abril admitirla al señalar que ya habían evacuado las dudas de constitucionalidad en su primer pronunciamiento.

Breves

— Tal y como ocurrió meses atrás en la Comisión de Seguridad, la Comisión de Hacendarios del Congreso realizó una sesión privada ilegal para que los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz expusieran detalles del proyecto de construcción de una megacárcel, sin haber votado la moción que dispone el artículo 75 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

— El diputado Carlos Felipe García Molina, de la Unidad Social Cristiana y primer secretario del Directorio Legislativo, presentó este miércoles un proyecto de reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para fijar un plazo máximo de tres minutos en que los congresistas puedan emitir su voto en el plenario y comisiones.

— La Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera aprobó en primer debate el expediente 23.001 "Autorización para el ejercicio del notariado de personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva".

— La Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda aprobó en segundo debate el expediente 23.945 "Ley de inclusión y representación de las personas jóvenes indígenas".

Proyectos dictaminados

Este miércoles no se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones.

Leyes publicadas

Este miércoles no se reportaron nuevas leyes publicadas.