En las últimas décadas, Costa Rica se ha consolidado como un punto neurálgico de la movilidad humana en Centroamérica. Nuestra ubicación geográfica nos convierte en un país de tránsito, destino y, más recientemente, de retorno.

El flujo migratorio inverso, desde Estados Unidos hacia la región, registrado en 2025, es una evidencia de que la migración no sigue rutas lineales y que las causas que empujan a las personas a desplazarse, son tan diversas como complejas.

Las cifras oficiales son claras: más de 16 mil personas solicitaron refugio en el país, durante el primer semestre de este año, siendo las poblaciones venezolana, nicaragüense y cubana, las más representadas. Este incremento responde a una combinación de factores estructurales: crisis políticas, bloqueo económico, inestabilidad económica, violencia generalizada, persecución y discriminación, entre otros.

Lejos de interpretarse como una amenaza, este fenómeno debe comprenderse desde un enfoque que reconozca la migración como un derecho humano y como una estrategia legítima de búsqueda de mejores condiciones de vida.

El Trabajo Social, desde su proyecto ético-político, tiene la responsabilidad de abordar la movilidad humana, desde una perspectiva crítica, interseccional y antidiscriminatoria. Esto implica reconocer que la migración no es un acto aislado, sino el resultado de procesos históricos y estructuras de poder que generan y reproducen desigualdades.

También significa resistir a discursos, que reproducen narrativas enfocadas en presentar a las personas migrantes como “cargas” para el Estado, invisibilizando sus aportes económicos, culturales y sociales.

Por eso, desde el Colegio de Trabajadores Sociales (COLTRAS), debemos subrayar la necesidad de cuestionar el nacionalismo metodológico que justifica políticas restrictivas y excluyentes.

En lugar de limitar el acceso a derechos, las políticas migratorias deben ser herramientas para garantizar la dignidad y la integración, articulando esfuerzos entre instituciones, comunidades y organizaciones sociales.

En este sentido, el reto para Costa Rica no es menor. Se requiere ampliar las capacidades institucionales, generar datos desagregados y actualizados, para comprender la dinámica migratoria, y promover un diálogo social que desmonte prejuicios y discursos xenofóbicos; para esto, se necesita mayor inversión y recursos operativos.

En coyunturas como estas, el Trabajo Social debe colocarse en la primera línea de esta tarea, mediando, acompañando y defendiendo los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas.

En tiempos de crisis y desplazamiento, migrar es un acto de sobrevivencia. Reconocerlo y actuar en consecuencia, es un deber ético que no solo compete a quienes ejercemos el Trabajo Social, sino a toda la sociedad costarricense.

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