A mediados de setiembre trascendió un caso que, por su gravedad y contexto debería inquietarnos a todos. Randall Gamboa Esquivel, un vecino de Pérez Zeledón de 52 años, fue deportado desde Estados Unidos en un vuelo ambulancia y entregado a su familia en estado vegetativo, tras haber permanecido varios meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Randall había viajado a Estados Unidos en diciembre de 2024 “en busca del sueño americano”. Era un hombre sano, conocido en su comunidad, operador de maquinaria pesada y antiguo empleado municipal. El 27 de diciembre fue detenido por ICE en el condado de Webb, Texas, por lo que solicitó asilo político. Desde el centro de detención mantenía videollamadas diarias con su familia. Hasta que un día de junio las llamadas cesaron.

Durante semanas, los allegados de Randall insistieron por todos los medios posibles. En cada contacto recibían la misma respuesta: que Randall “no quería comunicarse ni con su familia ni con el consulado costarricense”. La familia sabía que algo andaba mal.

Una abogada voluntaria, identificada como Katie Potter, logró finalmente ubicarlo en el Valley Baptist Medical Center, en Texas. Lo encontró en cama, desnutrido, con úlceras abiertas, encefalopatía, rabdomiólisis y cirugías inexplicadas. A inicios de setiembre, ICE autorizó su deportación y financió un vuelo ambulancia que lo trajo de regreso a Costa Rica.

Aterrizó el 2 de setiembre en el aeropuerto Juan Santamaría. La Cruz Roja se encargó del traslado médico al Hospital San Juan de Dios, y luego al Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, donde permanece internado, sin poder hablar, caminar ni alimentarse por sí mismo. Los médicos locales han confirmado que las secuelas podrían ser irreversibles.

Un caso sin respuestas

Desde entonces, la familia Gamboa ha exigido explicaciones. La Cancillería costarricense asegura haber enviado múltiples solicitudes de información a las autoridades estadounidenses a través del Consulado en Houston. Pero, al día de hoy, no ha informado de respuesta alguna.

Los parientes de Randall fueron recibidos a mediados de setiembre por funcionarios del Departamento Consular, quienes reconocieron lo “atípico” del caso, especialmente porque ICE cubrió los costos del vuelo médico, algo inusual. Aun así, la Cancillería no ha hecho público ningún informe ni ha comunicado avances a la opinión pública.

La familia, cansada del silencio, considera llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dada la gravedad del caso, bien harían.

Una deuda moral

Nadie espera que Costa Rica resuelva lo que Estados Unidos calla. Pero sí se espera que actúe con diligencia, transparencia y humanidad. Que no deje a una familia sola en su búsqueda de verdad. Que no se esconda tras correos “decorados” ni protocolos vacíos.

La hermana de Randall, Greidy Mata Esquivel, lo resumió muy bien: “Evidentemente, Estados Unidos no va a dar respuestas, pero considero que el gobierno de Costa Rica, por ser un país de paz y democrático, debería apoyarnos”.

Lo mínimo que merece el país —y lo que merece Randall Gamboa— es una respuesta oficial clara:
qué se hizo, qué no se hizo, y qué se está haciendo hoy.

Ha pasado más de un mes desde su repatriación y el silencio institucional se vuelve cada día más incómodo. El consuelo de la familia no puede depender de comunicados tibios ni de correos sin acuse. La vida de Randall, y la dignidad de Costa Rica, merecen más que eso.

Porque si algo enseña este caso es que no basta con ser un país de paz; hay que comportarse como tal. Y eso empieza por mirar de frente a los nuestros cuando más nos necesitan.

“A las autoridades pertinentes les pedimos, por favor, que se pongan las pilas y nos ayuden a encontrar las respuestas que necesitamos. Por justicia, porque mi hermano merece justicia y nosotros necesitamos saber la verdad”.

Apoyo a la familia de Randall Gamboa: Una campaña en GoFundMe busca respaldar a la familia de Randall Gamboa Esquivel en su proceso de recuperación y en la búsqueda de verdad sobre lo ocurrido durante su detención bajo custodia de ICE en Estados Unidos. La iniciativa fue organizada por Georgia Bowen, defensora de derechos humanos radicada en Costa Rica y quien ha sido pilar de la familia en todo este proceso. Los fondos se destinan a cubrir gastos asociados a su rehabilitación y a la investigación legal del caso, que aún no ha sido esclarecido por las autoridades estadounidenses. Las personas interesadas pueden colaborar a través de la campaña “Help Randall’s Family Uncover the Truth” disponible en GoFundMe o mediante SINPE móvil 8649-3156 a nombre de Adriana Ureña Cordero, pareja de Randall.