Costa Rica atraviesa un momento crítico. El Ministerio de Hacienda ha propuesto un recorte de 23.287 millones de colones al presupuesto nacional, afectando directamente al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta decisión amenaza subsidios y pensiones de más de 49 mil personas.
Detrás de esas cifras se esconden dolorosas realidades:
- 37.706 hogares que perderán el respaldo de programas sociales en alimentación, vivienda, salud, educación y empleo.
- 11.300 personas que no podrán ingresar al Régimen No Contributivo, producto de un recorte de 5.000 millones de colones propuesto. Es decir, quedarán sin una pensión que en muchos casos representa su única fuente de ingresos.
- Miles de adultos mayores en pobreza extrema enfrentarán el riesgo de no recibir aguinaldo.
Esto no es un simple “ajuste presupuestario”. Es una decisión política que golpea a las personas más vulnerables del país. Un total retroceso en el modelo solidario costarricense.
La historia de Costa Rica está marcada por la construcción de un Estado social que nos dio identidad y orgullo internacional: abolimos el ejército, invertimos en educación, salud y seguridad social, y levantamos instituciones como la CCSS y el IMAS para garantizar derechos básicos a quienes más lo necesitan.
Ese modelo solidario fue posible porque entendimos que un país solo puede avanzar si nadie se queda atrás. Hoy, con propuestas como este recorte, esa visión se pone en riesgo.
Cuando un gobierno decide retirar recursos a la inversión social, lo que está haciendo es trasladar la crisis fiscal a los hombros de quienes no tienen cómo defenderse, trasladar la crisis a la niñez en pobreza, las mujeres jefas de hogar, los adultos mayores en abandono.
La indiferencia también es violencia, recortar programas sociales no es una acción técnica, ni neutra, es un acto de violencia estructural. Significa mirar hacia otro lado mientras miles de familias se hunden en la desesperanza.
La violencia no siempre se ejerce con un arma, también se ejerce desde un escritorio, cuando se firma un decreto que deja a un niño sin su beca para estudiar, a una familia sin ayuda para comer, o a un adulto mayor sin la pensión con la que sobrevive cada mes.
No podemos normalizar esa indiferencia. Un Estado que abandona a su gente más frágil no solo incumple su deber constitucional, sino que también renuncia a su humanidad.
Desde la Asamblea Legislativa tenemos la responsabilidad de alzar la voz y frenar este retroceso, así como exigirle al Gobierno y al Ministerio de Hacienda:
- Revertir los recortes al IMAS y al RNC de la CCSS.
- Garantizar que los programas sociales cuenten con presupuesto suficiente para atender la creciente demanda en un país con más de 300.000 personas en pobreza extrema.
- Presentar una política fiscal justa y equilibrada, que no sacrifique la dignidad de las familias más pobres mientras se mantienen privilegios y evasión en los sectores de más poder económico.
No es un asunto de números, sino de vidas, la seguridad social no es un lujo, es un derecho. Los programas del IMAS y de la CCSS son la última línea de defensa contra la pobreza. Quitarles recursos es condenar a miles de familias al hambre, a la desprotección y al abandono.
Los recortes sociales no son un tema técnico, son un atentado contra la dignidad humana.
Costa Rica no puede construirse sobre la exclusión ni la indiferencia. Nuestra democracia se fortalece cuando cuidamos a los más vulnerables, no cuando los empujamos al abismo.
Recortar inversión social es condenar el futuro de Costa Rica, frente a esto, no podemos guardar silencio.
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