Los recursos financiarán la primera etapa del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, conocido como “megacárcel”.
El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate, un presupuesto extraordinario que destina ₡7870 millones a la construcción de nuevos módulos en el centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela. El proyecto, al que el Gobierno denomina “megacárcel”, obtuvo 33 votos a favor y 5 en contra.
La iniciativa se tramita bajo el expediente 25.137 y fue dictaminada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Hacendarios el pasado 26 de agosto. El plan contempla usar remanentes de diversas instituciones para financiar la obra, aunque sectores académicos y de sociedad civil alertaron que algunos recortes afectarían la atención de la migración en el país.
Horas antes de la votación en comisión, organizaciones señalaron que la reasignación de ₡156 millones a partir de programas del Tribunal Administrativo Migratorio y de la Dirección de Migración y Extranjería podría debilitar la gestión de esos servicios.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, presentó entonces una moción para revertir esos recortes, pero la retiró después de que el oficialismo se comprometiera a reponer los fondos en caso de que se confirmara alguna afectación.
Los ₡7870 millones provendrán de partidas sobrantes en once ministerios, entre ellos Seguridad Pública (₡4122 millones), Obras Públicas y Transportes (₡1745 millones), Salud (₡886 millones) y Hacienda (₡364 millones).
En paralelo, la Comisión de Hacendarios rechazó la propuesta del Ejecutivo de redirigir ₡24.010 millones del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), con el fin de cubrir un faltante en el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Diputados de oposición argumentaron que esa maniobra habría recortado subsidios, becas y pensiones a más de 118.000 personas en pobreza.
El Gobierno anunció que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) se levantará dentro de los terrenos de La Reforma. El complejo abarcará más de 31.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para 5100 privados de libertad distribuidos en cinco módulos.
Según el Ministerio de Justicia, la inversión total asciende a $34,5 millones. La primera etapa arrancaría a finales de 2025 con un 40% del financiamiento, equivalente a ₡8147 millones, mientras que el 60% restante se ejecutaría en 2026.
El proyecto contempla cuatro ejes: infraestructura de alojamiento y control, sistemas tecnológicos de seguridad, obras complementarias de apoyo operativo y dotación de mobiliario especializado.
El Ministerio de Justicia agregó que los planos ya cuentan con el visto bueno del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y que la viabilidad ambiental fue aprobada.
