De cara a las elecciones de 2026, recientemente una candidatura prometió renunciar al 25% de la deuda política que, eventualmente, podría recibir la plataforma que le presentará como aspirante a la presidencia de la República. Este acontecimiento llamó mi atención porque, desde 2021, el Programa Estado de la Nación advierte que uno de los principales retos que tienen los partidos es cómo financiarse sin depender del endeudamiento, el cual es la principal fuente de ingresos al tiempo que las donaciones se reducen y el mercado de los certificados es menor.
Además, hay una tendencia creciente en los partidos presentes en la Asamblea por reducir la deuda política, casi siempre con el argumento de que es un despilfarro de dinero público. Las elecciones de 2026 no fueron la excepción: en abril de este año se rebajó el límite constitucional del 0,19% del PIB al 0,11% exclusivamente para este ciclo electoral. Estas disminuciones llevan varios periodos haciéndose.
Al ver estos acontecimientos, me surgen varias inquietudes. Por un lado, ¿cómo un partido tan joven como Pueblo Soberano, fundado apenas en 2022, puede darse el lujo de, eventualmente, renunciar a una parte importante de su deuda política? ¿Cómo van a hacer para financiar todos los gastos en los que incurren los partidos en tiempos de elecciones? Por otro, ¿por qué si un partido tan joven puede renunciar a la deuda, uno desarrollado como el PLN o el PUSC no?
Más allá de las especulaciones que se puedan hacer sobre cómo la plataforma mencionada se financiará, en el fondo hay un discurso que invita a renunciar a la deuda porque esta es nociva para el país, innecesaria para los partidos y un despilfarro de dinero. Lo anterior me motiva a invitar a la ciudadanía, pero en especial a las y los políticos, a que reflexionemos sobre el objetivo y las bondades de la deuda política, la cual es fundamental para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de partidos y de nuestra democracia.
Primero, la deuda política es el dinero que los partidos reciben para financiar sus gastos de organización, capacitación y campaña electoral. No solo es plata que se gasta en campaña, sino que también sirve para financiarse en periodos no electorales. Entre elecciones es cuando los partidos más deben buscar a la ciudadanía para conocer sus problemas y robustecer su agenda. Además, este dinero no lo reciben todas las agrupaciones, sino solo aquellas que alcancen un 4% de los votos válidamente emitidos a escala nacional o provincial. Este umbral tiene el objetivo de evitar que fondos estatales se repartan indiscriminadamente entre partidos con baja relevancia electoral o que se establecen como organizaciones vacías con el único propósito de obtener financiamiento.
Segundo, la idea de que los partidos reciban financiamiento está vinculada a protegerlos de ser capturados por capitales ilícitos y grupos económicos que dominen al partido por medio de su financiamiento privado. Esta idea nace a mediados del siglo XX en las democracias para evitar que grupos oligárquicos controlen de manera arbitraria las agrupaciones. Sin embargo, hoy en día también nos enfrentamos a que dineros ilícitos los financien, tal como el dinero del narcotráfico o del lavado de capitales, los cuales ponen en riesgo la integridad del sistema democrático, distorsionan la competencia electoral y facilitan la captura de las instituciones.
Además, los recursos que reciben los partidos se destinan a su financiamiento organizacional, no al beneficio personal de una persona o candidatura. Los partidos, aunque imperfectos, son esenciales para la democracia, pues permiten postular candidaturas y canalizar de manera ordenada las demandas y propuestas de la ciudadanía.
Tercero, la deuda es necesaria porque permite la incidencia y visibilidad de los partidos y de las candidaturas para hacer llegar su mensaje a nosotros, las personas votantes. Los procesos electorales deben garantizar el acceso efectivo a la información, por lo que financiar a los partidos permite dotarlos de herramientas para que den a conocer algo más que los discursos de campaña. Es poner a disposición de la ciudadanía información para ejercer un “voto informado”.
Aunque los argumentos expuestos se pueden rebatir apelando al descontento de la ciudadanía con los partidos, a los casos de corrupción por el mal uso de los fondos o porque simplemente no están logrando solucionar las problemáticas del país, la experiencia nos dice que estas falencias se pueden resolver con reformas. La solución nunca va a estar en eliminar de manera radical el financiamiento público o colocarlo como el enemigo de la democracia sin darle una opción viable a los partidos para que robustezcan sus arcas. Por el contrario, lo que puede ocurrir es que la eliminación del financiamiento público resulte en el nacimiento y consolidación de un sistema de partido hegemónico o dominante, donde la mayoría de los partidos no podrían costear su funcionamiento ordinario ni sus campañas electorales, disminuyendo sus posibilidades de victoria.
Es cierto que parte del esquema de financiamiento estatal que actualmente tenemos está obsoleto. Hoy en día los partidos no pueden acceder al financiamiento adelantado cuando más lo necesitan y se ven obligados a recurrir al endeudamiento a elevadas tasas de interés. Los certificados de cesión son un problema por su forma de colocación a partir de encuestas, entre otros problemas. A pesar de estos retos que arrastramos en la materia, es la deuda política la que ha mantenido a flote a los partidos y, en especial, a los que hoy intentan surgir como una opción viable en un sistema electoral altamente fragmentado.
La deuda política no es el enemigo que se plantea, tampoco el despilfarro y origen de todos los males. Debemos plantearnos con seriedad la reingeniería del sistema de financiamiento de partidos desde una visión progresiva, para que estos se consoliden y fortalezcan, no desde coyunturas que dan pie a que un tema como financiar la democracia se use para polarizaciones que terminan en actos anti pluralistas. El asunto es claro: sin financiamiento público la cancha será más dispareja y afectará la pluralidad democrática.
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