Al notificar hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos su Opinión Consultiva OC-31/2025, que reconoce la existencia de un derecho autónomo al cuidado, quiero compartir las palabras que pude dirigir, en representación del Estado costarricense, a los jueces de la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada en marzo del año pasado.

Agradezco al Canciller Arnoldo André y al equipo jurídico que preparó el escrito de posición del Estado, especialmente a José Carlos Jiménez Alpízar, talentoso jurista que actuó en representación de nuestro país.

La Opinión Consultiva ratifica la ruta emprendida por Costa Rica y confirma mi empeño como ministra en construir en estos 3 años el SINCA: un sistema de cuidados de vocación universal, perspectiva de largo plazo y enfoque de ciclo de vida.

Intervención realizada por la ministra Yorleny León Marchena, en representación del Estado costarricense, en la audiencia pública sobre la Opinión Consultiva No.31.

Honorables jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es para mí un honor dirigirme ante ustedes con ocasión de la opinión consultiva sobre el derecho al cuidado solicitada por la República de Argentina.

Nuestro país tiene una larga tradición de respeto al Derecho Internacional, los Derechos Humanos y el fortalecimiento de los Sistemas de Protección Social como pilares de nuestro Estado Social de Derecho.

Hablo hoy en nombre del Estado costarricense, pero también lo hago en representación de las miles y miles de mujeres que, a lo largo de la historia, de generación en generación a través de los siglos, en cada rincón de nuestra geografía, con su invisibilizado trabajo dedicado a los cuidados, sostuvieron e hicieron posible los progresos materiales que ha experimentado nuestra sociedad.

Hablo también en nombre de las personas que han requerido, que requieren y que requerirán servicios de cuidado, pues sus demandas no son otras que las del ejercicio del derecho a una vida digna.

Iniciamos esta intervención afirmando que, para el Estado costarricense, el cuidado es la actividad principal que asegura la vida, sostiene las relaciones económicas y, en suma, es el pilar central de la vida social.

No hay crecimiento económico posible sin políticas de cuidado de vocación universal, perspectiva de largo plazo y enfoque de ciclo de vida. Es la discusión alrededor de los cuidados un debate sobre el uso del tiempo, sobre la división sexual del trabajo y el derecho de las mujeres a participar de la vida económica y social en igualdad de condiciones.

Es por ello significativo que nos reunamos esta tarde —cuatro días después de celebrarse el Día Internacional de la Mujer— a expresar, desde esta pequeña república centroamericana, que el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado existe, que debe ser reconocido, que debe ser desarrollado también por los instrumentos normativos nacionales e internacionales, y que su tutela es el único camino posible para un Estado social moderno, que tenga en el centro de sus esfuerzos la dignidad y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos que lo habitan.

Los cuidados —fundamento y base de la vida social— son un trabajo que genera valor público que también debe ser reconocido.

En Costa Rica, por ejemplo, desde hace más de 8 años inició en el Banco Central el cálculo de la cuenta satélite de trabajo doméstico no remunerado, que incorpora el cuidado directo, indirecto y las precondiciones para el ejercicio del cuidado. La cuenta satélite del año 2017 señalaba que todas esas actividades ejercidas en la informalidad, y en su inmensa mayoría por mujeres, podrían sumar un valor público de 25,3 puntos del PIB. Todo este trabajo no remunerado, en realidad, es una transferencia de valor hacia otras actividades económicas que el cuidado posibilita.

En ese marco, Costa Rica ha dado algunos pasos en la construcción de sistemas nacionales de cuidados que contribuyen en la redistribución de la carga social de cuidados.

Nuestro país cimienta su paz en la democracia, el respeto a los Derechos Humanos y un Sistema de Protección Social que ha permitido alcanzar indicadores de desarrollo económico, garantizando a la vez una cobertura educativa plena, un acceso universal a los servicios de salud, servicios públicos de amplio alcance y estándares de protección ambiental que hacen sostenible nuestro modelo de desarrollo e inclusión social.

En el año 2010 nació la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, sistema de articulación pública de servicios de cuidado, que tiene el propósito de procurar el desarrollo integral de niñas y niños y promover la corresponsabilidad social del cuido.

Nuestra Red de Cuido ha alcanzado una cobertura de más de 66 mil niñas y niños y su impacto y alcance como política pública exitosa es hoy ampliamente reconocida.

Sin embargo, nuestro país enfrentará, mucho antes que los demás países de la región, el desafío demográfico de duplicar la cantidad de adultos mayores en el ya muy cercano 2050. Esto supondrá una demanda creciente de servicios de salud y también una mayor demanda de servicios de cuidados.

Es por ello que, desde el 2021, con la promulgación de la Política Nacional de Cuidados y, más recientemente, con la entrada en vigencia de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Cuidados para Personas Adultas y Adultas Mayores en Situación de Dependencia (SINCA), en Costa Rica nos aprestamos a edificar un sistema de servicios y productos de apoyo que nos permita no solo atender con servicios de calidad la demanda de cuidados, sino contar con servicios para que las personas cuidadoras accedan a programas de formación y capacitación, servicios de respiro y, progresivamente, a la seguridad social.

Cuenta nuestro país con dos sistemas de cuidado: la Red de Cuido infantil y el SINCA para personas mayores con dependencia. Ambos sistemas tienen la misión de contribuir en la atención de la demanda social de cuidados.

Albergamos la esperanza de que esta opinión consultiva sea ocasión propicia para que el estándar interamericano de derechos humanos avance en la consolidación del cuidado como derecho esencial para la vida; colocando en el centro de las políticas públicas también a esas miles y miles de personas que cuidan sin que su trabajo sea socialmente visibilizado, formalmente remunerado y sus saberes reconocidos.

Nuestra Red de Cuido y nuestro SINCA tienen aún muchos retos por delante.

Sin embargo, hemos aprendido que la construcción de políticas de cuidado es un trabajo que requiere paciencia pedagógica y esperanza indeclinable. Caminamos acompañados y acompañadas por la certeza de que nuestros esfuerzos de hoy consolidarán ese contrato social del futuro, que no será otro que el de la redistribución de la carga social de cuidados.

Honorable tribunal: cierro la intervención del Estado costarricense señalando que esta opinión consultiva puede ser histórica, que el impacto de esta decisión en las generaciones que vendrán es probable aún no lo dimensionemos adecuadamente.

Es por ello que nos convoca aquí hoy la absoluta convicción de que los deberes del Estado derivados de la justicia social son ineludibles e impostergables. Muchas gracias.

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