La lucha contra la corrupción y la libertad de expresión están sensiblemente relacionadas. El argumento debe iniciar con algunos datos relevantes sobre Costa Rica: el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, reportaba que para el 2021 el país se ubicaba como número 5 del mundo mientras que para el año 2025 se ubicó como número 36 del mundo; por otra parte, el Índice de Percepción de la Corrupción de "Transparency International" ubicó al país en el 2021 como número 39 del mundo y para el 2024 (registro más reciente) fue 42 del mundo. En ambos índices, el país ha desmejorado su posición en el último lustro y no es mera coincidencia, ambos van de la mano.

Cuando se realizan encuestas de percepción sobre la corrupción, lo usual es que algunas personas reporten cierta tolerancia hacia la corrupción y cuando se amplía sobre las razones por no denunciar, pueden surgir dos: desconocimiento sobre cómo hacerlo y, dependiendo de su contexto, temor a represalias.

Dentro de las estrategias para luchar contra la corrupción tanto las empresas privadas como las instituciones públicas tienen el gran desafío de fortalecer los canales de denuncia para que las personas sepan cómo utilizarlo y además se otorguen garantías a los denunciantes como por ejemplo aspectos relacionados con el anonimato y confidencialidad de la información. También, debe acompañarse de un proceso investigativo serio que arroje resultados porque el canal de denuncias no debe ser un fin en sí mismo, debe garantizar efectividad.

La transparencia obliga a otorgarle a la ciudadanía canales de denuncia accesibles, entendibles y confiables para contrarrestar el desconocimiento asociado a un engranaje burocrático con distintas instituciones que podrían participar. Otros países han optado por centralizar la comunicación con el denunciante a través de un único canal y es ahí donde se activa la institucionalidad para investigar. No existe una única receta.

Por otra parte, el "temor a represalias" es más complejo de abordar y normalmente está relacionado a particularidades del potencial denunciante y su entorno. Dentro de su ámbito laboral, una persona puede abstenerse de realizar una denuncia por temor a sufrir persecuciones como por ejemplo traslados, horas extras, permisos, cualquier tipo de acoso, incluido el despido.

Desde la contratación pública, un oferente o proveedor puede abstenerse de denunciar por temor a perder licitaciones a futuro. Lo anterior también se relaciona con la efectividad y eficiencia del canal de denuncias para garantizar confianza así como evitar cualquier tipo de persecución.

En caso de que no existan situaciones de contexto que vinculen al denunciante con la institución o las personas implicadas, ¿Debería también tener ese sentimiento de miedo? Aquí, cobra importancia la libertad de expresión. Podría tenerse el mejor canal de denuncias con todas las garantías que sí las personas no tienen la seguridad de criticar a un político de turno, mucho menos la van a tener para denunciar actos de corrupción directos o indirectos que puedan manchar su gestión.

La institucionalidad democrática debe recobrar más fuerza que nunca, debe proteger a la ciudadanía ante los abusos de los políticos de turno y ante cualquier intento de coartar la libertad de expresión.

Cuando el sistema democrático se va moviendo hacia la autocracia y el político de turno se convierte en político permanente, las instituciones más bien están a su servicio para activar la burocracia en contra del ciudadano que estorbe; si tiene un negocio, le ponen trabas, se le complica la reactivación de los permisos, le cae cuanta auditoría exista en tributos o cualquier otra materia hasta que encuentren algo. Resultaría mejor no meterse con el gobernante, ver para el otro lado y obedecer.

Cuando no hay libertad de expresión ni tampoco una institucionalidad que la proteja, la lucha contra la corrupción se convierte en cuestión de amigos o enemigos, en donde quien desate la furia del gobernante y caiga en "desgracia" sufrirá las consecuencias. En ese escenario, la ciudadanía si tendrá un temor legítimo a sufrir represalias si denuncia la corrupción pública y más bien termina propiciándose ante su aceptación generalizada. El clima de impunidad termina arraigándose por completo.

Una sociedad sin corrupción es una utopía, siempre existirá el delito. Pueden ubicarse momentos históricos en donde se combate con menor o mayor efectividad dependiendo de la voluntad política. Cualquier estrategia que no empodere y le de confianza a la ciudadanía para señalar irregularidades es completamente inútil.

Una sociedad que le otorgue a sus gobernantes herramientas para silenciar todo lo que les incomoda es una sociedad más corrupta. El silencio termina convirtiéndose en sinónimo de miedo y obediencia, abriendo la puerta para que los controles, los pesos y contrapesos pierdan toda relevancia favoreciendo el clima de la impunidad y eliminando cualquier presión a la rendición de cuentas.

Debe llamar la atención la pérdida de posiciones del país en los indicadores de libertad de prensa y percepción de la corrupción. Esta tendencia viene acompañada con mayores limitaciones para ofrecer espacios seguros a la ciudadanía para denunciar la corrupción con confianza de no sufrir represalias. En resumen: si no se puede criticar, mucho menos se puede denunciar, un gobernante que reprime la crítica será intolerante a las denuncias.

Si las personas se sienten con total libertad de criticar o denunciar actos de corrupción, aún existe confianza en la defensa de las instituciones democráticas ante la furia de un gobernante. Caso contrario, la ciudadanía verá para otro lado, siguiendo con total temor y obediencia al gobernante, derrumbando la democracia para materializar el sueño de muchos.

Sin democracia no hay libertad de expresión, sin libertad de expresión no existe la lucha contra la corrupción.

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