El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, por unanimidad, la renuncia de Stephan Brunner Neibig al cargo de primer vicepresidente de la república, tras largas horas de intensa discusión y controversia sobre el procedimiento adecuado para tramitar su salida.

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, estableció mediante una resolución que las renuncias del presidente o vicepresidentes deben someterse a votación, basándose en una interpretación del artículo 121 de la Constitución y un fallo de la Sala Constitucional de 1992. La decisión generó una apelación del oficialismo, encabezada por Pilar Cisneros, quien alegó que la práctica histórica del Congreso no requería votación. La apelación fue rechazada y la resolución de Arias quedó en firme como normativa para futuros casos similares.

Durante el debate, diversos legisladores se enfrentaron en torno al alcance jurídico del término “conocer” en la Constitución. Varias intervenciones también se centraron en cuestionar el desempeño del vicepresidente, su implicación en un caso de financiamiento electoral ilegal, y su escasa relevancia dentro del gobierno.

Una vez aprobada la renuncia, el plenario vivió un nuevo cruce entre oficialismo y oposición por un comentario atribuido a Pilar Cisneros, quien habría dicho: “Tanta paja que hablaron, para esto”, lo cual fue considerado una falta de respeto al debate legislativo. Diputados como Kattia Cambronero, Cynthia Córdoba y Ariel Robles exigieron respeto y el restablecimiento de normas básicas de convivencia parlamentaria.

A continuación un repaso de la jornada de este lunes en el plenario:

La resolución de Arias

Tras la controversia de la semana pasada sobre si la renuncia de Brunner debía votarse en el Congreso o no, el presidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez emitió una resolución que detalla el procedimiento que, en adelante, deberá seguir la Asamblea cuando renuncien los vicepresidentes o el propio presidente de la república.

Según dicha resolución, cuando alguno de esos funcionarios su carta será incluida en la agenda del plenario legislativo, se le dará lectura y la someterá a discusión y posterior votación. Para esos efectos, la primera parte de la sesión se tendrá extendida hasta las 7:00 p.m. para la votación final de la renuncia.

En la etapa de deliberación cada congresista tendrá 15 minutos para hacer uso de la palabra, sin embargo, si al ser las 6:55 p. m. aún quedan diputados en el uso de la palabra, se declarará el asunto "suficientemente discutido" y se procederá a la votación pública y electrónica.

Arias sustentó su relación con los artículos 121 inciso 8) y 124 de la Constitución Política, su interpretación de la palabra "conocer", la cual señaló no se refiere únicamente a "tomar nota" sino a "abocarse, informarse, analizar y resolver", así como con la sentencia 1435-1992 de la Sala Constitucional, en la cual la mayoría de la Sala indicó "que la renuncia que de su cargo presente un miembro de los supremos poderes -excepción hecha de los Ministros- debe ser conocida y votada por la Asamblea".

La apelación del oficialismo

Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo, presentó junto a varios miembros de su fracción una moción de apelación a la resolución de Arias, afirmando que durante más de tres décadas el Congreso ha tramitado la renuncia de los miembros de los supremos poderes únicamente sometiéndola a lectura del plenario, sin necesidad de una votación.

Cisneros sustentó la apelación en criterios de la Procuraduría General de la República (PGR) que señalan que la renuncia es un "acto unilateral que no requiere aceptación", el artículo 56 de la Constitución Política referido a la libre elección de trabajo, y la resolución 2714-E-2007 del Tribunal Supremo de Elecciones en la que se dijo que obligar a un funcionario a permanecer en un puesto que ya no quiere violaría el derecho al trabajo, aunado a que "una situación de esta naturaleza no es propia del trabajo libre, sino más bien de una servidumbre incompatible con el Estado de Derecho".

Al defender la apelación, la jefa del oficialismo calificó la resolución del presidente como "absolutamente arbitraria y antojadiza", insistiendo en la jurisprudencia del TSE cuando renunciaron los vicepresidentes Kevin Casas y Laura Chinchilla durante el segundo gobierno Arias Sánchez.

¿Qué cambió? Nada. ¿Qué fue lo que cambió? Que en este caso no son vicepresidentes de Liberación Nacional. Eso es lo que ha cambiado. Entonces ahora, este señor [Arias] pretende someter a votación algo que nunca se ha sometido a votación. Y les recuerdo otra cosa: cuando renuncia Laura Chinchilla y Kevin Casas, ¿quién era el ministro de la presidencia? El señor que está sentado ahí al frente [Arias]. ¿Y dijo algo? ¿Y le pareció que eso no era procedente? ¿Y le pareció que debía someterse a votación? No, de ninguna manera, porque a Liberación Nacional hay que ponerle las cosas a la medida. Entonces, el señor que se rasga las vestiduras, que él es el adalid de la defensa de la institucionalidad, de la Constitución y de las leyes, las interpreta sin tener ningún derecho legal de hacerlo, las interpreta a su manera como le conviene. Y por eso estamos apelando esta resolución".

Las diputadas oficialistas Ada Acuña Castro y Paola Nájera Abarca emplazaron a Arias para que revelara quién lo había asesorado para emitir esa resolución, en especial luego de que Delfino.cr revelara la semana pasada un clip del plenario en el que el presidente, al haber dejado el micrófono abierto, se le oye conversar con el director del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, Fernando Campos Martínez. En esa conversación, Campos afirmó haber incluido la mayor parte de los argumentos jurídicos de "Rubén" (el constitucionalista Rubén Hernández), pero que había algunos que no "calzaban".

Pese a reiterados pedidos, Arias ignoró dicha solicitud de aclaración y en su lugar defendió su resolución argumentando que era su responsabilidad velar por la Constitución Política, y que él no quería participar de actividades político-partidistas, ni discutir si en años atrás se usó un criterio diferente.

Yo estoy actuando en defensa de la Constitución y las leyes de la República. Y en ese sentido me siento tranquilo de dar esta interpretación para que queden en actas de esta Asamblea Legislativa".

La apelación fue rechazada con 23 votos a favor y 25 en contra, sin embargo la diputada María Daniela Rojas Salas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) interpuso una moción de reconsideración y criticó que quienes hayan votado en contra de la apelación "siguen alimentando el discurso que tiene el gobierno hacia muchas de las fracciones de oposición y hacia esta Asamblea Legislativa".

Si esto se tuviera que votar, el Tribunal Supremo de Elecciones no habría aceptado las renuncias ni de Luis Fishman, Kevin Casas, ni de Laura Chinchilla y le habría mandado a decir a la Asamblea Legislativa que se había equivocado. Y por favor, no me malentiendan, me parece que lo que el vicepresidente Brunner está haciendo es deshonroso, es irresponsable, y que voy a votar que se vaya, porque alguien que está en un gobierno que se ha dedicado a hablar de las élites políticas que sólo quieren vivir de la política, y que no ha terminado un puesto cuando ya se quiere venir a seguir viviendo de otro, no merece ninguno de los dos puestos. Es deshonroso e irresponsable. Pero de ahí a que esta Asamblea Legislativa quiera hacer diferencias odiosas que no nos ayudan en nada, compañeros, a la imagen que tiene esta Asamblea Legislativa y que tiene la institucionalidad, son cosas absolutamente distintas".

Rojas inclusive cuestionó la legitimidad de la presencia de la diputada Cynthia Córdoba Serrano, quien entró tras la renuncia (no votada) del diputado Jorge Dengo Rosabal.

Sometida a votación la moción de reconsideración, esta quedó rechazada con 22 votos a favor y 26 en contra, por lo que la decisión de Arias quedó en firme y regulará en adelante todas las renuncias de vicepresidencias y presidencias de la república, salvo que sea modificada o anulada posteriormente esa resolución.

Debate por el fondo

Al haber quedado en firme la resolución, inició la etapa de discusión por el fondo de la renuncia de Brunner.

La diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz dijo que votó en contra de la apelación del oficialismo porque su enfoque buscaba confrontación y show político, pero que tampoco estaba de acuerdo con el criterio de Arias de que la renuncia debía someterse a votación del plenario.

¿Qué pasa si este pleno decide no aceptar la renuncia al vicepresidente? ¿Lo vamos a condenar a un puesto, le vamos a coartar su libertad de que permanezca en un puesto aunque él no quiera estar ahí? (...) No está bien que un plenario legislativo obligue a un individuo seguir en un puesto donde evidentemente no quiere estar por las razones que sean, a mí me parece y reprocho la renuncia masiva que se hizo y me parece un tema de clientelismo político del más puro y duro, mas yo soy clara de que nosotros en este pleno no le podemos coartar la libertad a las personas, va en contra de nuestro mismo mandato".

La también diputada independiente Gloria Navas Montero defendió la resolución de Arias afirmando que la jurisprudencia de la Sala Constitucional era vinculante para todos, por lo que la decisión de someter la renuncia a votación no era antojadiza.

Tenga la plena seguridad, costarricense, que al señor Brunner no le vamos a negar que se vaya, yo al menos voy a votar que se vaya, porque ha sido un gobierno inútil, pero otra cosa es la interpretación correcta del derecho constitucional y aquí hay que estudiar en esta Aamblea Legislativa, hay que pensar y hay que ser muy responsables porque estamos frente a un cambio de gobierno, que tiene que ser el gobierno imbuido de la democracia, un gobierno imbuido del respeto de las libertades, un gobierno que pretenda hacer el bien y no dividir a la ciudadanía con discursos de odio".

El diputado oficialista Daniel Vargas Quirós cuestionó la decisión de someter a votación la renuncia del vicepresidente, alegando que la Constitución de 1949 eliminó la obligación de votar las renuncias de miembros de los Supremos Poderes, a diferencia de textos constitucionales anteriores. Según dijo, el cambio de redacción —de "recibir" a simplemente "conocer"— reflejaba la intención de los constituyentes de que no fuese necesaria una votación.

Por más interpretación que quieran darle a la palabra ‘conocer’, la Constitución cambió para eliminar la votación".

Vargas señaló que Rodrigo Arias había actuado de manera distinta en situaciones similares anteriores, recordando que en 1986 renunció a su cargo sin que se votara su renuncia, y que durante su gestión como Ministro de la Presidencia se tramitó sin votación la renuncia de dos vicepresidentes, en circunstancias que calificó como "funcionales políticamente".

También mencionó los casos recientes de renuncias de altos funcionarios —como la del magistrado William Molinari Vílchez y la del diputado Jorge Dengo— que fueron aceptadas sin votación legislativa, por lo que acusó a Arias de preparar el escenario desde enero del 2025 para obstaculizar una eventual renuncia presidencial.

Asimismo Vargas señaló que la discusión que se estaba teniendo era fútil pues Brunner no tenía la obligación de renunciar al filo del 31 de julio anterior si deseaba postularse como diputado, pues el artículo 109 de la Constitución habla de la persona que sustituye en la presidencia al Presidente de la República, cosa que es distinta a una mención expresa a los vicepresidentes.

Fabricio Alvarado Muñoz, diputado de Nueva República criticó la decisión de someter a votación la renuncia del vicepresidente asegurando que el trámite era innecesario, improcedente y que convertía a la Asamblea Legislativa en un escenario de show político.

Nos estamos complicando solos. Tomamos decisiones que parecen más políticas que técnicas, y eso daña la imagen de la Asamblea Legislativa ante la opinión pública (...) El TSE ha sido claro: la renuncia es un acto unilateral que no requiere aceptación para surtir efectos jurídicos. Conocer no es aceptar. Es solo eso: conocer".

Alvarado alertó que, de haber prosperado un voto negativo, la Asamblea habría caído en la contradicción de limitar el derecho individual a renunciar de un funcionario electo, lo que calificó como una actuación "antojadiza e inmadura".

Estamos diciendo que si los diputados no aceptamos, entonces no puede renunciar. Eso es una barbaridad. Estaríamos limitando la libertad personal".

Asimismo, el legislador afirmó que la Asamblea se estaba convirtiendo en plataforma para darle nombre a alguien que había sido prácticamente un desconocido del gobierno, e ironizó en que Brunner había salido más en los medios por su renuncia que por su gestión.

La diputada socialcristiana Vanessa Castro Mora se desmarcó del debate jurídico sobre la renuncia del vicepresidente para centrar su intervención en una crítica personal y política contra el ahora exvicepresidente y, en general, contra lo que calificó como una gestión gubernamental "tremendamente cuestionada".

Castro cuestionó la notoriedad y el rol del vicepresidente, alegando que la ciudadanía ni siquiera sabe quién es. "¿Quién es el señor Brunner? Es un vicepresidente que si ustedes van a la calle, nadie sabe quién es. Y aquí lo hemos levantado para un lado y para otro", expresó.

La diputada enumeró una serie de hechos que, según dijo, comprometen seriamente la integridad del exvicepresidente:

  • Su papel como tesorero del partido Progreso Social Democrático durante la campaña de 2022, implicado en dos estructuras de financiamiento paralelas identificadas por el TSE.
  • Una acusación formal de la Fiscalía en junio de 2025 por supuesto financiamiento electoral ilícito, que incluyó una solicitud para levantar su inmunidad.
  • Un audio filtrado, reconocido por Brunner y el presidente Chaves, que evidencia conocimiento y aceptación de las irregularidades del fideicomiso usado como estructura paralela.
  • Su decisión de promover "La Póliza de la Vergüenza" para que el Estado pagara los gastos de defensa legal de altos funcionarios públicos en causas penales.
  • Su rol en la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional, hecho que es actualmente investigado por una posible violación a la autonomía institucional.

Donde se ha metido, lo poco que ha hecho lo ha hecho absolutamente mal. Es un señor tremendamente cuestionado que no va a salir ileso (...) Nos rasgamos las vestiduras por un tema legal hoy, pero hemos sido omisos ante violaciones a la ley en decretos, resoluciones y acciones del Ejecutivo. ¿Quién se ha levantado a hablar sobre eso? Muy pocos".

El diputado Eliécer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista, inició su intervención con una crítica a lo que consideró un patrón recurrente en la Asamblea Legislativa: reaccionar a provocaciones externas sin reflexión suficiente.

Esta Asamblea Legislativa, para variar, muerde todos los anzuelos que le lanzan".

Feinzaig defendió el derecho individual de cualquier persona a renunciar a su cargo como un principio básico de las democracias liberales, y calificó como propio de regímenes autoritarios la idea de supeditar ese derecho a otros principios constitucionales.

"Nadie puede ser obligado a sostener un trabajo en el que no desea estar", dijo. "Decir que la autonomía de la voluntad está por debajo de todos los demás derechos constitucionales es validar un régimen autoritario", agregó.

Aunque defendió el derecho de Brunner a renunciar, Feinzaig no dejó pasar la oportunidad de criticar su gestión y su papel dentro del gobierno. “Si se quiere ir, que se vaya. Para lo que hizo, no lo vamos a extrañar”, afirmó.

El legislador recordó declaraciones del exvicepresidente que ofendieron al sector exportador del país, diciéndoles que si no podían ser rentables con un colón artificialmente bajo, debían dedicarse a otra cosa; su involucramiento en el fallido plan de vuelos de bajo costo para Centroamérica, su papel como responsable del esquema ilegal de financiamiento de la campaña presidencial del actual mandatario, y el tema de la póliza de gastos legales de los jerarcas.

Feinzaig refutó el argumento central de quienes defendían que la Asamblea debía votar la renuncia, con base en una resolución de la Sala Constitucional de 1992, afirmando que ese caso no era equiparable.

La Sala dijo que solo se puede rechazar una renuncia cuando está viciado el consentimiento, es decir, si fue forzado a renunciar. No es el caso aquí (...) Lo que debimos haber hecho era conocerla, no votarla".

Feinzaig cerró su intervención con un ataque político al eventual nuevo partido que postularía a Brunner como diputado, señalando que ese movimiento estaría encabezado por un exvicepresidente que propuso un 30% de impuesto de renta a las MIPYMES, y acompañado por quien ideó, montó y encubrió el financiamiento ilegal de campaña del presidente Rodrigo Chaves.

El diputado Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio se pronunció en contra de someter a votación la renuncia de Stephan Brunner, señalando que se trataba de una acción innecesaria, pues el acto de renunciar es una expresión legítima de la autonomía de la voluntad, un principio que calificó de fundamental en el pensamiento político y filosófico.

Coincido con las reflexiones que en su momento hacía Kant sobre la autonomía de la voluntad... cuando alguien no quiere estar en un espacio, no tiene por qué estarlo".

Robles sostuvo que el precedente constitucional indica que solo sería válida una votación para rechazar una renuncia si existiesen dudas razonables sobre si esta fue realizada de manera libre y voluntaria, lo cual claramente no aplicaba en el caso de Brunner. Por tanto, consideró que la Asamblea no tenía otra opción que votar afirmativamente.

La única forma en que se podría votar en contra es si un diputado piensa que al señor le están obligando a renunciar… de otra forma, tiene que ser una votación completamente afirmativa".

Robles también se sumó a las críticas hacia la gestión de Brunner como vicepresidente: "Esto es lo que puedo decir de la trayectoria de don Stephan Brunner. Escuchen. Silencio. Nada”.

Señaló que el entonces vicepresidente solicitaba reuniones con diputados para discutir temas irrelevantes, como ideas "locas" sobre residuos, en momentos de alta tensión social y política en el país. Ironizó que no se sabía realmente de qué estaba renunciando, salvo del salario que percibía.

Yo no sé a qué está renunciando, honestamente se los digo… el salario, sí, pero no sé a qué más".

El legislador también se refirió a la implicación de Brunner en el caso de financiamiento electoral ilícito durante la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, citando un audio filtrado en el que Brunner admitía la existencia de un fideicomiso irregular y señalaba que los activos de ese mecanismo estaban “contaminados”. Asimismo, afirmó que el exvicepresidente, al haber conocido sobre aportes prohibidos de personas jurídicas, estaba obligado legalmente a denunciarlos, y al no hacerlo, incurrió en un delito sancionado con pena de prisión.

Robles aprovechó su intervención para señalar que figuras como Brunner solo son posibles en un sistema que ha sido erosionado por prácticas políticas cuestionables de partidos tradicionales como Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana:

Para que exista un Chaves, tiene que haber existido en la historia gente como los Arias, los Figueres, los Calderón".

Robles concluyó indicando que, aunque votaría afirmativamente la renuncia, consideraba innecesario haber sometido el tema a votación y que el debate fue desproporcionado, dado el bajo perfil político del vicepresidente.

Finalmente, la diputada Dinorah Barquero Barquero criticó a diputadas y diputados que, según dijo, restaban valor a las resoluciones de la Sala Constitucional. Sin embargo, ironizó que quien estaba "pintado en la pared" no era la Sala, sino el propio Brunner, pues, según dijo, ni siquiera logró conseguir votos para proyectos dentro de su propia fracción, lo cual, en su criterio, evidenciaba su irrelevancia política.

Se comprometió con don Eli a conseguir votos para vuelos baratos, y no pudo lograrlos ni siquiera en la fracción chavista… está claro quién está pintado en la pared".

Respecto a la interpretación constitucional, Barquero sostuvo que la palabra conocer, empleada en el artículo 121 inciso 8 de la Constitución Política, implica no solo enterarse, sino discutir y resolver, y por lo tanto, sí justifica una votación formal de la Asamblea Legislativa.

Conocer en derecho implica discutir e implica resolver… No es solo informar".

Argumentó que la votación no solo cumple con un procedimiento formal, sino que permite garantizar que la renuncia haya sido voluntaria y no producto de coacción. En ese sentido, dijo que permitir una votación brinda una oportunidad para que, si hubiera presión indebida sobre el vicepresidente, pudiera incluso considerarse una “notitia criminis” —es decir, el surgimiento de indicios de un delito.

Además, enfatizó que así como el vicepresidente asume su cargo mediante juramentación ante la Asamblea, también la Asamblea debe conocer formalmente su salida, por coherencia institucional y legal: “En derecho, las cosas se hacen de una manera y se deshacen de la misma manera”.

Finalmente, concluyó señalando que no tenía inconveniente con votar la renuncia, pues se trataba de un acto ritual que exige la Constitución, pero también deseó que Brunner pudiera resolver adecuadamente las situaciones judiciales o administrativas que enfrenta.

Que Dios lo acompañe, que le vaya muy bien y que salga bien librado de todas las situaciones que debe resolver".

La jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, intervino brevemente al final del debate para manifestar el voto afirmativo de su bancada en señal de protesta.

Quiero aclarar a nombre mío y de toda mi fracción que la vamos a votar en protesta, en señal de protesta absoluta. Estamos convencidos de que esto no tiene que votarse, como la jurisprudencia lo dice, la Constitución lo dice y las leyes lo dicen".

La votación

Tras aprobarse por unanimidad la renuncia de Stephan Brunner cerca de las seis de la tarde, se desató un nuevo conflicto entre el oficialismo y la oposición por un comentario atribuido a la diputada Pilar Cisneros Gallo. Según denunciaron varios legisladores, Cisneros dijo en voz alta: “Tanta paja que hablaron, para esto”, lo que fue calificado por varios diputados como una falta de respeto al debate parlamentario.

Kattia Cambronero pidió al presidente de la Asamblea un llamado al orden ante lo que calificó como una constante falta de respeto por parte de Cisneros:0

No puede ser que uno escuche a una diputada decir ‘tanta paja que hablaron para esto’ (...) Si no quiere escuchar una discusión, que se vaya del Parlamento".

Cambronero recordó que el parlamento existe para deliberar y que no puede normalizarse la vulgaridad ni el irrespeto.

Ariel Robles expresó resignación por los constantes actos de irrespeto: "Yo ya me aburrí de pedir respeto a la gente irrespetuosa, entonces mejor no esperar nada". Además, solicitó claridad sobre la fecha efectiva de la renuncia de Brunner, pues indicó que al haber sido presentada con efecto a partir del 1 de agosto —y no antes del 31 de julio—.

Cynthia Córdoba pidió que se restablezcan las normas básicas de convivencia en el plenario:

Si no han tenido educación en la casa, hay que proveérsela (...) saludo, buenos días, buenas tardes y el respeto debido a cada uno de nosotros".

La legisladora aseguró que ha sido víctima de actitudes irrespetuosas por parte de Cisneros y pidió sentar un precedente ante estos comportamientos reiterados.

La diputada oficialista Ada Acuña salió en defensa de Cisneros, a quien calificó como "la persona más respetuosa que he conocido en este plenario", criticó que las menciones a su compañera se hayan vuelto sistemáticas y acusó a la oposición de actuar coordinadamente para atacar su imagen:

Ya es suficiente, que dejen de tomar a la diputada Pilar Cisneros (...) No hay una sola discusión que no empiece o termine hablando de ella".

Breves

— La Comisión Especial que analiza la solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles y el ministro Jorge Rodríguez Vives acordó que su horario ordinario de sesiones sea los viernes a las 8 a. m. Asimismo, aprobó convocar en audiencia a ambos funcionarios, así como al fiscal general, Carlo Díaz Sánchez.

— En la sesión extraordinaria por la mañana solo se lograron conocer (y rechazar) cuatro mociones de fondo al proyecto de ley de jornadas de 12 horas. Quedan 2515 mociones pendientes de conocer.

Proyectos dictaminados

Este lunes no se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones.

Leyes publicadas

Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.