Muchas personas, cuando piensan en un médico especialista, se imaginan a alguien que estudió exclusivamente para atender una patología específica. Sin embargo, llegar a ser especialista en Costa Rica implica recorrer un camino largo, exigente y lleno de sacrificios.

Primero se deben cursar entre 5 y 6 años de medicina general. Luego, los egresados presentan un examen nacional de conocimientos básicos, donde solo una fracción de los mejores puntajes accede al proceso de selección para especialidades. Posteriormente, se realiza un segundo examen específico para cada especialidad, y nuevamente solo ingresan quienes obtienen las mejores calificaciones, de acuerdo con la capacidad formativa que tenga la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esta capacidad no es arbitraria: para formar un especialista, la Caja debe contar con hospitales equipados, suficientes pacientes y un número adecuado de médicos ya formados que puedan enseñar. Por ejemplo, para formar un oftalmólogo, se requiere que el residente participe en una cantidad mínima de cirugías bajo la supervisión de un especialista. Lo mismo ocurre con cada especialidad: el aprendizaje clínico requiere contacto directo con pacientes reales, acompañado por profesionales con experiencia.

La duración de las especialidades varía, pero algunas pueden extenderse hasta seis años. Sumados a los años de medicina general, estamos hablando de profesionales que dedican más de una década a su formación. Durante este tiempo, el médico en formación es llamado residente. Este trabaja en hospitales de la CCSS cumpliendo jornadas semanales de 44 horas, realiza guardias nocturnas y enfrenta una doble carga: la laboral, como cualquier otro funcionario de salud, y la académica, con exámenes constantes, redacción de casos clínicos, seminarios, presentaciones y participación en sociedades científicas.

Además, durante la residencia se deben pagar la matrícula universitaria y un seguro, y se descuenta mensualmente un porcentaje del salario como aporte al Fondo de Garantía de Retribución Social, que compromete al médico a trabajar para la CCSS durante varios años tras su graduación.

Una vez finalizada la residencia, el médico debe realizar un año de Servicio Social Obligatorio, muchas veces lejos del área metropolitana. Consideremos que, para ese momento, muchos ya tienen más de 30 años, parejas, hijos pequeños, y se ven obligados a participar en una rifa en la que descubren ese mismo día a dónde deberán trasladarse por ese año.

Luego del servicio social, inicia la retribución social: hasta tres años de trabajo en una plaza asignada por la institución. En ese periodo, es común que los médicos deban separarse de sus familias, perderse momentos importantes de la crianza de sus hijos o enfrentar limitaciones profesionales y personales significativas.

Y esto no termina ahí. Existen múltiples subespecialidades que requieren una especialidad previa, como cirugía reconstructiva, medicina del sueño o medicina extracorpórea pedíatrica. Esto implica aún más años de formación, una inversión de vida enorme, muchas veces a costa de lo personal.

¿Qué propone la ley 24.015?

El proyecto de ley 24.015, propuesto por la diputada María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), establece que toda persona que curse una especialidad médica en Costa Rica deberá trabajar obligatoriamente por 7 años en la CCSS (4 años en el caso de subespecialidades), como requisito para poder incorporarse como especialista al Colegio de Médicos y Cirujanos. Si no cumple ese contrato, deberá pagar una penalidad económica significativamente mayor al fondo de garantía actual, lo cual representa una deuda considerable para cualquier joven profesional.

¿Por qué nos oponemos?

Nos oponemos porque esta ley no resuelve los verdaderos problemas estructurales del sistema de salud pública, como la falta de incentivos, las condiciones laborales precarias o la distribución inequitativa de especialistas. En lugar de fortalecer la formación médica, impone condiciones más restrictivas, extendiendo desproporcionadamente la retribución obligatoria y generando un efecto desincentivador que podría alejar a futuras generaciones del camino de la especialización médica.

La ley afectará a quienes deseen continuar su formación médica, como los que aspiran a realizar subespecialidades. Estas personas estarían sujetas a un nuevo contrato con condiciones más severas, incluyendo cuatro años de retribución obligatoria adicional y la imposición de un “costo de oportunidad”, una penalidad económica considerable si no se completa el periodo establecido.

Equiparar la formación médica con una deuda es un retroceso. Esta propuesta limita la movilidad profesional, encadena a los especialistas por más tiempo y agrava la carga sobre quienes ya han hecho enormes sacrificios personales y familiares para servir a la salud del país.

En el caso de la cirugía general, existen numerosas subespecialidades directamente derivadas, como cirugía colorrectal, hepatopancreatobiliar, endocrina, de trauma, de trasplantes, entre muchas otras. Sin embargo, en Costa Rica solo se ofrecen cuatro subespecialidades quirúrgicas reconocidas oficialmente dentro del sistema de formación: cirugía plástica, oncológica, torácica y cardíaca. Esto obliga a los especialistas en cirugía general que desean continuar su formación a buscar oportunidades en el extranjero, muchas veces financiadas con sus propios recursos, con el fin de regresar al país y aplicar sus conocimientos en beneficio de los pacientes de la CCSS. Esta situación no es exclusiva de la cirugía: ocurre también en especialidades como pediatría, neurocirugía, ortopedia y anestesiología, donde la necesidad de formación avanzada supera la oferta local. El proyecto de ley 24.015 pondría en riesgo ese esfuerzo, al imponer condiciones contractuales que dificultarían o incluso impedirían que los médicos puedan acceder a subespecialidades en el exterior. En lugar de fortalecer el sistema de salud, esta ley limitaría el crecimiento profesional, desincentivaría la formación continua y cerraría la puerta a la innovación. Están poniendo una sentencia a la calidad y al nivel de atención médica.

Una solución equivocada

Costa Rica necesita más especialistas trabajando en la institución. Eso no está en discusión: tenemos listas de espera prolongadas y una demanda creciente de atención especializada. Pero, en lugar de incentivar la formación y ofrecer condiciones laborales dignas, este proyecto castiga a quienes quieren especializarse, con más años de obligatoriedad y sanciones económicas. Es una solución equivocada, que intenta corregir un problema estructural con medidas coercitivas, en lugar de con planificación, diálogo y justicia.

Los médicos residentes no pedimos privilegios. Pedimos coherencia, respeto a los derechos laborales y una visión humana del sistema de salud, que vea la formación médica como una inversión para el país, no como una carga que debe castigarse con contratos punitivos.

Muchas veces olvidamos que los médicos especialistas también somos mamás, papás, hijos e hijas, parejas, personas. Tenemos derecho a desarrollarnos plenamente, a tener una vida familiar, a progresar profesionalmente y a no ser tratados como propiedad institucional.

El caso de la doctora Ferrandino

Les presentamos el caso de la doctora Pao Ferrandino, médica que acaba de finalizar la especialidad en Geriatría, la cual se extendió a seis años debido a la pandemia. Durante la residencia, se embarazó. Hoy, su hija Camila es apenas una bebé.

El pasado 21 de julio se llevó a cabo la rifa del Servicio Social. Ese mismo día, la doctora se enteró de que deberá pasar un año trabajando en Ciudad Neily, lejos de su hogar y su familia. Lo más doloroso: tendrá que separarse de su hija. Y aún no sabe dónde tendrá que cumplir posteriormente con su retribución.

Su esposo, además, es actualmente residente de Infectología. Como el sistema no contempla la unidad familiar como un criterio de asignación, es muy probable que él sea enviado a otra provincia, alejándose aún más de su esposa y de su hija. Esta situación, que afecta a muchas familias médicas en formación, muestra cómo las decisiones institucionales, en lugar de cuidarnos, muchas veces nos fragmentan.

Tal vez, al poner un rostro humano y real a esta historia, podamos comprender mejor a quienes, desde hace años, cuidan de todos nosotros.

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