¿Puede la contratación pública ser usada como una herramienta para impulsar políticas públicas más justas, sostenibles e inclusivas? La respuesta es contundentemente afirmativa.
En Costa Rica, la contratación pública ha sido tradicionalmente concebida como un proceso técnico-administrativo cuyo propósito es satisfacer necesidades de bienes, servicios u obras en las instituciones del Estado. Sin embargo, ante los crecientes retos del desarrollo nacional; como la lucha contra la desigualdad, el desempleo, el cambio climático y la ineficiencia institucional; la contratación pública ha evolucionado hacia un enfoque estratégico que busca no solo adquirir bienes y servicios, sino también consolidar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, la equidad y la innovación.
Esta transformación se sustenta en el marco legal vigente, particularmente en la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986), que redefine el papel de la contratación estatal como una herramienta instrumental para el progreso económico, ambiental y social del país.
La Ley 9986 establece que toda actividad contractual con fondos públicos debe desarrollarse bajo el enfoque de compra pública estratégica (CPE), entendida como aquella que incorpora objetivos de política pública en los procesos de adquisición. En su artículo 20 señala expresamente:
Las contrataciones públicas servirán a la consolidación de políticas públicas tendientes al desarrollo social equitativo nacional y local, y a la promoción económica de sectores vulnerables, a la protección ambiental y al fomento de la innovación”.
Esta nueva visión responde también al hecho de que las contrataciones públicas son financiadas con los recursos que provienen de los impuestos que paga toda la ciudadanía. Por ello, deben ejecutarse con eficiencia, transparencia y responsabilidad, garantizando que cada colón invertido genere beneficios tangibles para la sociedad, contribuya al bienestar colectivo y fortalezca la confianza en las instituciones.
Además, la contratación pública juega un papel crucial en la ejecución de estrategias definidas en el marco de los planes nacionales, regionales, sectoriales e institucionales, como el Plan Estratégico Nacional 2050 (PEN 2050), el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP), los planes estratégicos institucionales (PEI) y diversas políticas públicas nacionales en temas como seguridad, niñez, género, salud, educación, entre otras.
La contratación pública representa una proporción significativa del gasto del Estado costarricense. Según el informe Government at a Glance 2023 Country Notes, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2021 esta alcanzó aproximadamente el 6,5% del PIB, frente a un promedio del 12,6% en los países miembros de la organización. Esta magnitud le confiere un enorme poder transformador. Por ello, más allá de limitarse a adquirir bienes y servicios al mejor precio, el Estado debe orientar sus contrataciones hacia objetivos estratégicos como el impulso a las pequeñas y medianas empresas, la protección del ambiente, la inclusión laboral de poblaciones en condición de vulnerabilidad y el fortalecimiento de las economías locales.
De acuerdo con el Manual de Implementación de las Compras Públicas Estratégicas (CPE) publicado por el Ministerio de Hacienda en el año 2024, este enfoque busca aprovechar el poder adquisitivo del Estado para promover el desarrollo nacional bajo principios de sostenibilidad. Tal como lo indica el artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Contratación Pública (Decreto Ejecutivo 43808-H), la CPE tiene como objetivos fomentar el desarrollo social equitativo facilitando la participación de Pymes, reducir la pobreza y generar empleo; promover la inclusión de sectores vulnerables respetando los derechos humanos y la diversidad; impulsar la protección ambiental mediante criterios como el ciclo de vida de los productos y el uso de energías limpias; y estimular la innovación en los procesos de compra pública.
Para lograr estos objetivos, el manual señala que es fundamental actuar bajo los principios de transparencia, integridad, objetividad y proporcionalidad, incorporando criterios sociales, ambientales, económicos e innovadores en los pliegos de condiciones y en el seguimiento contractual. Este enfoque estratégico inicia desde la planificación de cada contratación, etapa en la que deben formularse tres preguntas fundamentales:
- ¿Qué necesito satisfacer?
- ¿Para qué lo necesito?
- ¿Para cuándo lo necesito?
Estas interrogantes permiten alinear las contrataciones con los objetivos institucionales, garantizar su pertinencia y asegurar que respondan a resultados concretos de política pública. La implementación efectiva de la CPE transforma la contratación en una herramienta de alto impacto para alcanzar metas sociales, económicas y ambientales del país. Además, se promueve no solo la eficacia del proceso, sino también el cumplimiento del principio de “valor por el dinero”, asegurando que la necesidad pública se satisfaga de la mejor manera posible, con beneficios tangibles y sostenibles para la sociedad.
En el país cuenta con avances importante en el tema. Un ejemplo destacado es la publicación, en 2024, de la Guía de Criterios Ambientales para las Compras Públicas Estratégicas por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Este documento establece lineamientos técnicos para la definición y verificación de criterios ambientales en los procesos de evaluación de las CPE. Entre sus principales aportes, promueve la inclusión de ecoetiquetas, certificaciones de eficiencia energética y el análisis del ciclo de vida en los pliegos de condiciones. Estos mecanismos permiten que las instituciones públicas valoren productos y servicios que minimicen el impacto ambiental, fortaleciendo así la sostenibilidad en las contrataciones del Estado.
Asimismo, en 2024 el Ministerio de Hacienda publicó la Guía de Criterios de Innovación para las Compras Públicas Estratégicas y la Guía de Criterios Sociales y Económicos para las Compras Públicas Estratégicas, las cuales establecen los lineamientos a considerar para la incorporación de estos criterios en los procedimientos de contratación pública.
A pesar de los avances en el fortalecimiento en esta materia, aún persiste el desafío de consolidar una verdadera cultura de contratación estratégica en todas las instituciones del Estado. Muchas de ellas continúan ejecutando procesos contractuales con una lógica meramente administrativa, desvinculada de sus objetivos de desarrollo institucional. Uno de los obstáculos más significativos es la escasa articulación entre la planificación institucional y la gestión contractual.
El Informe sobre contrataciones con criterios de sostenibilidad del I semestre de 2023, elaborado por la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, reveló que solo 206 de las 429 instituciones usuarias del SICOP incorporaron criterios estratégicos en sus procesos, y que muchas de estas no especificaron ni aplicaron adecuadamente dichos criterios en los sistemas de evaluación. Además, se evidenció una predominancia del precio como factor de decisión y una aplicación inconsistente de criterios ambientales, sociales, económicos o de innovación, lo que limita el impacto transformador de las compras públicas.
Ante este panorama, es indispensable fortalecer las capacidades técnicas del personal que participa en todo el proceso de compras públicas. Paralelamente, debe implementarse un sistema de monitoreo y evaluación que permita medir el impacto de las contrataciones en términos de inclusión social, innovación y sostenibilidad. Este sistema debe incluir indicadores verificables, mecanismos de retroalimentación y espacios de mejora continua, preferiblemente articulados con el Sistema Nacional de Planificación. Finalmente, es fundamental garantizar la transparencia y la verificación objetiva de los criterios estratégicos, promoviendo la rendición de cuentas y la generación de valor público.
Para que las CPE sean efectivas, es indispensable vincular los procesos de contratación con los objetivos estratégicos del desarrollo nacional, asegurando su coherencia con instrumentos como el PEN 2050, el PNDIP y las políticas sectoriales. Según lo señalado en el Plan Nacional de Compra Pública publicado por el Ministerio de Hacienda, en el año 2024, esto implica diseñar criterios técnicos alineados con la política pública y con los cuatro ejes estratégicos de la contratación: integridad, socioeconómico, ambiental e innovación. Asimismo, se requiere fortalecer la articulación interinstitucional entre las unidades de planificación, presupuesto y compras, promoviendo una gobernanza colaborativa que facilite la toma de decisiones basada en evidencia.
A través de la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, el país ha establecido un marco normativo robusto que permite integrar criterios sociales, ambientales, económicos e innovadores en los procesos de adquisición. Sin embargo, el éxito de esta transformación depende de la capacidad institucional para aplicar estos criterios de forma rigurosa, transparente y alineada con los objetivos nacionales. La contratación pública estratégica no solo maximiza el valor por el dinero, sino que también impulsa el desarrollo sostenible, la equidad y la innovación, consolidando el rol del Estado como agente activo en la construcción de bienestar.
En definitiva, la contratación pública en Costa ha dejado de ser una simple gestión administrativa para convertirse en una poderosa herramienta estratégica del Estado, capaz de orientar el desarrollo nacional. Bien utilizada, puede dinamizar la economía, promover la justicia social, combatir el cambio climático y fortalecer las capacidades institucionales. Si el país logra implementar la compra pública estratégica de manera transversal, articulada y efectiva, no solo se optimizará el uso del erario público, sino que se avanzará hacia un modelo de desarrollo más justo, inclusivo y sostenible. Gobernar también es decidir cómo se gasta. Y gastar bien es gastar con propósito.
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