La Cámara señaló que realizó múltiples advertencias a los legisladores sobre esta iniciativa, pero que "muy pocos han atendido el llamado". 

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) manifestó su profunda preocupación, por medio de un comunicado de prensa, ante un proyecto de ley (expediente 24.215). que consideran que "a pesar de las buenas intenciones de brindar excepciones a la Benemérita Cruz Roja Costarricense en temas de contratación, presenta riesgos potenciales para el sector público".  

El texto, aprobado en primer debate el pasado 27 de marzo, según lo que indicó la Cámara, permitiría una "peligrosa flexibilización" en los procedimientos de contratación, lo que abriría la puerta a la denominada “contratación a dedo” por parte de las instituciones del Estado. Esto ocurriría sin un proceso licitatorio transparente ni la debida fiscalización de los contratos por parte de organismos internacionales, lo que comprometería la selección de la mejor oferta y el uso eficiente de los recursos públicos, añadió la CCC.

El director ejecutivo de la Cámara, Randall Murillo, manifestó:

Es fundamental realizar un análisis profundo sobre las consecuencias que esta  reforma podría acarrear. El riesgo de abrir un “portillo” a prácticas que  comprometan la transparencia, el control y la fiscalización es considerable. De aprobarse en su forma actual, esta reforma tendría un impacto negativo en la  integridad de las contrataciones públicas y en el manejo adecuado de los  recursos del Estado”.

La CCC recordó y respaldó las preocupaciones expresadas por la Contraloría General de la República durante su intervención en la Comisión de Asuntos Sociales, donde advirtió sobre los riesgos de permitir que entidades como la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sean contratadas por el Estado costarricense bajo las nuevas disposiciones. En esa misma línea, la Cámara detalló que UNOPS opera como un contratista o proveedor más del Estado costarricense, sin que exista ningún componente de cooperación internacional involucrado y sus servicios se financian con fondos públicos. Además, indicó que "esta entidad se ha caracterizado por su poca transparencia y por exceder los plazos y costos en los proyectos que ha tenido a cargo".

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Murillo agregó:

Es importante aclarar que la contratación pública y la cooperación internacional son dos conceptos muy distintos. Mientras que la Ley General de Contratación Pública regula específicamente las actividades contractuales que emplean fondos públicos; la cooperación internacional se rige por principios del Derecho  Internacional Público, y no debería ser confundida con un proceso de contratación. Por lo que una reforma a la Ley de Contratación Pública no debe interpretarse como un instrumento para regular la cooperación internacional”.

La Cámara hizo un llamado urgente a las diputaciones para que reconsideren y modifiquen la redacción de dicho proyecto de ley, ya que "el impacto negativo que esta iniciativa podría tener en el control y fiscalización de la Hacienda Pública sería perjudicial para el país, al debilitar los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública. La gestión de fondos públicos debe estar sujeta a los más altos estándares de  transparencia y eficiencia, y cualquier reforma que ponga en riesgo estos principios debe ser cuidadosamente evaluada y ajustada".