Un informe del ente defensor revela que la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo opera con personal y presupuesto insuficientes.

La Defensoría de los Habitantes advirtió que la limitada capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pone en riesgo la fiscalización efectiva del cumplimiento de la legislación laboral en el país.

Según un informe del ente defensor, la DNI cuenta con apenas 103 funcionarios —80 personas inspectoras y 23 coordinadoras— para atender a una población trabajadora superior a 1.6 millones de personas. Esto equivale a un inspector por cada 15.220 trabajadores, una proporción que, a criterio de la Defensoría, es insuficiente. Por ello, recomienda aumentar al menos en un 50 % el recurso humano disponible. La situación es aún más crítica en oficinas regionales, donde algunas operan con solo un coordinador y un inspector, y otras, como la sede regional Brunca, carecen completamente de personal inspector.

El estudio también señala una disminución sostenida en el presupuesto de la DNI desde 2019, lo cual ha afectado la contratación de personal, la renovación de la flotilla vehicular, el abastecimiento de suministros básicos y el mantenimiento de las oficinas. Incluso, algunas sedes enfrentan órdenes sanitarias por condiciones inadecuadas. La oficina de Quepos, por ejemplo, se encuentra en proceso de cierre por ese motivo.

Pese a que el artículo 679 del Código de Trabajo establece que el 50 % de las multas recaudadas por infracciones laborales debe destinarse a la DNI para fortalecer sus sistemas de inspección, la Defensoría advierte que estos recursos no han sido asignados desde 2019.

Ante esta situación, el ente defensor recomendó al MTSS revisar con urgencia las causas por las que no ha recibido ese dinero y, de corresponder, ejecutar las gestiones administrativas necesarias para su inmediata asignación. Asimismo, sugiere valorar la apertura de una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades y establecer acciones correctivas.

Finalmente, la Defensoría considera indispensable fortalecer la planificación estratégica y la ejecución de los recursos, incluyendo la reasignación de personal desde otras oficinas y la creación de nuevas plazas que respalden la gestión de inspección laboral en el país.