La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dado un paso histórico al declarar, mediante la Opinión Consultiva N.° 32, la emergencia climática constituye una crisis de derechos humanos. Este pronunciamiento marca un precedente jurídico para América Latina y el Caribe, al establecer una relación directa entre la protección del medio ambiente, los derechos de la naturaleza y la salvaguarda de los derechos fundamentales de las generaciones actuales y futuras ante las variaciones climáticas que sufre el planeta.

El documento es el resultado de un proceso participativo sin precedentes que reunió más de 260 aportes provenientes de juventudes, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, activistas climáticos y Estados. Estas contribuciones reflejan una creciente preocupación regional por los impactos del cambio climático sobre los derechos humanos, en especial sobre las poblaciones más vulnerables. La Corte subraya que los Estados están obligados a prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, como parte integral de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Para Costa Rica, este pronunciamiento representa un llamado urgente a la acción climática. El reconocimiento jurídico de la emergencia climática implica la necesidad de replantear y fortalecer el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas ambientales. Aunque el país ha sido reconocido internacionalmente por sus esfuerzos en sostenibilidad, cada vez más surgen interrogantes a la falta de accionar institucional en temas como el cambio Climático. Actualmente, el país se encuentra en proceso de actualización de su segunda Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), lo que representa una oportunidad crucial para alinear sus objetivos climáticos con los estándares de derechos humanos establecidos por la Corte.

No basta con compromisos sobre el papel. Es hora de que las políticas públicas sean traducidas en acciones concretas a nivel local, nacional y regional. La acción climática debe dejar de ser una aspiración para convertirse en una obligación ética, legal y política. La opinión de la Corte refuerza la responsabilidad de los Estados, pero también abre la puerta a la exigencia ciudadana por un futuro justo, sostenible y respetuoso de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática.

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