Dedicado a mi abuelo, Hugo Ávila, quien amaba la belleza de la costa de Puntarenas pero siempre observaba las olas desde la orilla; y a mi tía, la Dra. Marta Ávila (“Tía Marty”), cuya danza de bailarina sigue viva en la memoria de las arenas costeras de Costa Rica.

Existe una creciente y profundamente preocupante brecha entre la imagen que Costa Rica proyecta ante la comunidad internacional y la realidad que enfrentan quienes trabajan en ciencia oceánica y conservación marina dentro del país. A nivel mundial, Costa Rica es elogiada con frecuencia como pionera en gobernanza ambiental y protección marina. Sin embargo, a nivel interno, las voces científicas son sistemáticamente ignoradas, las comunidades costeras excluidas de una participación significativa, y la crítica constructiva es desalentada o desestimada. Esta contradicción se vuelve cada vez más visible—y cada vez más perjudicial.

El ejemplo más reciente es la participación de Costa Rica en la Tercera Conferencia sobre los Océanos en Niza, Francia. Como parte de la comunicación oficial en torno al evento, el canciller Dr. Arnoldo André Tinoco y la directora General de Política Exterior, Sra. Gina Guillén Grillo, reiteraron el compromiso del país con la “diplomacia azul”, afirmando: “El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará trabajando con compromiso a través de la diplomacia azul, conscientes de que el papel que hemos asumido en la protección del océano implica la responsabilidad de continuar esforzándonos en pro de una economía azul, que tenga como centro el bienestar de las personas y la salud y buena gobernanza del océano, fuente de vida y pulmón del mundo, para heredar un planeta habitable a las futuras generaciones”.

Esta visión es loable. Pero para que tales palabras tengan verdadero peso, deben estar respaldadas por acciones correspondientes en el ámbito nacional. En su lugar, lo que se observa es una erosión constante de las estructuras y principios fundamentales para materializar esa visión.

En 2022, la actual administración desmanteló el Viceministerio de Aguas y Mares, una institución clave del Ministerio de Ambiente y Energía encargada de formular e implementar la política oceánica nacional. Esta decisión debilitó significativamente la capacidad interna del país para gestionar sus recursos marinos y envió un mensaje desalentador a la comunidad científica.

Para 2023, las preocupaciones aumentaron cuando el gobierno inició un estudio de factibilidad para explorar el restablecimiento del arrastre de fondo—una práctica pesquera destructiva que había sido prohibida tras años de investigación y defensa por parte de grupos ambientalistas y pescadores artesanales. La propuesta de revivir este método nocivo sorprendió a muchos y sugirió un alejamiento del enfoque preventivo y conservacionista que alguna vez definió el liderazgo ambiental de Costa Rica.

Simultáneamente, el país guardó silencio ante amenazas internas urgentes como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), a pesar de informes creíbles sobre embarcaciones extranjeras que se sospecha operan ilegalmente en aguas costarricenses. No se presentó un plan de acción nacional integral y los esfuerzos de fiscalización parecieron fragmentados y con escaso financiamiento. Esta inacción contrasta marcadamente con la enérgica defensa que hace Costa Rica de la gobernanza oceánica y la pesca sostenible a nivel global.

Asimismo, el gobierno reafirmó su compromiso nacional con la conservación de la biodiversidad marina en el marco del objetivo 30x30, promovido a través de la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas—liderada por Costa Rica, Francia y el Reino Unido—mediante el lanzamiento del Fondo Azul, un mecanismo financiero para respaldar los esfuerzos de conservación oceánica.

Sin embargo, estas declaraciones contrastan fuertemente con decisiones adoptadas a nivel nacional. Al mismo tiempo, el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) propuso ampliar la lista de especies marinas de interés comercial de 34 a 234. Este cambio drástico genera serias preocupaciones sobre sostenibilidad, control regulatorio y la salud a largo plazo de los ecosistemas marinos. Contradice directamente los objetivos de conservación como el 30x30 y expone cómo los intereses económicos están siendo priorizados por encima de la evidencia científica y la responsabilidad ambiental.

Otro ejemplo reciente de esta disonancia surgió en marzo de 2024, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas seleccionó a Costa Rica y Nueva Zelanda como cofacilitadores del proceso global para abordar la subida del nivel del mar, según lo estipulado en la Decisión 78/544. Si bien esta selección reconoció la histórica reputación de Costa Rica como líder ambiental, también puso de manifiesto la creciente brecha entre su discurso diplomático y su realidad interna. ¡Costa Rica aún no ha propuesto ni implementado un plan nacional coherente para enfrentar los impactos reales y crecientes del aumento del nivel del mar en sus propias costas! Mientras los diplomáticos promueven la gobernanza marina en el extranjero, las comunidades costeras nacionales sufren consecuencias tangibles. En Cahuita, las mareas crecientes han erosionado aproximadamente entre 30 y 50 metros de playa en la última década, han inundado infraestructura costera y obligado a las comunidades a reconstruir caminos—en ocasiones sobre pilotes—para mantener el acceso. En Puntarenas, datos anecdóticos y científicos advierten que la ciudad—que se encuentra a solo 5 metros sobre el nivel del mar—podría enfrentar una semi-inmersión en las próximas décadas. Mientras tanto, la Ruta 23 cerca de Caldera está amenazada, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) evalúa opciones de espigones y diques protectores debido a la erosión costera persistente.

En este contexto, el lenguaje de la “diplomacia azul” se siente cada vez más vacío. No basta con proclamar metas ambiciosas en conferencias internacionales mientras se desmantelan instituciones en casa y se silencian a los expertos que poseen el conocimiento necesario para proteger nuestros ecosistemas marinos. La verdadera medida del liderazgo es la coherencia entre el principio y la práctica. No se puede abogar por la sostenibilidad en el escenario global mientras se socava en el ámbito nacional.

Costa Rica se ha ganado su lugar como voz respetada en la diplomacia ambiental global no mediante declaraciones grandilocuentes, sino a través de la acción, la ciencia y la claridad moral. Si deseamos preservar ese legado, debemos restaurar con urgencia la coherencia entre nuestra política exterior y nuestra gobernanza interna. Esto implica restablecer instituciones lideradas por expertos, garantizar una toma de decisiones transparente e inclusiva, y reconocer la experiencia de nuestra comunidad científica—no solo en el extranjero, sino especialmente aquí en casa.

El océano no puede protegerse únicamente con retórica. Requiere valentía, humildad y un compromiso por escuchar—a los científicos, a las comunidades y a los propios ecosistemas. Hasta que no alineemos nuestras acciones nacionales con nuestras promesas internacionales, el liderazgo global de Costa Rica en gobernanza oceánica seguirá siendo una proyección, no una realidad.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.