El pasado viernes 25 de abril, la presentación oficial del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola 2025-2030 sorprendió a gran parte del sector pesquero-costero. Elaborado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), este documento traza una hoja de ruta ambiciosa hacia el año 2030. No obstante, más allá del optimismo exhibido durante su lanzamiento, el éxito del plan dependerá de la capacidad institucional para articular esfuerzos y enfrentar desafíos históricos que aún persisten.
En su concepción, el plan incorpora la visión acuícola de la “Transformación Azul” promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), integrando la maricultura, la innovación tecnológica y el reconocimiento de la equidad de género. Sin embargo, al igual que el plan de la administración Chinchilla-Miranda (Decreto N° 37587-MAG), persisten vacíos estructurales preocupantes: la falta de un sistema de información pesquera robusto, débil capacidad institucional, carencia de datos científicos y estadísticas confiables, limitada participación social efectiva, así como la ausencia de métodos modernos de trazabilidad, como la instalación de observadores a bordo o un seguimiento satelital fortalecido. De este modo, la sostenibilidad corre el riesgo de quedar reducida a un mero discurso.
Uno de los vacíos más evidentes es la omisión de estrategias específicas para el sector de pesca turística y deportiva. Esta actividad, lejos de ser marginal, representa un 33,6 % de las licencias vigentes, superando a todas las categorías comerciales individuales, salvo la pesca de pequeña escala. Además, se estima que genera cerca de 500 millones de dólares anuales, sostiene a miles de familias costeras y para en los últimos años aportó aproximadamente el 75 % del total recaudado por Incopesca en licencias (INCOPESCA-PE-0825-2022), operando con una fracción del esfuerzo pesquero extractivo. A pesar de su peso económico y ecológico, el Plan se limita a reconocer su existencia sin articular acciones concretas para su fortalecimiento.
La exclusión de la pesca turística y deportiva contradice los compromisos asumidos bajo el Objetivo de Desarrollo Sostenible (8, 12 y 14) que promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos mediante actividades sostenibles. El turismo de pesca, basado en prácticas de captura y liberación, no solo tiene el potencial de conservar las poblaciones de peces, sino que también dinamiza los encadenamientos productivos locales, contribuyendo al bienestar de las comunidades costeras.
En este contexto, resulta especialmente contradictorio y preocupante que, por ejemplo, mientras el plan prevé una inversión de ₡378 millones en el Proyecto de Mejora Pesquera de Pelágicos Costa Rica (Fishery Improvement Project, FIP), enfocado a la pesca de tiburones, picudos, atunes y dorados, no se haya destinado financiamiento específico para fortalecer la pesca turística y deportiva.
La omisión sistemática de este sector no constituye un simple descuido técnico: revela una desconexión profunda entre las políticas públicas y las fuentes de desarrollo sostenible en comunidades de Guanacaste, Puntarenas y el Caribe costarricense. Se margina a quienes también "se parten el lomo" dinamizando nuestras zonas costeras. Este error estratégico erosiona la confianza pública especialmente en regiones donde la pesca deportiva constituye un pilar de subsistencia y desarrollo. Así lo advirtió en el 2024 el Estado de la Nación, al señalar la profunda desconfianza que prevalece hacia INCOPESCA y otras autoridades públicas por parte del sector pesquero artesanal y deportivo. Esta perspectiva también se refleja en el documental lanzado esta semana llamado Voces del Mar.
Aunque el Plan 2025-2030 proclama la importancia de la "participación ciudadana", no introduce nuevos mecanismos de gobernanza participativa ni espacios que fortalezcan la legitimidad de las decisiones en el ámbito pesquero.
La falta de apoyo estructural a la pesca turística y deportiva no solo representa una oportunidad perdida para promover la sostenibilidad marina y el desarrollo económico costero, sino que también cuestiona la equidad y la coherencia de las políticas públicas en el sector. Si Costa Rica aspira a consolidarse como un líder regional en economía azul, resulta imperativo corregir esta omisión e impulsar proyectos de mejora específicamente diseñados para este subsector pesquero.
Construir oportunidades para las futuras generaciones no será posible si continuamos invisibilizando sectores clave. Apostar por la pesca turística y deportiva no es una concesión; es una estrategia inteligente para conservar nuestros ecosistemas marinos, diversificar la economía costera y fortalecer la legitimidad de la gestión pública en el océano.
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