Evaluación de Mideplán confirma impactos positivos en reducción del hacinamiento, ahorro fiscal y menor probabilidad de reincidencia entre personas monitoreadas.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) presentó los resultados de la evaluación del Programa de Monitoreo Electrónico (PME), una iniciativa que busca reducir el hacinamiento carcelario y mejorar la reinserción social de personas con delitos menores, mediante el uso de dispositivos electrónicos en lugar de enviarlas a prisión.

Dato D+: El Programa de Monitoreo Electrónico fue creado en 2014 bajo la Ley 9271, y utiliza dispositivos electrónicos como alternativa a la prisión para personas con medidas cautelares o sentencias, evitando consecuencias negativas como la pérdida de empleo o la ruptura familiar.

Según indicaron desde Mideplán, la evaluación del PME destaca resultados significativos en varios ámbitos:

  • En 2023, el programa permitió reducir en 5,4% la población carcelaria, contribuyendo directamente a aliviar el hacinamiento.
  • Generó un ahorro económico estimado en ₡31 millones de colones diarios, al sustituir la prisión tradicional por el uso de monitoreo electrónico.
  • Para finales de 2024, se contabilizaron 1705 personas bajo esta medida, reflejando un crecimiento del 23% en su cobertura.
  • El 54,2% de las personas monitoreadas respetaron las condiciones impuestas, aunque se identificó el 44,1% de incumplimiento, principalmente, en casos relacionados con delitos contra la propiedad como hurtos o robos.

Adicionalmente, la evaluación identificó retos importantes. Uno de ellos es la complejidad del programa, ya que combina personas en distintas situaciones jurídicas (como medidas cautelares o sentencias), lo que dificulta la evaluación individual de los resultados. También, se observa la necesidad de mejorar la selección de personas beneficiarias, enfocándose en quienes presentan condiciones más favorables para su reinserción.

En este sentido, dentro de las principales recomendaciones formuladas por Mideplán, se propuso la actualización del marco legal y operativo, con criterios más claros sobre el perfil de las personas que pueden ingresar al programa. Asimismo, se planteó robustecer la Unidad de Monitoreo Electrónico mediante la incorporación de personal especializado y el mejoramiento de los recursos tecnológicos. También, se destaca la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos, garantizando que cada inversión tenga un impacto social significativo.

Desde Mideplán destacaron que en respuesta a estos retos, el Ministerio de Justicia iniciará un proceso de investigación y revisión integral sobre los aspectos normativos, operativos y poblacionales del Programa de Monitoreo Electrónico, con el respaldo técnico de Mideplán, y aseguraron que esta colaboración interinstitucional buscará fortalecer el PME, dotándolo de criterios más claros, eficaces y acordes con las exigencias actuales del sistema penal.

La ministra de Planificación y Política Económica, Marta Esquivel Rodríguez, señaló:

Esta evaluación es una muestra del compromiso del Estado con una política pública basada en evidencia. El monitoreo electrónico es una solución moderna y eficiente que debe ser perfeccionada para garantizar su sostenibilidad y mayor impacto en la seguridad ciudadana”.

Por su parte el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, manifestó:

Tenemos un sistema eficiente, con un índice de reincidencia muchísimo más bajo entre quienes lo usan y a mucho mejor costo. Recordemos que este Gobierno logró bajar el precio de cada tobillera electrónica de $17 a $7.20 por día por cada dispositivo a solo siete dólares diarios, con mayor alcance tecnológico y multired. En el Ministerio de Justicia seguimos creyendo que esta es una herramienta que bien utilizada, podría resolvernos de manera significativa y generarnos muchísima contención y por eso, a partir de este mes de mayo estará trabajando reforzada de manera regional, es decir en varias zonas del país”.

Mideplán concluyó que el Programa de Monitoreo Electrónico representa una alternativa efectiva para un sistema penitenciario más humano, económico y orientado a la reintegración social.