Este es un tema que ha generado reflexión en los últimos años y que, sin duda, continuará preocupándonos en el futuro, especialmente a la luz de las tendencias políticas que se observan en el mundo actual. Vemos con preocupación cómo ciertos “seudopolíticos” ascienden al poder con un discurso aparentemente orientado al bienestar del pueblo, mientras ocultan intereses personales, familiares o de pequeños grupos privilegiados.

Un ejemplo claro de esta tendencia se evidenció en la toma de posesión del presidente Donald Trump, donde la fila de multimillonarios se situó detrás del mandatario y por delante de su gabinete ministerial. Fue un símbolo poderoso del inicio de una oligarquía: el gobierno de los más ricos, para los más ricos. La concentración de la riqueza reflejada en esa escena en el Capitolio no tenía precedentes y marcó el papel central del dinero en la política estadounidense reciente.

Históricamente, la oligarquía ha sido enemiga de la democracia. En la antigua Atenas, hacia el año 86 a.C., la ocupación romana permitió que el poder quedara en manos de un consejo formado por ricos, quienes compraron el apoyo popular mediante lujos y obras ostentosas. El filósofo Aristóteles advertía a los demócratas sobre la necesidad de evitar que los ricos impulsaran proyectos costosos e inútiles. Lo que alguna vez fue una democracia terminó siendo una oligarquía.

¿Podría Costa Rica seguir un camino similar al de Atenas o al de los Estados Unidos? La historia y la política de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua o incluso El Salvador, donde se vislumbran riesgos similares, nos hacen pensar que no se trata de una amenaza lejana ni desconocida.

Una estrategia común en estos procesos ha sido desprestigiar la democracia y sus instituciones, debilitarlas desde adentro para luego instaurar gobiernos que operan como negocios personales. Es preocupante cómo estos nuevos actores políticos se alían y, poco a poco, erosionan hasta los derechos fundamentales. Un ejemplo reciente es la llegada a Costa Rica de personas expulsadas de Estados Unidos por razones étnicas o migratorias, sin el debido proceso judicial, como resultado de decisiones autoritarias en aquel país.

“Nunca antes, en una toma de posesión presidencial, se había visto a los cinco hombres más ricos del mundo presentes, incluyendo al más acaudalado de Europa. Nunca un gabinete ministerial había estado tan representado por millonarios.”

Es cierto que, históricamente, los grandes empresarios han tenido influencia en los gobiernos. Sin embargo, en una democracia, el poder debe usarse para proteger el interés general, el bien público. Cuando el poder se concentra en unos pocos, se impone una lógica de dominio económico y político sobre la mayoría ciudadana.

En el caso de Costa Rica, quienes hemos servido en uno de los Poderes de la República, el Judicial, vemos con dolor cómo esta institución es atacada sistemáticamente. Lamentablemente, parte del pueblo aplaude y respalda estos ataques, sin entender el daño que se causa. El debilitamiento inicia con la reducción de oportunidades para la profesionalización del personal judicial, que ha sido históricamente un ejemplo en la región. Organismos internacionales como la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales, la ONU, y la OCDE han reconocido el sistema judicial costarricense como modelo de gestión y respeto a los derechos.

Sin embargo, no solo se limita el desarrollo interno de esta institución, sino que se ataca su credibilidad ante la opinión pública. La reducción presupuestaria ha afectado seriamente la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

A esto se suman reformas legales como la Ley de Empleo Público, que debilita los procesos de contratación y selección del personal más capacitado. También se pretende incidir en el tema de jubilaciones y pensiones, ejerciendo presión incluso sobre los magistrados de las salas de casación, cuyas reelecciones podrían condicionarse a la alineación con intereses externos, extendiéndose este impacto a todos los niveles del Poder Judicial.

En este contexto, el ambiente de precampaña política no contribuye al fortalecimiento institucional. Actualmente, muchas decisiones en la Asamblea Legislativa se toman en función del cálculo electoral y no del interés nacional. Esta situación se repite cíclicamente en cada periodo presidencial, haciendo que la lucha por preservar la democracia parezca interminable.

Sin embargo, como costarricenses y especialmente como funcionarios del Poder Judicial, no debemos ceder ante estos ataques. Debemos seguir firmes en nuestros principios y en la defensa del Estado de Derecho. Nuestra democracia no es perfecta, pero es un valor que debemos proteger y fortalecer cada día.

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