En 2009, cuando apenas iniciábamos el proceso de creación del Movimiento Fotocopiando para Estudiar, don José Merino (Q.E.P.D.) nos presentó el proyecto de ley 17.342 a un grupo de estudiantes. Este proyecto buscaba restaurar el derecho al acceso a la educación y la cultura mediante el uso de material fotocopiado, recurso indispensable para muchos jóvenes de escasos recursos que no podían costear la enorme cantidad de libros requeridos. En ese entonces, el acceso a internet era mucho más limitado que hoy.

Recuerdo perfectamente la pregunta que le hice:

—Don José, ¿cómo piensa aprobar un proyecto así con la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa? Apenas habían pasado dos años desde el referéndum del TLC, y la ley que originó este problema formaba parte de la Agenda de Implementación de ese tratado comercial.

Don José respondió con seguridad:

—He presentado 60 proyectos de ley. ¿Saben cuántos se han aprobado? Solo dos, pero un proyecto de ley es un caballo de batalla.

Entonces comprendí que, para impulsar este proyecto, debíamos dialogar con todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa (PLN, Movimiento Libertario, PAC, Restauración Nacional, Renovación Costarricense, PUSC) y con todos los sectores vinculados a la educación. También nos reunimos con Casa Presidencial y enviamos varias notas. Finalmente, logramos que el proyecto se aprobara por unanimidad. El veto de la entonces presidenta Laura Chinchilla quedaría para otro momento.

El pasado lunes 5 de mayo de 2025, durante el discurso del presidente Rodrigo Chaves en la Asamblea Legislativa, fue preocupante escuchar a la exministra de Educación Pública, Ana Katarina Müller, decir:

Presidente, más carga tenemos, y me siento orgullosa de los logros que dejamos en el Ministerio de Educación, porque don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, no sabe que la ruta sí existe, ¡solo que no me dio la gana publicarla para que ellos la despedacen!”

Estas declaraciones evidencian una actitud egocéntrica, individualista y discriminatoria. La señora Müller no solo privó a los diputados de contar con el instrumento de la “Ruta de la Educación”, sino que también negó su acceso a los diversos sectores vinculados a la educación y a la población en general. Se reservó la ruta solo para ella.

Es importante recordarle que la educación es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad. En Costa Rica, la política pública educativa se ha construido gracias a largos procesos de discusión y consenso entre diversos sectores.

Además, la “Ruta de la Educación” es un documento público, y no se puede negar su acceso a quienes lo soliciten, como lo garantizan las leyes que regulan la función pública. La más reciente es la “Ley Marco de Acceso a la Información Pública,” que entró en vigor en noviembre de 2024, cuando Müller aún era ministra. Parece que la exministra desconoce las implicaciones legales de sus acciones y declaraciones.

Leyes como esta, junto con la “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito,” buscan garantizar transparencia en la administración pública y evitar actos de corrupción. Si una ministra de Educación oculta información pública intencionalmente, como admitió en sus palabras, surge la pregunta: ¿qué otra información ha sido ocultada?

Lo más preocupante fue la indiferencia del presidente Rodrigo Chaves, quien, ante una consulta periodística sobre las declaraciones de la exministra, respondió que no se referiría a la opinión de una exfuncionaria porque “ya no es su jefa” y “no se involucraría en ese debate,” aunque reconoció que le tiene un gran aprecio.

Toda persona que ha sido funcionaria pública tiene una responsabilidad legal de cinco años sobre las acciones cometidas durante su gestión. En el caso de la señora Müller, ocultar información pública de forma intencional es un acto grave con claras implicaciones legales y políticas. Rodrigo Chaves debería denunciar esta conducta ante las instancias correspondientes; de lo contrario, estaría fomentando un delito y contraviniendo el deber de probidad que debe respetar todo funcionario público.

Sabemos que esto no ocurrirá. La tónica de esta administración ha sido imponer cada vez más trabas al acceso a la educación y la cultura. Para 2026, el gobierno anunció una reducción presupuestaria en educación, alejándola aún más del 8% constitucional, lo que incrementará la discriminación y desigualdad para los sectores más vulnerables.

No podemos permitir que la educación siga siendo utilizada como herramienta política a espaldas del pueblo. La transparencia, el acceso a la información y la equidad deben ser no solo principios, sino acciones concretas en nuestra democracia.

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