Alguna gente menosprecia la actividad agropecuaria, usando el limitado argumento de que el agro aporta relativamente poco al producto interno bruto (PIB), en comparación con otros sectores de la economía. La noción de que el aporte relativo de una actividad al PIB es una medida de su beneficio para la sociedad, es equivocada. Hay sectores que aportan poco a ese indicador, pero son estratégicos, como el suministro de agua y de electricidad o la construcción. El agro también es estratégico, más allá de lo macroeconómico, por su aporte a la paz social, al ambiente y a la salud de las personas por medio de la nutrición.
La alimentación costarricense se sustenta en la producción nacional de granos básicos, frutas, verduras, carnes, huevos, pescados, lácteos y sus derivados. Antes de la “Ruta del Arroz”, el 70% de nuestra canasta básica era producida en Costa Rica. Esa “ruta” en dos años llevó a la ruina a cientos de productores, redujo a la tercera parte la producción nacional de arroz, impactó negativamente las finanzas del gobierno y no tuvo beneficios para la población en general. A diferencia de lo que está pasando hoy, la política arrocera impulsada en 2015 resultó en aumentos de productividad de arroz (de 3,7 a 4,5 toneladas por hectárea) y en una disminución del precio del grano de consumo popular (de 650 a 608 colones por kg). Una verdadera ruta del arroz, ética y bien pensada, enmarcada dentro de una política para garantizar la seguridad alimentaria a partir de la producción nacional.
Como parte de esa política, durante los años 2014 a 2022, se pusieron en práctica programas para mejorar la productividad, mejorando la disponibilidad de agua e impulsando la digitalización de la agricultura, de los cuales empiezan a verse los primeros frutos. Se promovió también la tecnología postcosecha, con modernas bodegas climatizadas para frijol, construidas por el CNP, inauguradas en marzo 2022 (reinauguradas en 2023). Como apoyo financiero al sector, en ese período se quintuplicaron las colocaciones en el agro del sistema de Banca para el Desarrollo, y se diversificaron los seguros agropecuarios.
La actividad agropecuaria también contribuye con el ambiente. Entre estas contribuciones, destaca la mitigación de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento de la atmósfera y el cambio climático. Nuestra producción ganadera se ha venido transformando hacia la carbono-neutralidad, sin perder productividad, mediante procesos iniciados durante la administración de Laura Chinchilla, y continuados y profundizados en las administraciones subsiguientes. Lo mismo ha sucedido con la caficultura.
Otro hito agroambiental de esos años fue la creación en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) del Departamento de Producción Orgánica, en 2018. Los datos muestran una tendencia al alza en el área de cultivos orgánicos en Costa Rica en los años subsiguientes. Vemos hoy con sorpresa que el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense denuncia el desmantelamiento de ese departamento.
La actividad agropecuaria contribuye con la paz social de Costa Rica, puesto que da trabajo en forma directa a más de 200.000 personas, alrededor de 10% de la fuerza laboral de Costa Rica. A esto hay que sumarle los empleos indirectos, ligados a los diferentes encadenamientos que genera la actividad, como la agroindustria, el agroturismo y los servicios a la agricultura. Se estima que, entre empleos directos e indirectos, el agro genera alrededor de 500.000 puestos de trabajo, principalmente en zonas rurales. Para potenciar ese impacto social, se promovió el emprendimiento rural, ligando la producción agropecuaria a programas como Tejiendo Desarrollo y Puente al Desarrollo. Ese ligamen contribuyó al éxito de esos programas, con los cuales la pobreza rural se redujo en seis puntos porcentuales. También se favoreció la producción nacional al multiplicar por seis (de 13.000 a 80.000 millones de colones) las compras del Consejo Nacional de Producción (CNP) a las organizaciones productoras agropecuarias, dinamizando la economía de las zonas rurales.
La actividad agropecuaria está expuesta a diversas amenazas que, en consecuencia, ponen en peligro la paz social. Entre ellas destacan el clima, las plagas y la competencia desleal con otros países productores. Por esta razón, en el período 2014-2022 se defendió la producción nacional de esas amenazas. Se detuvo el proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico, que conllevaría una desprotección inconveniente para nuestro agro, por la disparidad salarial entre Costa Rica y los países miembros de la alianza, entre otros temas. Por ejemplo, con el dinero que aquí se contrata un trabajador agrícola, en México o Perú se contratan dos, y en Colombia casi tres. Se aplicaron estrictos controles fito y zoosanitarios para impedir la entrada a nuestro territorio de destructivas plagas que aquí no tenemos. Se desarrollaron prácticas de adaptación al cambio climático, entre las que se destaca el megaproyecto denominado Programa de Abastecimiento de Agua para la Cuenca media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), el cual habilitará 19.000 hectáreas para riego al oeste del Tempisque, y resolverá el abastecimiento de agua para las poblaciones de esa zona por los próximos 50 años. El proyecto se gestó en la administración Solís Rivera, y quedó aprobado y financiado desde la administración Alvarado Quesada, pero su avance ha sido lento en esta administración.
Se acercan las elecciones, y todos los partidos declaran que apoyarán al agro, aún aquellos que en el pasado contribuyeron a desmantelarlo. Sin embargo, todos sabemos que las acciones dicen más que las palabras: es claro cuál partido ha apoyado de verdad al sector agropecuario. Uno cuyas siglas coinciden con un hipotético Partido Agropecuario Costarricense.
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