Según la denuncia la resolución R-13-2025 habilitó el traslado voluntario de personal de la UCR al salario global, en contra de lo que establece la Ley Marco de Empleo Público.

El exjefe de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica (UCR), David Fallas Redondo, presentó al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, una denuncia en contra del rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, por las resoluciones R-13-2025 y R-75-2025 que firmó para reformar la aplicación del Reglamento del Régimen Salarial Académico.

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En el caso de la primera resolución la denuncia señala:

La resolución R-13-2025 parece abrir la puerta para que personas que no sufrieron un cambio de puesto ascendente después del 10 de marzo de 2023 (fecha en que entró a regir la Ley Marco de Empleo Público) sean trasladadas al Régimen Salarial Académico, lo cual iría contra el texto de la ley”.

La denuncia añade que "según la información periodística, ya hay casos de traslados a salario global, sin que se cumpla la referida condición legal", debido a que la legislación vigente no habilitó el traslado voluntario de personas de salario compuesto a salario global.

El Transitorio XI de la Ley Marco de Empleo Público (Ley 10.159) establece que las personas que reciban un salario compuesto inferior al salario global de su puesto, se trasladarán al salario global hasta que su remuneración alcance el monto del salario global correspondiente. Mientras que el artículo 36 del reglamento de esa ley (Decreto 43952) señala que también aplicará el cambio en esquema de salario cuando se dé un ascenso posterior a la entrada en vigencia de la ley, por lo que la denuncia señala que haber habilitado el traslado voluntario de personal de la UCR a salario global, sin que se cumplieran las condiciones previstas en la ley y el reglamento podría constituir el delito de prevaricato.

Dato D+: El artículo 357 del Código Penal señala que el prevaricato se da cuando un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos, y tiene una pena de dos a seis años de prisión.

Con relación a la resolución R-75-2025 la denuncia indica que esta "permitía incrementar el salario de 22 puestos administrativos de confianza, designados por el rector. Esta decisión de Araya Leandro se realizó sin contar con estudios técnicos, pues los mismos fueron solicitados después, según consta en el oficio R-1355-2025".

Adicionalmente, la denuncia reconoce que el rector revocó dicha resolución, previo a que entrará en vigencia, pero considera que también podría calificarse como un acto de prevaricato.

La denuncia presentada solicita que también se investigué a los integrantes del Consejo Universitario de la UCR que en diciembre de 2023 aprobaron el Reglamento del Régimen Salarial Académico, que fueron:

  • Carlos Araya Leandro (representante de Sedes Regionales).
  • Eduardo Calderón Obaldía (representante de Ingeniería).
  • Jaime Caravaca Morera (representante de Salud).
  • Ana Patricia Fumero Vargas (representante de Artes).
  • Germán Vidaurre Fallas (representante de Ciencias Básicas).
  • Ana Carmela Velázquez Carrillo (representante de Ciencias Agroalimentarias).
  • Natasha García Silva (representante estudiantil). 
  • Valeria Bolaños Alfaro (representante estudiantil). 

Según la denuncia presentada "el Reglamento en mención podría haber sido aprobado como forma de catapultar a Carlos Araya Leandro para que alcanzase el cargo de rector de la Universidad de Costa Rica y que hay personas que votaron a favor de ese Reglamento para beneficiarse a sí mismas", por lo que considera que para esas personas se podría estar ante varios delitos contemplados en la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito (Ley 8422), como:

  • Administración en provecho propio, sancionado con penas de uno a ocho años de cárcel.
  • Tráfico de influencias, sancionado con penas de dos a cinco años de cárcel.
  • Reconocimiento ilegal de beneficios laborales, sancionado con penas de tres meses a dos años de cárcel.
  • Influencia en contra de la Hacienda Pública, sancionado con penas de dos a ocho años de cárcel