Entidad sostiene que para garantizar la sostenibilidad de los programas sociales es fundamental adoptar un enfoque centralizado.
En una investigación de la Defensoría de los Habitantes, sobre el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, se analizaron 11 programas sociales a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Salud.
Dato D+: Entre los programa analizados están: Extramuros e Intramuros de la Dirección Nacional CEN-CINAI; Avancemos, Transferencias Monetarias Condicionadas para personas menores de edad trabajadoras, Asignación Familiar H, Prestación de Alimentos K, Atención a familias y Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del IMAS; programa de Acogimiento Familiar, Becas de Adolescente Madres y Centros Infantiles de Desarrollo y Atención Integral (CIDAI) del PANI.
Para el ente defensor no hay duda que todos estos programas están orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y que se consolidan como un componente clave dentro de la estructura institucional del país.
La investigación, no obstante, logró determinar una inadecuada o limitada planificación presupuestaria, así como la carencia de registros administrativos completos y precisos, que incluyan clasificadores específicos para contabilizar a las personas beneficiarias, priorización por regiones, además de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan garantizar que las asignaciones se utilicen de manera adecuada y oportuna.
La Defensoría indicó que la falta de estos elementos, generan barreras en el acceso equitativo a los servicios. Esto, a su vez, afecta la capacidad de las instituciones para cumplir de manera efectiva con sus objetivos programáticos y compromisos normativos.
La institución destacó la importancia de centralizar las transferencias monetarias en el IMAS, para mejorar la coordinación y evaluación de los programas sociales. En detalle, consideran que ha quedado evidenciado que la dispersión de los programas entre diversas entidades dificulta su articulación y la medición de sus efectos en la población beneficiaria.
La centralización, a criterio de la Defensoría de los Habitantes, permitirá optimizar recursos, fortalecer la gestión administrativa y garantizar una mayor efectividad en la implementación de políticas sociales orientadas a la reducción de la pobreza y la inclusión social.
Destaca de la investigación, que el IMAS cuenta con una herramienta para el control, con información unificada, como lo es el SINIRUBE. En este se obtiene los registros administrativos, los cuales podrían disminuir duplicidad en las transferencias monetarias, ser más eficientes y eficaces, sin eliminar la razón de ser de los programas de cada institución.
Para garantizar la sostenibilidad y efectividad de los programas sociales es fundamental adoptar un enfoque centralizado, que de forma integral incluya la realización de análisis de costeo actualizados, considerando las variaciones en el costo de vida a nivel regional y el impacto de la inflación, señalaron.
Asimismo, se deben de establecer indicadores que permitan monitorear de forma continua el desempeño de estos programas en la población beneficiaria, así como llevar a cabo evaluaciones periódicas que faciliten la identificación de áreas de mejora. En paralelo, calificaron de esencial que estos programas se analicen considerando las condiciones específicas de la población destinataria, utilizando herramientas como la ENAHO, que proporciona datos a nivel nacional sobre quiénes requieren estos apoyos.
