Principio de legalidad financiera impide al Estado realizar gastos no autorizados por ley.

La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que el Estado no puede utilizar fondos públicos para contratar pólizas de responsabilidad civil cuyos beneficiarios directos sean funcionarios como el presidente, vicepresidentes, ministros o viceministros.

Así lo estableció en el oficio DFOE-CAP-0885-2025, emitido este 7 de mayo, en respuesta a una consulta realizada por el Ministerio de Hacienda.

La CGR afirmó que cualquier póliza de responsabilidad civil, financiada con fondos públicos, cuyo beneficiario directo sea el funcionario en lo personal y no la administración carece de sustento legal, pues es contrario a los principios de legalidad financiera, razonabilidad, justicia y prevalencia del interés general.

El órgano contralor señaló que la contratación de seguros estatales solo puede tener como fin proteger a la administración pública por eventuales daños causados en el ejercicio de sus competencias, pero en ningún caso cubrir o trasladar responsabilidades personales de los funcionarios. En ese sentido, enfatizó que “la contratación de seguros no puede ser utilizada como un mecanismo para trasladar al erario responsabilidades personales de los funcionarios”.

La respuesta de la Contraloría parte de la premisa de que el régimen de responsabilidad personal de los servidores públicos está respaldado por el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera y el artículo 11 de la Constitución Política, los cuales exigen que los funcionarios respondan con su propio patrimonio en caso de dolo o culpa grave en el ejercicio del cargo.

“La mencionada caución debe ser sufragada únicamente con el patrimonio del funcionario y no puede ser sustituida por seguros de responsabilidad civil que adquiera la institución”, señaló el documento.

Además, la CGR recordó que el principio de legalidad financiera impide al Estado realizar gastos no autorizados por ley y que el interés público debe prevalecer siempre sobre los intereses particulares.

El gobierno de Rodrigo Chaves ha intentado por meses contratar una póliza que cubra la responsabilidad civil de los altos miembros del Ejecutivo, a pesar de los criterios jurídicos negativos sobre ese tema.

Previamente, la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda emitió el criterio jurídico N.° MH-DJ-OF-1433-2024 del 22 de noviembre del 2024, en el cual concluyó que “no existe norma en nuestro ordenamiento jurídico, que habilite la suscripción de una póliza de responsabilidad civil y que esta sea pagada con cargo al presupuesto público del Estado, para funcionarios que ocupen puestos de Gobernanza u otra clase de puestos”, además, añadió que “si el Estado considera suscribir una póliza diferente a las reguladas a favor de sus funcionarios para proteger los intereses particulares de estos, sea de defensa técnica o bien sus patrimonios entre otros, debe autorizarse por ley previa”.

Además, el gobierno realizó una consulta a la Procuraduría General de la República sobre ese tema, en la cual el Abogado del Estado le respondió mediante el dictamen vinculante PGR-C-030-2025, que “la determinación de si una específica póliza de seguro puede ser cubierta con fondos públicos es un aspecto cuyo pronunciamiento corresponde a la Contraloría General de la República”.