El porcentaje de cobros en mora de la Caja al Estado por servicios de salud pasó 18% en 2008 a 78% en 2023.
La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, presentó este jueves ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el informe “Balance del seguro de salud: Una deuda país con la solidaridad”, publicado a inicios de este año. Durante su presentación Acosta advirtió a la junta directiva que, a mediano plazo, "de no atenderse el endeudamiento podría comprometer el pacto social costarricense, al poner en riesgo el acceso equitativo a la salud, derecho fundamental que sostiene la cohesión social".
Durante su presentación, la contralora hizo un repaso histórico del contexto del sistema de seguridad social, para posteriormente detallar los principales desafíos que, destacando que existen factores demográficos, epidemiológicos y eventos extremos que implican riesgos para la salud pública, inciden en la tendencia a costos crecientes en salud. Acosta señaló:
Las proyecciones demográficas nuestras indican un aumento significativo en la proporción de personas mayores para el 2040 y hacia el 2100, lo que incrementará y ya está incrementando la demanda de servicios especializados y tratamientos prolongados. Este cambio estructural en la población, combinado con una menor base de contribuyentes activos, presiona la sostenibilidad financiera del sistema".
Adicionalmente, la contralora destacó que el crecimiento sostenido de la deuda del Estado con el seguro de salud es reflejo de un desbalance estructural en los pagos y cobros. Según se detalló en la presentación, entre el 2008 y el 2023 los cobros en mora de la Caja al Estado por los servicios de salud brindados, aumentaron del 17 al 78%. Acosta añadió:
Este crecimiento sostenido de esta deuda es reflejo de un desbalance estructural entre los pagos y los cobros, con una morosidad estatal que compromete la sostenibilidad financiera del sistema de salud. El ritmo de los pagos no ha sido suficiente para contener el incremento de la deuda".
Dato D+: La deuda acumulada del Estado con el seguro de salud de la Caja pasó de 348 mil millones de colones en el 2008 a 3,5 billones de colones al cierre del 2024.
La contralora destacó que, aun en un escenario en el que el Estado comience a pagar su deuda con los seguros de salud, la deuda estatal seguiría creciendo durante al menos dos décadas. Según la presentación, al 2024 los saldos adeudos del Estado con la Caja representa un 7,2% del producto interno bruto (PIB), y para el 2040 podría ubicarse entre un 11,6% y un 14,5% del PIB, dependiendo si se toman medidas para frenar su crecimiento. Acosta detalló:
Estabilizar la deuda estatal requiere voluntad política para poder arribar a acuerdos sociales y ajustes financieros, voluntad política que involucra a múltiples actores".
Según indicó Acosta, para estabilizar la deuda se requiere la implementación de tres buenas prácticas:
- Una gobernanza que promueva la sostenibilidad mediante una visión estratégica compartida, planes de mediano plazo y términos de financiamiento consensuados de forma participativa, y la transparencia y la rendición de cuentas como principios fundamentales para un sistema de financiamiento de salud.
- El diseño de un sistema de financiamiento, que tenga una comprensión clara de la sostenibilidad y la inversión social basada en fuentes de ingresos que sean estables y predecibles, así como evitar crear obligaciones estatales sin financiamiento, mejorar la eficiencia administrativa y priorizar el financiamiento de medidas preventivas y atención primaria en salud.
- Una gestión presupuestaria eficiente, que incluya la elaboración de presupuestos de mediano plazo de salud que sean integrados al marco fiscal de mediano plazo y la estimación del costo de políticas existentes y las nuevas.
Acosta enfatizó que "el seguro de salud y su financiamiento es tan relevante para el país que no puede estar del ligado del marco fiscal de este país", y añadió:
La expansión del modelo de salud mediante reformas legales y políticas públicas para promover la equidad y la solidaridad, aunque es extraordinario, ha añadido complejidad al modelo, particularmente en el ámbito de su gestión y sostenibilidad financiera, debido a la fragmentación normativa y a las crecientes obligaciones del Estado. La consolidación de un modelo inclusivo requiere no solo de un financiamiento adecuado, sino también de una gestión eficiente que permita superar los riesgos fiscales y operativos asociados.".
El documento que les he resumido incluye una serie de sugestiones dirigidas a la Asamblea Legislativa para que convoque a distintos actores y por medio del diálogo, el consenso y la construcción colectiva, se avance en el diseño de un modelo de financiamiento subsidiado que garantice la sostenibilidad del seguro de salud y afiance el contrato social inclusivo en salud para todos".
