Al presidente del CNE, Alejandro Picado, no se le interpuso ninguna medida cautelar.
El Poder Judicial informó este lunes las medidas cautelares por el caso conocido como Pista Oscura, por el cual son investigados Mauricio Batalla Otárola, exministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil; y Henry Villalobos Solís, encargado de fiscalizar las obras por la CNE.
A estas personas se les señala por la presunta comisión de irregularidades relacionadas con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, Guanacaste. Se investiga si habrían adjudicado un contrato de casi $40 millones a la empresa MECO en el marco de la aparente simulación de una emergencia. En esa contratación se utilizaron fondos del régimen de emergencias de la CNE y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) sin el refrendo de la Contraloría.
Las medidas cautelares en detalle
Tal y como lo solicitó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), se prohinió a Batalla Otárola, Castillo Masís y a Villalobos Solís comunicarse, influir, amenazar, intimidar y perturbar de manera directa, por terceras personas o medios electrónicos, redes sociales, llamadas o mensajes a los testigos en la causa. Adicionalmente, a Batalla Otárola se le prohibió el ingreso a las instituciones públicas involucradas. Es decir, el exministro no podrá ingresar al MOPT, a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la CNE.
A Castillo Masís se le prohibió conocer cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación correspondiente al arreglo de la pista del aeropuerto. Tampoco podrá conocer cualquier situación laboral de los testigos, e ingresar a las oficinas centrales de la DGAC. Además, se le ordenó no conocer nada relacionado con la Unidad de Infraestructura de la DGAC. El funcionario deberá tomar las medidas para atender el resto de sus labores en otras oficinas de la DGAC.
Respecto al imputado Villalobos Solís, se dispone la reubicación del puesto como ingeniero fiscalizador dentro del CNE y se le deberá ubicar en alguna otra oficina a fin a su perfil profesional. Además, se le prohíbe de conocer cualquier asunto relacionado con el proceso del expediente de licitación 2023PX-000239-0006500001.
Paralelamente se rechazó la solicitud de medidas cautelares solicitadas contra Picado Eduarte, jerarca del CNE. Las medidas cautelares giradas son válidas por el plazo de un año a vencer el 19 de mayo de 2026. Por lo pronto el Ministerio Público dejó ver su descontento por el alcance de las cautelares determinadas y ya presentó un recurso de apelación que deberá resolver el Tribunal Penal de Hacienda.
