Ya conocemos las crisis de Costa Rica: el alza en la inseguridad, el costo de la vida, la corrupción, el deterioro de servicios públicos, los obstáculos para quienes producen y las trabas de gobernabilidad. Por esa razón, en plena temporada preelectoral, vuelven las promesas vacías y los discursos románticos de los candidatos a puestos de elección popular, pero las soluciones reales siguen ausentes.
Porque el país enfrenta crisis estructurales que requieren reformas profundas, capaces de incomodar a quienes siempre han salido ganando. Ya no se necesitan diagnósticos, comisiones ni mesas de diálogo, sino decisiones valientes.
¿Por qué seguimos igual?
Porque las reformas demandan discusiones impopulares, pero necesarias.
Años de análisis e informes de todos los sabores y colores evidencian una y otra vez los mismos problemas: excesos en el empleo público, un Estado ineficiente y donde reina la impunidad, un sistema de salud excluyente y caro, el apagón educativo, sistemas de pensiones al borde del colapso, una estructura tributaria compleja e injusta, costos de producción elevadísimos, un desempleo estructural y la judicialización eterna de los casos.
Mientras tanto, los ciudadanos pagan más caro el transporte, la energía y hasta el agua, con servicios de dudosa calidad.
El reto de los candidatos
En un país donde sobran los diagnósticos, la ciudadanía no necesita más humo, sino respuestas claras:
- ¿Qué van a solucionar?
- ¿Cómo lo van a hacer?
- ¿Cuánto va a costar?
- ¿De dónde saldrá el dinero?
Porque no hay magia: o suben impuestos, o se endeudan… pues la alternativa real es atreverse a cerrar instituciones inservibles y a recortar la planilla pública que solo absorbe recursos sin aportar al bienestar ciudadano.
- Decir “mejoremos la seguridad” no sirve si no detallan planes, costos, plazos y responsables.
- Proponer “bajar el costo de la vida” queda en el aire si no explican cuáles barreras se eliminarán y cómo enfrentarán la resistencia de grupos privilegiados.
- Ofrecer “transparencia” es pura retórica si no contemplan reformas al empleo público, a la contratación estatal y a la estructura de las autonomías.
Cinco grandes frentes que no pueden esperar
Es cierto que los cambios deben involucrar a todos los poderes, pero también lo es que la mayoría deben ser liderados, sí o sí, por el Ejecutivo. La priorización no es opcional; es una obligación, porque los recursos son limitados y cada decisión tiene un costo.
El país enfrenta dos caminos: continuar aumentando impuestos y endeudándose para sostener un Estado aparatoso o emprender una reforma estructural que ordene las finanzas y mejore los servicios públicos.
Tomando eso en cuenta, las decisiones deben orientarse a resolver los problemas más urgentes que afectan a la ciudadanía. Las encuestas de opinión reflejan que estas prioridades pueden agruparse en cinco ejes clave:
- Seguridad: Necesitamos saber su estrategia para reducir la delincuencia y la impunidad.
- Costo de vida y competitividad: ¿Cómo piensan enfrentar la energía cara, las impagables cargas sociales, la absurda Base Mínima Contributiva (BMC), la banca poco competitiva y los impuestos desiguales e injustos?
- Corrupción y despilfarro: ¿Qué instituciones eliminarán o fusionarán? ¿Cómo evitarán las licitaciones amañadas? ¿Qué reformas harán al empleo público para despedir a los corruptos e ineficientes y acabar con la falta de consecuencias?
- Bienestar y servicios públicos: ¿Qué cambios consideran urgentes en educación, salud, pensiones y gestión ambiental?
- Gobernabilidad: ¿Cómo agilizarán la Asamblea Legislativa, modernizarán la justicia y frenarán la proliferación de cantones?
Sin soluciones, no hay excusas
Si un candidato quiere llegar al poder, que se lo gane. La excusa de decir al asumir que “no sabían que la situación era tan difícil” ya no sirve en un país súper diagnosticado.
- Que lleguen con las leyes y decretos redactados, listos para presentarse en la Asamblea o firmarse en Casa Presidencial desde el día uno.
- Que armen su gabinete con base en su plan de gobierno, con personas que realmente sepan lo que hay que hacer.
- Y si ya saben qué entes hay que cerrar, y cómo acabar con privilegios absurdos que también sepan quién se encargará de hacerlo y que vaya con todos los apoyos definidos, porque los sindicalistas y los vividores del sistema tendrán toda la artillería preparada para impugnarlo.
Deben trabajar en sus partidos para llevar a la Asamblea a los mejores candidatos a diputados, personas capaces de ejecutar las reformas planteadas. Nada de escoger a los chupamedias, al que va en la fila por linaje familiar o al que paga su cupo.
No queremos más políticos improvisados. Si no tienen un plan claro, que no se postulen.
¿Y la ciudadanía?
Nuestro papel es exigir respuestas puntuales y no conformarnos con frases de campaña.
- Si un candidato habla de “reactivar la economía”, preguntémosle: ¿Cómo exactamente lo va a hacer? ¿Cuándo y con qué presupuesto?
- Si promete “fortalecer la educación”, indaguemos: ¿Cuáles reformas son las que plantea y en qué plazos dice que va a realizarlas?
Necesitamos líderes con carácter, que propongan reformas estructurales desde el inicio, que entiendan que gobernar es tomar decisiones difíciles, y que estén dispuestos a enfrentarlas.
Y, además, que no finjan sorpresa: llevamos décadas en llamas, así que no pueden decir que no sabían dónde había que meter el bisturí. Tampoco que asuman que la ciudadanía somos un poco de borregos incapaces de entender, si nos explican, que si queremos progresar, tenemos que cambiar la receta. El sistema está agotado desde los años 80 y simplemente lo mantenemos vivo con respiración artificial, por eso el país hace aguas por todo lado.
Este es un llamado a la acción ciudadana. El país ya no está para concursos de popularidad o simpatía: o los candidatos aclaran sus planes con números y plazos, o sabremos que la campaña será la misma historia de siempre: promesas de “cambio” que terminan en decepciones. ¡Exijamos que nos digan el cómo!
Se buscan presidente y diputados.
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